El Ministerio de Sanidad asigna el contrato para su control digital para salud pública

Sede del Ministerio de Sanidad, que ha impulsado el contrato de control de aguas digital por salud pública
Sede del Ministerio de Sanidad.


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El Ministerio de Sanidad ha adjudicado el contrato para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas clave en el ámbito de la salud pública, un proyecto centrado en reforzar la vigilancia sanitaria y la gestión de datos en áreas como la calidad del agua o los controles en fronteras, y del que se encargará Deloitte.

La adjudicación, formalizada a través de la Junta de Contratación del Ministerio, se enmarca en un contrato más amplio de servicios tecnológicos valorado en más de 11 millones de euros, dividido en varios lotes. En concreto, Deloitte se ha hecho con el lote relativo a sistemas de información sobre aguas, que incluye herramientas como NÁYADE, SINAC o SILOE, utilizadas para monitorizar la calidad del agua en distintos entornos.

Estas aplicaciones constituyen la base de la vigilancia sanitaria en el ámbito ambiental. NÁYADE es el sistema que controla la calidad de las aguas de baño (playas, ríos o embalses) y permite detectar riesgos para la población, así como informar tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Por su parte, SINAC es el sistema nacional que recoge y gestiona los datos sobre el agua de consumo humano, desde las redes de abastecimiento hasta los análisis de laboratorio, siendo clave para garantizar la seguridad del agua potable. SILOE, en cambio, se centra en el control sanitario de las piscinas, facilitando la supervisión de sus condiciones higiénicas y la prevención de riesgos.

Una garantía digital de salud pública


Más allá de la dimensión tecnológica, el objetivo de este contrato es claramente sanitario: garantizar que los sistemas digitales que sustentan la vigilancia en salud pública funcionen de forma continua, sean más eficaces y evolucionen para adaptarse a nuevas necesidades.

En la práctica, esto implica mantener operativas plataformas que permiten detectar riesgos para la población (como contaminación del agua o problemas en infraestructuras), integrar datos procedentes de comunidades autónomas, laboratorios o instituciones europeas, y facilitar tanto la toma de decisiones por parte de las autoridades como el acceso a información por parte de profesionales y ciudadanos.

El contrato contempla desde la corrección de errores y la atención a incidencias hasta el desarrollo de nuevas funcionalidades, la mejora de la interoperabilidad entre sistemas y el soporte técnico continuo. También incluye tareas de análisis y explotación de datos, un aspecto cada vez más relevante para anticipar riesgos y planificar intervenciones en salud pública.
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