PP y Vox vetan el blindaje constitucional del aborto: "Propone un fraude"

PP y Vox han registrado sendas enmiendas a la totalidad para devolver al Gobierno el proyecto de reforma constitucional para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna. Lo que plantea el Ejecutivo, cabe recordarlo, es ampliar el artículo 43 de la Constitución, que regula el derecho a la protección de la salud, en lugar de modificar el 15, dedicado al derecho a la vida y al que tradicionalmente se ha asociado la posibilidad de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. Eso permitiría esquivar el proceso agravado de reforma, que exigiría la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones. Los populares consideran que eso supone un “fraude constitucional” y acusan al Gobierno de hacer “un uso instrumental” del procedimiento de reforma “por motivos estrictamente de oportunidad política”. Para Vox, el proyecto “contraviene” el “derecho de todos a la vida”.

A primeros de abril, el Consejo de Ministros aprobó la modificación constitucional tras recibir el aval del Consejo de Estado. Pero el dictamen favorable del órgano consultivo recibió el voto particular discrepante del consejero permanente y ponente de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, al que se adhirieron otros tres consejeros. “Dicho voto particular fundamenta sólidamente que ‘el proyecto propone un fraude a la Constitución’”, reza la enmienda del PP.

Es algo que sostienen diversos juristas, tal y como publicó Redacción Médica en octubre de 2025. Antes de que el Gobierno elevara al Consejo de Ministros su anteproyecto de reforma poco después de aquella publicación, la única propuesta firme que había sobre la mesa era la de Sumar. Este medio se puso en contacto con fuentes jurídicas del grupo parlamentario, que defendieron la viabilidad legal de su iniciativa: “Un derecho, como en este caso el del aborto, se puede relacionar con muchos otros. Depende de la voluntad política del legislador imbricarlo más con uno que con otro para darle un contendido o un alcance determinado, pero, en ningún momento, introducir el aborto en el artículo 43 lo desvincula del derecho a la vida”.

"Numerosas inconsistencias" en el proyecto de reforma

Más allá del debate jurídico, el PP asegura en su enmienda que el proyecto del Ejecutivo “presenta numerosas inconsistencias”. Por un lado, advierte de que el propio Gobierno “admite que podría haberse planteado una reforma del artículo 15 de la Constitución”, pero que, acto seguido, “vienen a afirmar que como ese procedimiento no se adapta a sus pretensiones, optan por el que consideran que se ajusta más a su estrategia política” buscando “un beneficio electoral”. El Gobierno, concretan los populares, justifica su propuesta “por la mayor sencillez y celeridad que ofrece la tramitación de la reforma constitucional conforme al procedimiento del artículo 167 de la Constitución”, que, según reza el propio proyecto, “favorece la viabilidad política del acuerdo y permite culminar la reforma en un tiempo razonable, sin interrumpir el normal funcionamiento de las Cortes Generales”.

Por otro lado, el PP critica que el “deseo de evitar que se produzca ‘un cambio jurisprudencial’ que dé lugar a un ‘retroceso en el reconocimiento y garantía’” del aborto “encierra una intención muy peligrosa, ya que se cuestiona la independencia de determinadas instituciones, a las que el Gobierno desprecia y viene a decir que debe procurarles instrucciones expresas sobre cómo interpretar y aplicar la Constitución (en clara referencia al Tribunal Constitucional)”. En definitiva, entiende que la reforma propuesta por el Ejecutivo “carece de justificación jurídica mínimamente sólida”: “Lejos de perseguir como fin último reforzar la garantía del ejercicio de derechos de las mujeres, busca un beneficio electoral”.

Vox habla de "atentado" contra "la naturaleza de la persona"

En cuanto a Vox, acusa al Gobierno de haber “desolado” el sistema sanitario y de presentar su reforma constitucional con “la exclusiva finalidad de eludir las mayorías reforzadas y la disolución de las Cortes Generales y la consecuente convocatoria de elecciones, en franca violencia al principio de soberanía nacional”. Se trata, dice en su enmienda, de “la práctica habitual de un Gobierno que vive en el fango de la corrupción económica, política y moral”.

Según el partido, “bajo la apariencia de derechos a la salud sexual y reproductiva”, el Ejecutivo “encubre un atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona”. “Mientras cientos de miles de españoles siguen pendientes de una cita sanitaria, de una prestación a la dependencia o del apoyo de las Administraciones Públicas para paliar los efectos de la nefasta política económica y el expolio fiscal, este Gobierno busca solo instrumentalizar el dolor personal y familiar para, otra vez, lanzar cortinas de humo a su corrupción, a su indecencia, a su traición. Es la vida, la libertad, la seguridad y los derechos sanitarios de los españoles lo que amenaza este Gobierno”, sostiene.