Pilar Rodríguez-Ledo, presidenta de SEMG; y José Polo, presidente de Semergen.
El reciente real decreto del Gobierno
para reforzar la universalidad en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha reavivado el debate profesional en España entre los médicos de Familia. Y es que entre los propios facultativos hay distintos matices: algunos ven la iniciativa como
un paso necesario para ordenar la atención que ya se presta a estos pacientes y reducir barreras administrativas, mientras que otros advierten de que ampliar la cobertura sin reforzar recursos podría
aumentar la presión sobre consultas ya muy tensionadas.
La medida busca garantizar el
acceso sanitario a todas las personas que viven en España, incluidas aquellas sin residencia legal, eliminando diferencias entre comunidades autónomas y asegurando equidad territorial, mientras que Sanidad defiende que la medida es un paso necesario para
proteger la salud de colectivos vulnerables. Esta posición es la defendida desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Su presidenta, Pilar Rodríguez Ledo, asegura que "cada día se atienden en nuestra a personas que tienen
necesidades de salud apremiantes, y no solo no tienen medios, sino que tampoco tienen tarjeta sanitaria. Es difícil prestarles la atención". "Sería
el colapso que tenemos ahora, pero más organizado", afirma.
Por estos motivos, ve con buenos ojos la
implantación de un procedimiento administrativo único. "Si este es el paso adelante, bienvenido sea", añade. Sin embargo,
partidos políticos como PP y Vox han alertado sobre
un posible colapso de la Atención Primaria, algo que también precupa al presidente de la Sociedad Española de Médicos de este nivel asistencial (Semergen), José Polo, que
reconoce el "valor humanitario" de la medida sin olvidarse del coste y
la carga sobre los profesionales y el sistema.
Impacto en Atención Primaria y carga asistencial
Y es que el debate sobre la saturación es el punto de mayor
discrepancia entre ambas sociedades de Medicina de Familia. Ledo sostiene que un procedimiento organizado reducirá complicaciones y mejorará la equidad, ya que ahora misma los facultación ya están atendiendo a esas personas "en situaciones de Urgencia y sobrecarga". Por eso, con
un sistema "más claro", asegura que "será más fácil y
seguro para todos".
También recuerda que la educación en salud es clave: "Hay que fomentar el u
so responsable del sistema, que se utilice siempre que se necesite, y no como alternativa innecesaria". Aparte, más allá de la atención médica, Ledo destaca que los colectivos vulnerables presentan diferentes desafíos: "Hay
problemas de interculturalidad, distintos idiomas y costumbres, pero nuestra obligación como profesionales es atender a todos cuando enferman".
En la misma línea, Polo confirma que los médicos siempre van a "ayudar y tratar a un enfermo sin preguntar quién paga o no". El problema es que aunque reconoce que
"el fin social es importante", señala que en "
zonas más tensionadas como Extremadura, Cataluña o el Levante en general", la saturación puede aumentar y "afectar a la Atención primaria", así como también "a prestaciones como prótesis de cadera o tratamientos oncológicos".
"Habrá que
calcular lo que cuesta", dice el presidente de Semergen, que defiende que, pese a ello, el beneficio social y humanitario sigue siendo evidente: "Protegemos y mostramos solidaridad nacional a colectivos que no podían quedar desamparados. Humanitariamente, está bien que se les dé acceso, pero hay que
considerar el impacto económico y organizativo".
Coordinación entre las comunidades autónomas
Ambos coinciden en que
las comunidades autónomas deben coordinarse para que la universalidad funcione. Por esta razón Ledo recalca que deben asegurar un procedimiento único y equitativo, mientras que Polo insiste en la
necesidad de recursos adicionales y planificación para evitar esa sobrecarga.
"Si hay un procedimiento único, será más sencillo para todos, porque estas personas tienen
patologías urgentes y necesidades reales", defiende Ledo ante esta necesidad de que el trámite sea claro y uniforme
en todo el territorio para evitar diferencias entre comunidades. Además, señala que ahora muchas de estas atenciones se dan
de manera improvisada: "Cuando tienen un problema urgente, los atendemos en situaciones más complejas. Darles el alta administrativa es más laborioso que
la atención programada".
Polo coincide en que la atención debe garantizarse, pero insiste en que la responsabilidad práctica recae sobre las comunidades autónomas y los médicos, que deberán atender a más población con presupuestos ya ajustados. "El ministerio legisla, pero quien presta el servicio son los servicios de salud, que tienen unos presupuestos ya bastante reducidos. Habrá que transferir más recursos para cubrir a esta población", advierte.
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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