Felipe González, Ernest Lluch y la pelea por la Ley General de Sanidad

La Ley General de Sanidad cumple cuarenta años este mes de abril. La norma, sancionada por el ya emérito rey Juan Carlos I y refrendada por el entonces presidente Felipe González, no fue solo un texto legal, sino la respuesta a una inadaptación de las estructuras sanitarias que España arrastraba desde el siglo XIX. Antes de este hito, el país operaba bajo un esquema fragmentado donde la atención dependía de la condición de trabajador a través del Seguro Obligatorio de Enfermedad o de una beneficencia pública para los sectores más desfavorecidos. Una situación anacrónica para una España que se abría a la democracia y, sobre todo, al Estado del Bienestar.

El primer gobierno de Felipe González (1982-1986), cuando la ley fue elaborada y aprobada, se inició tras una contundente mayoría absoluta en las elecciones de 1982, lo que otorgó al Ejecutivo un gran aval político para emprender la modernización del citado Estado del Bienestar en una España donde la democracia aún no estaba del todo consolidada tras el reciente intento de golpe de Estado de Tejero.

A ello se suma un contexto de gran crisis económica que no evitaba tener que dar cumplimiento a los artículos 43 y 49 de la Constitución para superar el anticuado sistema sanitario español. En este contexto, la figura de Ernest Lluch, ministro de Sanidad entre 1982 y 1986, emerge como el arquitecto intelectual de esta reforma, impulsando un liderazgo que combinó valor para el cambio y pragmatismo para convencer de su necesidad.

Lluch acuñó el término Sistema Nacional de Salud (SNS) para reconocer que, bajo el nuevo bloque constitucional, la gestión debía ser descentralizada en las comunidades autónomas, alejándose de un servicio único centralizado. Este proceso no fue pacífico, pues sectores vinculados a la dictadura y organizaciones corporativas lanzaron la denominada ‘Operación Primavera’, una costosa campaña para frenar la ley y desprestigiar al ministro. Asimismo, los colegios de médicos se opusieron frontalmente a la Ley de Incompatibilidades, que buscaba racionalizar un sistema donde los profesionales podían ocupar múltiples puestos públicos con solapamiento de horarios.

La ley transformó la sanidad en un derecho universal, estableciendo que la asistencia debía extenderse a toda la población, también la extranjera residente. Aunque la universalización se planteó de forma progresiva por razones de costes, en pocos años se alcanzaron tasas de cobertura superiores al noventa y tres por ciento, integrando a ocho millones de personas que antes carecían de ella. Para sostener este modelo, Lluch defendió la financiación mediante impuestos generales en lugar de cotizaciones sociales, un cambio gradual que se completó finalmente en 1999.

Una esencial red de Atención Primaria

En el plano operativo, la ley diseñó las Áreas de Salud como unidades básicas responsables de la gestión unitaria de los centros, garantizando que cada provincia tuviera al menos una demarcación de este tipo. La creación de la red de Atención Primaria fue un objetivo casi personal de Lluch, desplegando centros de salud con equipos multidisciplinares que integraron la medicina familiar, la enfermería y la prevención de la salud. Además, la norma impulsó reformas profundas en salud mental, pasando de un modelo de internamiento a uno de atención comunitaria, y modernizó la evaluación de medicamentos y la formación médica especializada, elevando la cualificación de los profesionales a estándares de una Europa que ya nos acogía.

Así, Lluch, con la complicidad de Felipe González, dio luz a una transformación de calado hacia la justicia y la modernidad de la sanidad, enfrentando los intereses petrificados de décadas de dictadura en un modelo de gestión y profesional entonces ya anquilosado y ensimismado. Generando a partir de ahí otro sistema que aún hoy sigue dando respuesta a las necesidades de los pacientes; es decir, de todos los ciudadanos.