Los sindicatos insisten en fijar el mandato a Seguridad Social en el Estatuto Marco con informes técnicos que ya existen

La jubilación anticipada del SNS pide a Sanidad allanar el rumbo hasta Saiz
Mónica García, ministra de Sanidad; y Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.


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Los sindicatos del Ámbito de Negociación dejan en el tejado del Gobierno la pelota de la jubilación anticipada por coeficientes reductores para los trabajadores de la sanidad pública. En los últimos meses han intensificado la presión para lograr que la futura Ley del Estatuto Marco -en caso de que fructifiquen las negociaciones para reformar la norma hoy vigente- recoja la base técnica para que el Ministerio de Seguridad Social incoe el proceso que, al amparo del Real Decreto ad hoc aprobado por el Consejo de Ministros en mayo, reconozca esta opción de retiro profesional voluntario en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Las centrales consultadas inciden en que no haría falta encargar ningún informe nuevo para acreditar niveles de penosidad, peligrosidad, toxicidad e insalubridad porque, básicamente, ya existen y, de hecho, están sobre la mesa de Seguridad Social desde hace años.

El Real Decreto vigente desde mayo vino a reformar el proceso para adelantar la edad de jubilación estableciendo coeficientes reductores en base a "criterios objetivos". Según la norma, quienes están legitimadas para solicitar el inicio del procedimiento en el caso del ámbito público son, "de forma conjunta, las organizaciones sindicales más representativas y las administraciones públicas" de las que dependan los trabajadores en cuestión. Los sindicatos del diálogo social sanitario entienden que esa Administración ha de ser, principalmente, el Ministerio de Sanidad, aunque sin obviar la influencia de otros departamentos. De ahí su insistencia en que la petición a Seguridad Social quede reflejada de forma explícita en el Estatuto Marco.

¿Qué informes amparan la jubilación anticipada en sanidad?


Una vez registrada la solicitud, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha de elaborar un informe de morbilidad y mortalidad y remitirlo al Ministerio de Función Pública. Tras ello, una Comisión de Evaluación integrada por los ministerios de Seguridad Social, Trabajo, Función Pública y Hacienda, y "las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal", emitirá otro informe "sobre la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de coeficientes reductores". Pero desde CSIF y Satse defienden que esa labor ya está hecha. Ambos sindicatos recuerdan que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desaconseja el trabajo nocturno -que afecta especialmente a sectores como el sanitario- porque, entre otras cosas, provoca trastornos psiquiátricos y gastrointestinales, perturbaciones crónicas del sueño y enfermedades coronarias.

"Los profesionales con turno de noche, como las enfermeras, pierden cinco años de vida por cada 15 años de trabajo nocturno", lamentan fuentes de Satse. En CSIF aluden a otros dos estudios, uno del propio Ministerio de Seguridad Social de 2018, que advierte de que los trabajadores de turnos de noche tienen peor salud física que los que no están expuestos a la turnicidad o a turnos rotatorios, y otro de investigadores de la Universidad JiaoTong de Shanghai (China) y de la Universidad de Tulane (Estados Unidos), que refleja que los empleados con turnos de noche tienen un mayor riesgo de desarrollar un ritmo cardíaco irregular y, a menudo, anormalmente rápido llamado fibrilación auricular.

En 2021, CSIF basó en estos tres informes su reclamación a Seguridad Social para que iniciara el proceso de reconocimiento de la jubilación anticipada por coeficientes reductores a los trabajadores de los servicios de salud según la normativa vigente en aquella época, antes de que se aprobara la Ley 20/21 para reducir la temporalidad en el sector público. El asunto está judicializado desde entonces, pero la central lamenta que no haya habido avances en estos cuatro años. Satse también registró en octubre de 2021 un "exhaustivo informe" en el Ministerio de Seguridad Social "con toda la documentación necesaria" para iniciar el procedimiento. "En este informe, basado en múltiple evidencia científica, se concluye que las condiciones laborales de las enfermeras son especialmente difíciles y penosas a lo largo de toda su trayectoria profesional, de más de 40 años, lo cual perjudica su salud física, psicológica y emocional", destacan desde el sindicato enfermero.

Los sindicatos reclaman diálogo con Sanidad y más ministerios


El Ministerio de Sanidad ha insistido en diversas ocasiones en que regular el acceso a la jubilación anticipada en el Estatuto Marco supondría una invasión a las competencias del Ministerio de Seguridad Social, tal y como se indica en un informe jurídico. Pero los sindicatos remarcan que su propuesta no entra en conflicto con esa postura: lo que plantean es mandatar a Seguridad Social a iniciar el trámite de reconocimiento a través del propio Estatuto Marco. Para Satse, lo ideal es que el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito elaboren un informe sobre la penosidad, la peligrosidad y la toxicidad de las condiciones de trabajo "de las diferentes categorías laborales en el SNS" que justifique la solicitud. Sin embargo, las fuentes de CSIF consultadas sostienen que es posible agilizar los plazos: "Hemos incorporado al debate del Estatuto Marco la solicitud que hicimos en 2021 porque no queremos que haya más dilaciones y que el ministerio no tenga que hacer otro estudio, porque ya los hay".

En el caso de la FSS-CCOO, su responsable de Acción Sindical, Lucía García, considera que el debate ha de extenderse a otras ramas ministeriales, como la de Seguridad Social, la de Función Pública y, "por supuesto", la de Hacienda: "Entendemos que la negociación del Estatuto Marco se está llevando a cabo como acción de Gobierno, por lo que entre los distintos ministerios debería haber mas comunicación para poder conseguir que esto llegue a buen puerto". Según García, su organización pidió reunirse con estos departamentos "hace unos meses": "Estamos esperando contestación".

Carga física y psicológica en la actividad sanitaria


UGT Servicios Públicos es otro de los sindicatos que lleva años reclamando la rebaja voluntaria de la edad de jubilación del personal sanitario por coeficientes reductores. En 2019, según recuerdan fuentes de la organización, inició el procedimiento general establecido en aquel entonces, y en 2021 remitió una carta al Ministerio de Seguridad Social reiterando esa solicitud. "Los índices de accidentes laborales y enfermedades profesionales derivadas del esfuerzo físico y psicológico que realizan los trabajadores de los servicios de salud son significativamente elevados". El sindicato habla de "constante abuso de la actividad física, sobreesfuerzos posturales y "condiciones psicológicas especialmente adversas", circunstancias que "se ven intensificadas por las difíciles condiciones laborales como falta de personal agravada tras la crisis sanitaria de 2020". Sin embargo, no aclara si ha vuelto a insistir en su petición tras la aprobación del Real Decreto en mayo.

"Jubilación voluntaria flexible" para los médicos


Tampoco lo concreta CESM, a pesar de que reivindica que lleva "años" reclamando una jubilación anticipada voluntaria para el personal médico. "Se empezó pidiendo una jubilación anticipada para los profesionales que trabajaban de noche, se presentó el proyecto ante los medios y en el Ministerio de Trabajo, se pidieron reuniones con los responsables políticos y, posteriormente, se amplió la solicitud a los profesionales que hacen guardias", resumen fuentes del sindicato. "Se dijo que se estudiaría aquella opción, pero no hemos vuelto a tener noticias", lamentan. De ahí que CESM haya convertido esa reivindicación en uno de los estandartes de su "campaña de rechazo al borrador de Estatuto Marco" que hay actualmente sobre la mesa del diálogo social sanitario. La propuesta del sindicato médico es clara: que los facultativos puedan acceder a una "jubilación anticipada voluntaria flexible" entre los 60 y los 70 años "sin merma económica".
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