La sabiduría popular afirma que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y a fe que la historia del Centro Estatal de Salud Pública (CESP) es un buen ejemplo porque han pasado nada menos que 10 años y unos cuantos gobiernos desde que la Ley General de Salud Pública, 33/2011 contemplara su creación. Ha hecho falta una pandemia de la magnitud de la que aún padecemos para que todo el mundo parezca estar de acuerdo en la necesidad de desarrollar un organismo de este tipo. Más vale tarde que nunca y hay que aplaudir que el tema salte a la palestra y que el proyecto vea al fin la luz.

Nada más lejos de mi intención que decir cómo tiene que funcionar este organismo, ya hay bastantes voces opinando. Sin embargo, no me resisto a apuntar los paralelismos entre la situación actual y la que me tocó vivir en primera persona con la puesta en marcha de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Si esta experiencia sirve al menos para no repetir errores, cabrá dar estas líneas por bien empleadas.

Tanto la ONT como el CESP han tenido que pasar un largo periodo de hibernación desde su reflejo en el BOE hasta hacerse realidad (la ONT de 1980 a 1989 y el CESP del 2011 hasta ya veremos cuando) pasando por varios gobiernos que no movieron un dedo para desarrollarlos hasta que vinieron mal dadas y hubo que ir a rebuscar la idea y sacarla del baúl de los recuerdos: la pandemia en un caso y el desplome de la donación con manifestaciones de enfermos, quejas al defensor del pueblo y caos organizativo en el otro.

Al igual que sucede con la ONT será probablemente de un tamaño pequeño – mediano (la cantidad habilitada para 2021 así lo apunta), aunque destinado a coordinar y liderar estructuras y recursos ya existentes bastante mayores y dependientes de muchas administraciones. En ambos casos fue y es notable la proliferación de expertos y grupos de profesionales opinando sobre lo que había que hacer, algo positivo aunque al final es preciso que haya alguien al frente que priorice y decida hacia donde hay que ir. Tanto ahora como entonces, lo escrito en el BOE no sirvió de mucho, así es que la persona que pilote el proceso va a ser fundamental a la hora de marcar el rumbo de este organismo.


"Lo que se haga con el CESP debería ser lo más rápido posible, porque quizás en poco tiempo, nadie querrá volverse a acordar de la pandemia ni de sus derivados. El hecho de que solo dos años después de su creación, el ministro de turno preguntara a uno de sus colaboradores si “¿esto de la ONT es nuestro?” resulta suficientemente ilustrativo"



Dada la compleja situación de la que partían ambos proyectos, es lógico que recibieran una atención inicial intensa del ministro de turno, pero la experiencia indica que cuando el problema deja de ser acuciante, la atención preferente también desaparece por lo que lo que se haga con el CESP debería ser lo más rápido posible, porque quizás en poco tiempo, nadie querrá volverse a acordar de la pandemia ni de sus derivados. El hecho de que solo dos años después de su creación, el ministro de turno preguntara a uno de sus colaboradores si “¿esto de la ONT es nuestro?” resulta suficientemente ilustrativo.

Forma jurídica del Centro Estatal de Salud Pública


Un punto que va a definir el futuro del CESP es su forma jurídica. El tema no es baladí porque va a condicionar el tipo de personal que pueda incorporar y la capacidad de gestionar sus recursos. Su antecesor y embrión, el CCAES (Centro Coordinador de Alertas y Emergencias Sanitarias) es hoy día una subdirección general, algo que también fue la ONT desde las transferencias sanitarias hasta la aprobación de su estatuto como organismo autónomo que es lo que sigue siendo en la actualidad. En los 20 años que transcurrieron desde su creación hasta ese momento, este tema fue nuestro mayor dolor de cabeza ya que pretendíamos una cierta autonomía, capacidad de gestionar nuestros recursos y de contratar personal que necesariamente tenía que combinar funcionarios, algunos muy cualificados y especializados. con médicos y enfermeras hospitalarios, situación bastante similar a la que verosímilmente tendrá que afrontar el CESP.

La solución no fue la ideal, pero permitió una cierta capacidad de gestión que antes no existía y la convivencia de estatutarios y funcionarios. Otras opciones que se barajaron con fuerza, como la de agencia o incluso una fundación adscrita al organismo tenían más inconvenientes que ventajas o simplemente eran inviables. En cuanto a la “independencia política” que se le exige al CESP como en su día a la ONT, coincido plenamente con la columna de Gaspar Llamazares publicada en estas mismas páginas. Con la forma que se le quiera dar, va a depender del Ministerio de Sanidad, con el color y las personas que toquen y se relacionará con 17 consejerías de salud con el color y las personas que toquen. La mayor o menor independencia y la percepción que se tenga de ella va a venir dada por la profesionalidad de la gestión que desarrollen sus responsables y el grado de aguante que muestren ante las presiones políticas, pero no por lo que establezca el BOE. Lo de “organismo autónomo” es un oxímoron, una contradicción en si misma y desde luego la actitud del CCAES durante la pandemia es un claro ejemplo de lo que no debe ser el futuro centro en lo que a independencia se refiere.

El liderazgo futuro del CESP


Y por fin, la prueba de fuego del CESP: su articulación con unas estructuras autonómicas que ya existen, están bien consolidadas y cuyas competencias no se pueden ni se deben interferir. Muy probablemente colaborarán con la celeridad y el entusiasmo requerido para que todo funcione adecuadamente en relación directa con el plus de calidad, seguridad y prestigio que les pueda ofrecer este centro estatal y eso no es fácil de conseguir, aunque es verdad que los largos meses de pandemia y de reuniones constantes de las comisiones de salud pública han engrasado bastante el mecanismo de coordinación. La forma en que quede redactado el proyecto de ley va a ser fundamental y nada fácil de conseguir si se quieren evitar conflictos competenciales e impugnaciones. Todo será mirado con lupa.

En definitiva, parece haber un consenso generalizado en la necesidad del CESP como “centro adscrito al Ministerio de Sanidad, que desempeñe funciones de asesoramiento técnico, evaluación de políticas de salud pública seguimiento y evaluación de la Estrategia de Salud Pública y coordinación de los centros nacionales de salud pública” tal como se define en la ley 33/2011. Es importante que se lleve a cabo con rapidez para aprovechar el estado de opinión secundario a la pandemia, que se encuentre la forma más adecuada para poderlo gestionar adecuadamente y sobre todo no hipotecar su futuro. Por último, la designación como director de una persona de consenso, de reconocida independencia y de prestigio científico y gestor va a condicionar decisivamente el futuro de este centro llamado a ser el faro de la salud pública en nuestro país.