Pacto salarial del SNS antes de 2025, línea roja sindical a Función Pública

CCOO, UGT y CSIF llegarán con la mochila cargada de reclamaciones a la reunión de este miércoles con la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo. Tras las concentraciones convocadas la semana pasada, los tres sindicatos con mayor representación entre los funcionarios lograron desbloquear la negociación para intentar alcanzar un nuevo acuerdo salarial para los trabajadores públicos, incluidos los de la sanidad. Con el adiós a 2024 quedó extinguido el pacto previo, el llamado Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que, entre otras cosas, conllevó un incremento de los salarios del 9,8 por ciento entre 2022 y 2024. CCOO, UGT y CSIF llevaban reclamando a Función Pública la convocatoria de la mesa negociadora desde finales del año pasado, y aunque ninguno se atreve aún a hablar de cifras -es más, desde UGT ya avanzaron a Redacción Médica en septiembre que ha de ser el ministerio quien proponga un porcentaje-, las fuentes consultadas sí dejan clara una cosa: el acuerdo tiene que llegar antes de que acabe este año para poder aplicar el incremento a los trabajadores públicos desde el 1 de enero de 2026 y con carácter retroactivo para todo 2025.

“Eso es lo que perseguimos”, traslada a este periódico Miriam Pinillos, responsable del área de Políticas Públicas de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. “El nuevo acuerdo debe ser plurianual y tiene que garantizar la subida salarial, la recuperación del empleo público, la eliminación de recortes y la mejora de las condiciones de trabajo”, señala. A ello hay que sumar una reiterada exigencia: que se terminen de cumplir los deberes pendientes del Acuerdo Marco, entre otros, la reclasificación profesional de los técnicos sanitarios del subgrupo C1 al grupo B, tal y como ya se establece en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

Redacción Médica también se ha puesto en contacto con los otros dos sindicatos representados en la mesa de diálogo con Función Pública. Al cierre de esta información no se ha recibido respuesta alguna de UGT. En el caso de CSIF, fuentes de la central prefieren esperar a que finalice la reunión con la Secretaría de Estado para valorar la situación. En septiembre, cuando las tres organizaciones amenazaron con convocar una huelga si Función Pública seguía sin mover ficha, CSIF coincidía con UGT en ceder al ministerio la responsabilidad de plantear una propuesta de incremento salarial: “Hemos perdido un 20 por ciento de poder adquisitivo desde 2010 y un 2,7 por ciento en lo que va de año”, lamentaba entonces el sindicato de funcionarios.

Un año sin noticias de Función Pública

El encuentro entre CCOO, UGT y CSIF con Sánchez Naranjo tendrá lugar casi un año después de que se renovara la representación sindical en la Mesa General de las Administraciones Públicas. Fue en diciembre de 2024, con Clara Mapelli aún ocupando la Secretaría de Estado. En aquella reunión se presentó formalmente el acuerdo alcanzado poco antes entre el ministerio, CCOO y UGT para recuperar la jubilación parcial con contrato de relevo fijo para los empleados públicos, que sigue sin materializarse. Además, el Gobierno se comprometió a retomar en enero el contacto para empezar a negociar el nuevo acuerdo para revalorizar los salarios. Pero esa promesa no se cumplió.

En principio, la intención del Ejecutivo es incluir la mejora salarial en la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. Con ello se seguiría la senda del Acuerdo Marco 2022-2024: aunque las condiciones para aplicar los incrementos retributivos -tanto los fijos como los ligados a variables económicas- estaban detalladas en ese pacto, era necesario reflejarlas en la ley de cuentas estatales de cada año para poder hacer efectivo posteriormente cada plus. De hecho, los retrasos a la hora de aplicar algunos de esos incrementos durante 2024 y 2025 se explican en buena parte por la prórroga de los presupuestos de 2023.

Para evitar que se repitan esas situaciones ante la posibilidad de una nueva prórroga presupuestaria, los sindicatos ven con buenos ojos desligar el nuevo acuerdo sobre salarios de los PGE y optar por vías alternativas como un Real Decreto-ley, específico o no. Otro aspecto a debatir será el marco temporal del pacto. El Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI estuvo vigente tres años, pero algunas de organizaciones prefieren que el futuro convenio sea a dos años para impedir que las revalorizaciones se queden cortas si cambiaran las previsiones económicas.