"La Ley General de Sanidad es un marco y estamos actualizando piezas clave"

Hay leyes cuyo valor se mide en boletines oficiales y otras en la vida cotidiana de millones de personas durante décadas. Cuarenta años después de su aprobación, la Ley General de Sanidad sigue funcionando como una de las grandes columnas maestras del Estado del bienestar. La norma impulsada por Ernest Lluch en 1986 no sólo transformó el modelo asistencial heredado de la Transición, sino que convirtió la protección de la salud en un derecho efectivo y no en una cobertura ligada al aseguramiento o a la capacidad económica de cada ciudadano. Su aprobación supuso dejar atrás un sistema fragmentado y avanzar hacia un modelo público, universal y vertebrado por la Atención Primaria.

Mónica García reivindica ese legado en conversación con Redacción Médica. Ahora que es momento de revisar qué queda de aquel espíritu fundacional, la ministra de Sanidad subraya que la ley nació en un contexto de consolidación democrática bajo una clara necesidad: desarrollar el mandato constitucional del derecho a la salud. Frente a quienes entonces combatieron su aprobación, la dirigente progresista defiende que, hoy, el verdadero reto pasa por blindar ese sistema público, universal y equitativo frente a los intentos de debilitamiento. También por actualizar sus ramificaciones normativas y reforzar la Atención Primaria, la coordinación sociosanitaria y la atención a la salud mental como ejes del futuro.

Afrontar con garantías esos propósitos, dice, no es cuestión de “falta de leyes”, sino de decisiones políticas. La pregunta, según García, sigue siendo, en esencia, la misma que en 1986: quién está dispuesto a blindar derechos y quién acepta erosionarlos.

La Ley General de Sanidad está a punto de cumplir 40 años. ¿Por qué fue necesario impulsarla en su momento y qué ha supuesto en todo este tiempo?

La Ley General de Sanidad nació en un momento clave, el de la consolidación democrática tras la aprobación de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la salud. Era imprescindible desarrollar ese derecho y hacerlo efectivo.

Hasta entonces teníamos un modelo fragmentado, basado en el aseguramiento, que dejaba fuera a mucha gente. La ley permite dar el salto a un sistema nacional de salud: público, universal y con la atención primaria como columna vertebral.

En estos 40 años, lo que ha supuesto es enorme. Ha permitido construir uno de los sistemas sanitarios mejor valorados del mundo, ha ampliado derechos y ha convertido la salud en un pilar central de nuestro Estado del bienestar.

Lo que sí conviene recordar es que hubo quienes se opusieron frontalmente al modelo y que al ministro Lluch no se lo pusieron fácil e incluso le montaron una campaña, “la operación primavera” con la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, las aseguradoras, la federación de clínicas privadas y, cómo no, Alianza Popular, que hoy es el Partido Popular. Y la pregunta hoy sigue siendo pertinente: ¿defenderían ahora nuestro Sistema Nacional de Salud quienes entonces lo rechazaron? ¿Volverían a votar en contra?

La ley, efectivamente, no nació con consenso, aunque hoy nadie parece dudar de su importancia. ¿Fue aquella la mejor norma que pudo hacerse entonces?

Hay pocas leyes cuya utilidad pueda medirse con tanta claridad a lo largo del tiempo. Esta es una de ellas. Visto lo que ha permitido construir (un sistema universal, accesible y basado en la equidad) podemos decir que fue una buena ley. Y, probablemente, la mejor que se pudo hacer en aquel momento.

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"La Ley General de Sanidad fue posible porque hubo un proyecto claro de ampliación de derechos"

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Lo que sí conviene recordar es que hubo quienes se opusieron frontalmente al modelo. En concreto Alianza Popular, que hoy es el Partido Popular. Y la pregunta hoy sigue siendo pertinente: ¿defenderían ahora nuestro Sistema Nacional de Salud quienes entonces lo rechazaron? ¿Volverían a votar en contra?

Muchos debates de entonces siguen vigentes. ¿Ha faltado una revisión integral del marco del Sistema Nacional de Salud?

España no ha dejado de moverse en estos 40 años. El sistema se ha desarrollado y actualizado de forma constante. Hemos tenido leyes clave: la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la de Autonomía del Paciente, la de Ordenación de Profesiones sanitarias, el Estatuto Marco, la Ley del Medicamento… Es decir, ha habido una evolución normativa.

Los retos actuales no tienen tanto que ver con la falta de leyes como con decisiones políticas concretas: inversión, prioridades, modelo de gestión. Ahí es donde realmente se juega el presente y el futuro del sistema.

¿Sería posible hoy aprobar una ley tan transformadora como aquella?

Aquella ley fue posible porque hubo un proyecto claro de ampliación de derechos. Hoy lo que está en juego es consolidarlos y protegerlos frente a quienes los cuestionan o los recortan. La cuestión es si todos los actores están dispuestos a estar a la altura de ese legado. Porque lo que vemos es que, mientras unos trabajamos para reforzar el sistema público, otros lo debilitan o lo ponen al servicio de intereses privados. Y aquí la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién está comprometido con blindar derechos y quién está dispuesto a erosionarlos?

¿Qué aspectos han quedado obsoletos de aquel marco normativo? ¿Está preparado el Sistema Nacional de Salud para la digitalización?

La Ley General de Sanidad es una ley marco. Ha necesitado y seguirá necesitando desarrollos posteriores. Ahora estamos actualizando piezas clave: la Ley de Medicamentos, el Estatuto Marco, la Ley de Profesiones Sanitarias o el impulso a la digitalización del sistema.

La digitalización es una oportunidad enorme, tanto en la asistencia como en la investigación, pero tiene que hacerse con garantías, poniendo siempre en el centro a los pacientes y a los profesionales.

¿Las desigualdades territoriales actuales son incompatibles con el espíritu original de la Ley General de Sanidad?

La ley precisamente nace para reducir desigualdades, y lo ha conseguido de manera muy significativa. Por ejemplo, universalizando el acceso, extendiendo la red de Atención Primaria a todo el territorio, garantizando una cartera común de servicios y desarrollando un sistema de financiación pública que ha permitido que la atención sanitaria deje de depender de la capacidad económica de cada persona.

El modelo descentralizado permite adaptar la gestión a cada territorio, pero eso no puede servir de excusa para justificar diferencias injustificadas. Cuando una comunidad invierte menos o debilita su sistema público, eso no es un problema de la ley, es una decisión política.

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"Cuando una comunidad debilita su sistema público, no es un problema de la ley, es una decisión política"

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Pensar que hoy hay más desigualdad que antes es insostenible. Lo que sí es cierto es que hay que seguir trabajando para garantizar la equidad en todo el territorio: mejorando la coordinación entre comunidades autónomas y garantizando una financiación suficiente y estable que evite brechas en recursos humanos, infraestructuras o acceso a la innovación.

¿Habría que hacer ajustes en el modelo descentralizado?

El modelo descentralizado es una fortaleza indiscutible. Nuestro objetivo es reforzar la coordinación, especialmente a través del Consejo Interterritorial, para asegurar cohesión y equidad. Pero sin renunciar a un modelo que permite responder mejor a las necesidades de cada territorio.

¿La universalidad sanitaria es ideológica?

La universalidad es una cuestión de derechos. Es de sentido común desde el punto de vista sanitario, económico y social. Excluir a personas del sistema no solo es injusto, también es ineficiente. Lo que sí responde a una posición ideológica es defender la exclusión. Nosotros defendemos que la salud es un derecho, no un privilegio.

¿Dónde debe estar el límite entre gestión pública y concesión privada?

La prioridad tiene que ser clara: el sistema público debe ser el pilar central. La experiencia demuestra que cuando la lógica del beneficio entra en el sistema, cambian las prioridades. Se seleccionan los procesos más rentables, se fragmenta la atención y se resiente la continuidad asistencial. Y eso, en salud, se traduce en peores resultados.

La privatización no es solo una forma distinta de gestionar. Es un cambio de lógica: de cuidar a facturar. Por eso hemos impulsado la Ley de Gestión Pública del Sistema Nacional de Salud, para reforzar la gestión directa como modelo preferente.

¿Cómo debe adaptarse la sanidad pública al envejecimiento de la población? ¿Y qué papel tiene la salud mental?

El envejecimiento nos obliga a reforzar la Atención Primaria y la coordinación sociosanitaria. No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos mejor. Eso implica actuar también sobre los determinantes sociales: vivienda, ingresos, redes de apoyo. Ahí se juega buena parte de la salud.

Y en paralelo, la salud mental tiene que ocupar un lugar central. Estamos impulsando un cambio de modelo, con más recursos, más accesibilidad y un enfoque comunitario que ponga a las personas en el centro.