PP y Vox vaticinan un "colapso" sanitario por el decreto de Universalidad

La oposición ha reaccionado con dureza a la aprobación del Real Decreto impulsado por el Ministerio de Sanidad para facilitar el acceso a la sanidad pública a la población migrante en España, independientemente de que su situación administrativa esté regularizada o no. Fuentes del PP acusan al Gobierno de “confundir deliberadamente” la universalidad del Sistema Nacional de Salud con la normalización de la inmigración ilegal: “Una cosa es garantizar asistencia y otra muy distinta convertir la irregularidad en un derecho”. En el caso de Vox, cargan contra el Ejecutivo por poner “una alfombra roja sanitaria” a quienes entran “ilegalmente” a España y advierten del efecto rebote que tendrá la medida en las listas de espera: “Mientras tú esperas seis meses para una ecografía y tu centro de salud está colapsado, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de activar el mayor efecto llamada de la historia sanitaria de España”.

El Real Decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, que ya superó sus fases de consulta y audiencia pública el pasado verano, establece un proceso “homogéneo y efectivo” en todo el territorio nacional para “reconocer el derecho a la salud de las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes”. Lo que se consigue, en esencia, es eliminar trabas burocráticas para acreditar el derecho a recibir asistencia sanitaria. Bastará con que el solicitante manifieste, mediante una declaración responsable, que no tiene cobertura sanitaria por ninguna otra vía. Y aunque es necesario acreditar la residencia en España y el empadronamiento se sigue considerando el documento preferente para ello, se establecen alternativas como certificados de escolarización, informes de servicios sociales, facturas y cédulas de inscripción.

El PP critica la normalización de la irregularidad

En el PP comparten la idea de que la sanidad española “debe atender a quien lo necesite” y de que “nadie debe quedarse sin atención sanitaria”, en tanto en cuanto “forma parte de nuestra tradición humanitaria y del espíritu de nuestro sistema público”, pero lamentan que la nueva norma del Gobierno se sustente sobre una “premisa equivocada”: “España siempre será un país que atiende a quien lo necesita. Pero lo que no puede hacer un gobierno responsable es normalizar la irregularidad y, además, convertirla en un derecho mientras colapsa el sistema sanitario de todos”.

Según fuentes del partido, el Ejecutivo “pretende ampliar derechos mientras bloquea y tensiona un sistema sanitario que ya está al límite, con listas de espera disparadas, profesionales saturados y comunidades autónomas asumiendo en solitario el peso de la gestión”: “Ahí se cruzan dos de los grandes problemas del sanchismo: la falta de control sobre la inmigración irregular y el deterioro progresivo de nuestros servicios públicos”.

Vox advierte de que el SNS irá "a mucho peor"

Vox aventura que esa situación irá “a mucho peor” con el nuevo Real Decreto: “Si entras ilegalmente en España, el Gobierno te pone una alfombra roja sanitaria. Pero oye, si llevas toda la vida cotizando y un día necesitas un especialista o una resonancia, a la cola. En Vox lo decimos muy claro, no queremos ser el hospital del mundo, o sanidad para los españoles, o fronteras abiertas”.

Los de Santiago Abascal ponen el foco en el aspecto económico y lamentan que la norma avalada por el Consejo de Ministros facilite la asistencia sanitaria gratuita que se paga con dinero público. Es algo que, según el partido, “ya se hace en la práctica”: “Pero ahora lo gritan a los cuatro vientos”. “Un papel firmado y ya tienen su tarjeta sanitaria pagada con tus impuestos. Ni tres meses de residencia, ni padrón, ni facturas, nada”, insisten desde la fuerza ultraconservadora.

En el PP se preguntan cómo piensa pagar el Ejecutivo lo que consideran una “ocurrencia”: “Como siempre: el sanchismo invita, otros lo pagan. Resulta sorprendente que un Gobierno incapaz de aprobar presupuestos, que no amplía de forma suficiente las plazas MIR y que no garantiza los profesionales que necesita la sanidad pública, ahora se saque de la manga nuevas prestaciones sin planificación ni financiación”.

El control económico previsto por el Gobierno

Según el comunicado publicado por Sanidad este martes y tal y como ya figuraba en el borrador del Real Decreto que se sometió a audiencia pública, en el momento en el que una persona presente su solicitud de asistencia sanitaria, se le entregará un documento provisional que le permitirá el acceso inmediato a ese derecho con cargo a fondos públicos. La Administración tiene un plazo de tres meses para comprobar la documentación. Si no hay respuesta transcurrido ese tiempo, se entenderá que la solicitud se estima por silencio administrativo.

Ahora bien, “para asegurar el buen uso de los fondos públicos”, la norma también establece mecanismos de control. Si la petición se deniega, la Administración pasará la factura de la atención recibida al solicitante, aunque no habrá facturación si se demuestra posteriormente que, en el momento de recibir la asistencia sanitaria, el demandante sí que cumplía los requisitos. La Administración también podrá exigir el reintegro del importe total de la atención si se detecta que la declaración responsable es inexacta o falsa.

Para el PP, esas medidas son insuficientes, por lo que exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Sanidad, Mónica García, “que dejen de utilizar el Ministerio de Sanidad como herramienta electoral y la sanidad como campo de batalla: “Los españoles necesitan un Gobierno centrado en los problemas reales del sistema: más profesionales, financiación suficiente y planificación para garantizar una sanidad pública de calidad en toda España”.