Rechazo pleno al plan de Función Pública contra la temporalidad en sanidad

El Ministerio de Función Pública se ha encontrado con el rechazo de las comunidades autónomas a su última propuesta para reducir la temporalidad en el empleo público, incluido el ámbito sanitario. Actualmente, tanto la ley como la jurisprudencia del Tribunal Supremo establecen un límite de tres años para que los puestos ocupados por trabajadores interinos sean adjudicados a un funcionario de carrera -o a un estatutario fijo, en el caso de la sanidad-. En la Conferencia Sectorial de Administración Pública celebrada este miércoles, López propuso reducir ese tope a dos años, algo a lo que se opusieron los representantes autonómicos. Sindicatos como CCOO se han sumado este jueves a esa negativa calificando el planteamiento de Función Pública como una “ocurrencia” que “supondría un perjuicio gravísimo para la continuidad del servicio público y establecería más trabas a la contratación”. Para la organización, esa medida, en definitiva, “sería totalmente ineficaz para cumplir con el objetivo de estabilización”. Cabe recordar que la ley 20/21 se aprobó con el objetivo de reducir la temporalidad en las administraciones al 8 por ciento.

El planteamiento de Función Pública es un nuevo intento del Gobierno por esquivar sanciones de la Unión Europea tras los tirones de oreja de primeros de año. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera que España no ha puesto en marcha medidas suficientes para reducir el abuso de la temporalidad en la Administración. El Tribunal Supremo preguntó en mayo al Alto Tribunal europeo si sería legal otorgar convertir directamente en fijo, sin tener que superar un proceso selectivo, a aquellos profesionales lleven largo tiempo como interinos. El TJUE escuchó los argumentos de las partes implicadas en junio, pero aún no ha publicado sus conclusiones.

Más controles y endurecimiento de la contratación

A la espera de ello, Función Pública no sólo propone poner un límite más estricto a la situación de interinidad, sino también, según ha podido saber Redacción Médica, endurecer la contratación, reforzar los controles a las administraciones e imponer un plazo de seis meses para que el personal temporal cesado tras adjudicar su puesto a un funcionario de carrera pueda volver a ser contratado. “Esto no sólo no resuelve nada, sino que también perjudica al temporal sin ningún sentido. Además, repercute gravemente en el servicio público porque estará medio año sin cobertura. Es un despropósito”, lamentan las fuentes sindicales consultadas.

Desde CCOO denuncian, por otro lado, que Función Pública no ha contado con los sindicatos para negociar con ellos directamente estas u otras medidas contra la temporalidad. “Tiene cerrada la interlocución. Nos hemos enterado de la propuesta extraoficialmente”, se quejan. En su comunicado, de hecho, la organización recuerda que, casi un año después de la expiración del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, el Gobierno aún ha de cumplir varios compromisos pendientes de aquel documento pactado en 2022 con la propia CCOO y con UGT: la jubilación parcial, la clasificación profesional y la jornada laboral de 35 horas semanales. A ello “se suma la congelación salarial en 2025 por falta de voluntad política para alcanzar un nuevo acuerdo que garantice unas condiciones salariales y de empleo público dignas”.