Mónica García, ministra de Sanidad
Las "limitaciones" del fondo de compensación sanitaria dejan su "revisión estructural" como cuenta pendiente
El ministerio liderado por Mónica García admite "limitaciones" en el modelo actual
Y además: Sanidad actualiza patologías y costes del fondo de compensación a las CCAA
Tras tres años de legislatura del actual Ministerio de Sanidad, son muchos los proyectos que no han podido ver la luz. Entre ellos, la reforma del fondo de compensación, que todavía no ha sido modificada de forma estructural, algo que sí ha intentado el departamento liderado por Mónica García. Después de la reciente aprobación en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) del Proyecto de Orden para modificar el Fondo de cohesión sanitaria, desde el ministerio han confirmado a Redacción Médica que este movimiento normativo no supone, en ningún caso, la profunda reforma del sistema de compensación entre comunidades autónomas que el sector lleva exigiendo desde hace casi una década.
Fuentes oficiales han explicado a este periódico que el documento avalado por los consejeros autonómicos es, estrictamente, una "actualización ordinaria de los anexos del Real Decreto 1207/2006". Un trámite burocrático y económico que se realiza de forma periódica con un doble objetivo asistencial y financiero: "Adecuar las prestaciones objeto de compensación a la actividad de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR) y actualizar los importes correspondientes", detallan.
De este modo, el texto continuará ahora su cauce legal. Sanidad aclara que, tras su paso por el pleno del Interterritorial, el proyecto "continúa la tramitación administrativa y los informes preceptivos que correspondan, hasta su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE)".
La "revisión estructural" pendiente desde 2015
Sin embargo, desde el Paseo del Prado son plenamente conscientes de que esta puesta a punto de las tarifas y prestaciones no soluciona el problema de base. El propio ministerio asume abiertamente que esta actualización técnica "debe distinguirse del debate de fondo sobre la reforma del sistema de compensación, cuya necesidad viene planteándose desde 2015".
El Fondo de Cohesión Sanitaria nació como la gran herramienta de equidad del SNS, diseñada para garantizar que cualquier ciudadano pueda recibir asistencia de alta complejidad o atención derivada en una comunidad autónoma distinta a la suya, compensando económicamente a la región receptora (que asume el gasto) con fondos de la región emisora o del propio Estado.
Sobre este punto, el Ejecutivo defiende que el actual marco normativo de 2006 "ha permitido articular mecanismos de compensación entre autonomías y contribuir a garantizar el acceso a la atención sanitaria de referencia con independencia del lugar de residencia". No obstante, el Ministerio admite que, 18 años después de su creación, el modelo "presenta limitaciones que aconsejan una revisión estructural para adaptarlo a las necesidades actuales del SNS".
El principal motivo por el que esta modernización integral del Fondo de Cohesión sigue guardada en un cajón no es la falta de voluntad técnica, sino el bloqueo parlamentario. Desde Sanidad justifican a este medio que el Ministerio "ha intentado impulsar esta reforma mediante iniciativas legislativas en las dos legislaturas anteriores", pero lamentan que dichos proyectos "no llegaron a culminar su tramitación parlamentaria" ante la falta de consenso o el adelanto de los ciclos electorales.
Para que el modelo de compensación interautonómica dé el salto cualitativo que exigen gestores y comunidades, la solución pasa irremediablemente por el Congreso de los Diputados. "Una reforma de esta naturaleza requiere modificar el marco legal y no puede abordarse mediante una simple actualización de los anexos del real decreto", sentencian desde el Ministerio, dejando claro que, por el momento, la macro-reforma del Fondo de Cohesión tendrá que seguir esperando su turno en la agenda legislativa.
Euskadi, una autonomía descontenta con el Fondo de Cohesión
La modificación de los anexos que se ha llevado a cabo nace, sobre todo, de una reclamación de la Administración vasca. Aun así, el consejero de Salud de Euskadi, Alberto Martínez, no llegó del todo contento al Cisns. De hecho, tildó los actuales Fondos de Cohesión Sanitaria (FOGA) de "injustos, desproporcionados y poco transparentes", amparándose en el Tribunal de Cuentas para denunciar su carencia de desarrollo normativo. Ante lo que considera una inacción inaceptable, Martínez ha anunciado que el País Vasco se negará a pagar la factura de 51 millones de euros correspondiente a las liquidaciones de 2023 y 2024 hasta que no exista una cobertura legal y justa.
Desde Euskadi denuncian que es ilógico que, representando apenas el 5 por ciento de la población, asuman 170 de los 300 millones del fondo, más que todas las comunidades juntas. "Con esos 51 millones podemos contratar 1.000 enfermeras, crear seis centros de salud o contratar a 650 médicos", defendió el consejero, reclamando que el Fondo vuelva a tener un carácter presupuestario estatal, como ocurría hasta 2013.
