Pulso sindical al Gobierno por el pacto salarial del SNS: "Habrá medidas"

UGT Servicios Públicos, el Área Pública de CCOO y CSIF vuelven a unirse para exigir al ministro de Función Pública, Óscar López, que reanude las conversaciones para pactar una revalorización salarial para los empleados públicos, incluidos los del ámbito sanitario. “De no obtener respuesta, tomaremos las medidas que consideremos oportunas”, aseguran en un comunicado. El anterior pacto, el Acuerdo para una Administración para el Siglo XXI, expiró en diciembre de 2024, y desde entonces ha habido escasos avances para renovarlo no sólo con una nueva subida de los salarios, sino también con otras mejoras de las condiciones laborales. En una carta conjunta, los tres sindicatos con mayor peso en el ámbito público -representan al 80 por ciento de los más de tres millones y medio de trabajadores de las administraciones- muestran su “indignación” por la “parálisis” del equipo de López y por “la falta total y absoluta interlocución entre el ministerio y los sindicatos”, lo cual ha dado lugar a una “grave e inédita situación”.

El Gobierno reactivó la Mesa General de las Administraciones Públicas en diciembre, poco antes de que concluyera la vigencia del Acuerdo Marco firmado en 2022 entre el Ejecutivo, CCOO y UGT. Aquella fue la primera vez en esta legislatura en la que Función Pública se comprometió con los sindicatos a negociar un nuevo pacto salarial. A partir de entonces, sólo ha habido eso, según denuncian las organizaciones sindicales: promesas y palabras vacías. El coordinador del Área Pública de CCOO, Lucho Palazzo; la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque; y el presidente de CSIF, Miguel Borra, recuerdan que su amplia representación entre los trabajadores públicos “debería sobrar para tener un diálogo constante y una mesa permanente" con el Ejecutivo "donde poder debatir y llevar a cabo una negociación que permita solventar los problemas que vayan surgiendo en la función pública”.

“Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito de lo público no dejan de agravarse por la inacción del ministerio para resolver asuntos muy preocupantes, tanto en materia de empleo como de congelación salarial”, recalcan. De ahí que consideren “urgente” que se recuperen “los estándares de calidad de los servicios públicos que demanda la ciudadanía”. En el mismo sentido, dicen que resulta “imprescindible” retomar “cuanto antes” el “diálogo permanente bajo el principio de buena fe” que se ha mantenido con anterioridad en las relaciones entre ambas partes.

Los sindicatos ceden la responsabilidad al Gobierno

Consultadas por Redacción Médica, las tres fuerzas sindicales prefieren no pronunciarse sobre los términos en los que habría de cerrarse el acuerdo salarial exigido. “Es el Gobierno quien tiene que hablar de porcentajes en la mesa de negociación”, indican fuentes de UGT Servicios Públicos. En la misma línea, desde CSIF trasladan que no tiene sentido hablar de cifras antes de que comiencen las conversaciones: “Hemos perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo desde 2010 y un 2,7 por ciento en lo que va de año”, lamentan.

En los últimos meses, varias voces del diálogo social han sugerido a este periódico que lo ideal es que el nuevo pacto se cierre a dos años vista, y no a tres, como el último. A falta de conocer alguna propuesta de Función Pública, el Gobierno ya trabaja en la elaboración de sus Presupuestos Generales del Estado (PGE), y su intención, según publicó El País este lunes, es incorporar incrementos en el salario de los funcionarios amparándose en el sólido crecimiento económico nacional y a la recaudación tributaria al alza. Sin embargo, los sindicatos siguen considerando que la opción preferente para ello es otro acuerdo plurianual.