María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública                                            
                                        
                                        
                                            
	Con los 
Presupuestos Generales del Estado (PGE) sobre la mesa y el 
plan 'antitemporalidad' en el sector público tramitándose "de forma urgente", la oposición se pregunta cuántas de las medidas planteadas por el Gobierno han tomado forma en la práctica y 
qué plazas quedan todavía por adjudicar en relación a procesos de oferta anteriores. Según las estimaciones que maneja la Secretaría de Estado de Función Pública, todavía faltan por convocar el 27 por ciento de las plazas reflejadas en las OPE de 2017 y 2018, mientras qye el 58 por ciento siguen aún sin dueño. 
	
	A través de una
 respuesta parlamentaria, el Grupo Parlamentario Vox, interrogaba al Ejecutivo acerca de la "ejecución" actual del programa para reducir la temporalidad y la tasa de interinidad al 8 por ciento. Como respuesta, el equipo gubernamental aludía a los 
plazos marcados en el plan de estabilización del empleo temporal derivado de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado (LPGE) para 
2017 y 2018. 
	
	En concreto, hacía referencia al artículo 11 del Real Decreto-Ley 23/2020, mediante el que se 
amplía hasta finales de este año el plazo para publicar las OPE definitivas de estabilización y aquellas cuyo "vencimiento se haya producido en 2020"
	
		
		Recuerda, así mismo, que la fecha tope para publicar dichas convocatorias es 
2024 es decir, 3 años después de la publicación de ofertas, tal y como dicta la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). El mismo límite que establece la 
ley para reducir la temporalidad promulgada por el entonces ministro Miquel Iceta, en relación a los procesos convocados con anterioridad.
		
		No obstante, los cambios que se introduzcan en el Real Decreto-Ley 14/2021 vía enmiendas durante el procedimiento de urgencia
 podrían modificar dichos plazos. "Por esto, en este momento no es posible determinar con exactitud las 
fechas topes normativamente establecidas para la finalización de los procesos de estabilización", argumentaba el equipo liderado por Pedro Sánchez. 
 
	
	
		7 de cada 10 plazas públicas ajudicadas  
	
	Lo que sí desgranaba, en cifras, el documento era el avance de la estrategia. Según los datos de que dispone la Secretaría de Estado de Función Pública, a fecha julio de 2021 se ha autorizado en oferta pública un total de 219.907 plazas. De ellas, se han convocado 160.308 plazas, es decir, el 
72,8 por ciento y se han adjudicado 66.930 plazas, el 41,7 por ciento de las convocadas.
 
	El Ministerio de Hacienda y Función Pública aprovechaba para recalcar su compromiso en cuanto a la resolución de los procesos selectivos que quedan pendientes en el ámbito de la Administración, en sintonía con lo dispuesto en la norma contra la temporalidad sobre la "adopción de 
	medidas apropiadas para un desarrollo ágil de los procesos selectivos, tales como la reducción de plazos, la digitalización de procesos o la acumulación de pruebas en un mismo ejercicio, entre otras."
	
	Por último y como ejemplo, "se significa que la acumulación de pruebas en un ejercicio único ya ha sido objeto de aplicación a los procesos selectivos convocados por Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública". 
                                         
                                        
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