La jubilación anticipada en sanidad mira a su ley para un acceso asegurado

Los sindicatos con peso en la sanidad pública miran todavía de perfil el nuevo procedimiento para establecer coeficientes reductores que permitan anticipar la jubilación en profesiones “penosas y peligrosas”, aunque ahora se tengan en cuenta nuevos factores como la rotación. No está claro, según trasladan a Redacción Médica las organizaciones consultadas, que el Real Decreto aprobado este martes en el Consejo de Ministros facilite la inclusión de la sanidad entre las actividades cuyos trabajadores puedan acogerse a esa clase de retiro de la vida laboral activa. En el caso de los sindicatos de clase, CCOO insiste en que el Estatuto Marco es la vía legal más adecuada para sellar ese derecho para los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En la norma impulsada por el Ministerio de Seguridad Social se deja claro que, hablando del sector público, los actores legitimados para solicitar el reconocimiento a la prejubilación por coeficientes reductores para un colectivo profesional concreto son, aparte de las administraciones competentes, las organizaciones sindicales “más representativas” del sector, que, tanto en el ámbito público, en general, como en el sanitario, en concreto, son CCOO y UGT.

Tanto desde CESM como desde Satse transmiten, de hecho, sus dudas sobre el papel que puedan tener en esta intermediación con la administración central. “El real decreto lo dice así, son CCOO y UGT son los más representativos a nivel estatal y los que pueden solicitar iniciar el procedimiento”, deslizan desde la central enfermera. Más tajantes se muestran aún los médicos: “No me cabe ninguna duda (de esa potestad de las centrales de clase), aunque esos sindicatos no son mayoritarios dentro del colectivo de facultativos, pero la negociación en así -indica Jorge Curiel, secretario técnico de Salud Laboral de CESM-. Lo que esperamos es que para entonces el Gobierno tenga claras nuestras peticiones”. 

En esta misma línea, CSIF ha advertido de que, en el caso de los empleados públicos, "únicamente podrán iniciar el procedimiento CCOO y UGT,  "y por tanto restringe la participación" de organizaciones como la suya "pese a ser el sindicato más representativo en este ámbito".

Está por ver, en todo caso, dónde fija el ‘corte’ el Ministerio de Seguridad Social, y en ese sentido resulta inevitable dirigir la vista hacia el Ámbito de Negociación con el Ministerio de Sanidad, en el que, además de CCOO y UGT, están representados CESM, Satse, CSIF -como organización de mayor peso entre los empleados públicos- y otro sindicato de clase, CIG.

Estudio de viabilidad a partir del Estatuto Marco

Al margen de ello, la Federación de Servicios Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y UGT Servicios Públicos recuerda a Redacción Médica que llevan años exigiendo el acceso de los sanitarios a la prejubilación por coeficientes reductores. “Ya lo pedimos con anterioridad y lo volveríamos a hacer. Es una de nuestras reivindicaciones”, indica a este periódico el responsable de Políticas Públicas, Empleo e Ingesa de la FSS-CCOO, Jesús Jordán, que, sin embargo, evita avanzar si su organización lo intentará de nuevo amparándose en el nuevo marco legal de Seguridad Social. Tampoco se pronuncian al respecto desde UGT.

Jordán, una de las voces habituales en el Ámbito de Negociación, recuerda que en el primer borrador de reforma de la ley del Estatuto Marco presentado por Sanidad a los sindicatos ya se incluyó una disposición adicional -la decimotercera- en la que se plantea que, en un plazo de un año desde la entrada en vigor de la norma -en caso de que ello ocurriese-, el departamento de Mónica García y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones elaboren un estudio sobre la viabilidad de la jubilación parcial y la anticipada en los servicios de salud. El documento “identificará aquellos aspectos que deban tenerse en cuenta” para acceder a esos tipos de retiro profesional, reza la propuesta legislativa.

Ese es, por el momento, el clavo ardiendo al que se aferra el responsable sindical antes de valorar la opción de acogerse al Real Decreto ad hoc aprobado por Moncloa: “Vamos a ver cómo queda el desarrollo del Estatuto Marco, porque, en este caso, sería la propia Administración la que iniciaría el proceso de oficio”.

Lo cierto es que es el mismo posicionamiento de la FSS-CCOO desde que comenzaron las conversaciones en el marco del diálogo social para lograr la ansiada renovación del Estatuto Marco. “Nosotros seguimos entendiendo, y así lo seguiremos reivindicando, que los coeficientes reductores por penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad inciden de manera directa sobre las profesionales que desarrollan su labor en el SNS”, explicó a este medio a finales del año pasado el propio Jordán, que, además, aseguraba que modificar las condiciones de trabajo del ámbito sanitario para esquivar esos riesgos -como plantea Seguridad Social antes de dar el visto bueno a rebajar la edad de jubilación- es “muy complicado”.

Recelo de CIG y demanda 'activa' de CSIF

En CIG-Saúde también defienden que el derecho de los sanitarios a la jubilación anticipada y parcial ha de plasmarse en el Estatuto Marco, “que es una ley”, y, por tanto, acordarse en el Ámbito de Negociación, “el lugar legalmente establecido” para ello: “Nosotros lo seguiremos reclamando”, dice a este medio su secretario general, Manuel González. De hecho, el sindicalista ha acogido con recelo el nuevo marco legal para adelantar la edad de jubilación aprobado por el Consejo de Ministros: “Estamos analizándolo. Parece más restrictivo y no garantiza su aplicación al personal estatutario de forma directa”.

Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) inciden en que se necesitará algo de tiempo para descifrar los movimientos del Gobierno con su real decreto, cuyos efectos son aún desconocidos sobre la demanda que este sindicato ha interpuesto por la vía de lo social contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones precisamente por excluir al personal de la sanidad de la posibilidad de acogerse a la jubilación anticipada por coeficientes reductores.

En un comunicado, la central advierte en cualquier caso de que el nuevo sistema de jubilación anticipada por coeficientes reductores aprobado por el Gobierno “dificulta el acceso a este derecho al personal dependiente del sector público” por los obstáculos al procedimiento.

No obstante, y como “gesto de buena voluntad”, este sindicato pide “públicamente que se tramite de inmediato el acceso a la jubilación   por coeficientes reductores en la sanidad pública, teniendo en cuenta las características profesionales de determinados colectivos que realizan trabajos de especial penosidad, con efectos sobre la salud, la exposición a riesgos biológicos o químicos, asociados al lugar de trabajo”.