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Prescripción enfermera: ¡algo tendría que decir el Gobierno!

José Antonio Ávila, presidente del Cecova
Jueves, 21 de enero de 2016, a las 13:38
Incertidumbre, rechazo, inseguridad, confusión y enfrentamiento. Son cinco vocablos que a mi parecer definen perfectamente el clima actual que reina en la sanidad española en general y entre los profesionales de Enfermería en particular desde que el pasado día de Nochebuena entrase en vigor el Real Decreto de la llamada prescripción enfermera.

Soy consciente de que la principal preocupación actual del Gobierno en funciones es la de solventar cuanto antes las dificultades que se están generando a la hora formar gobierno en España, pero mientras esto ocurre el país no se paraliza y la sanidad debe continuar con su objetivo principal que no es otro que la atención sanitaria, ofreciendo las mejores condiciones a los usuarios del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, los profesionales de Enfermería tienen que seguir realizando su labor asistencial de cuidados en las condiciones al principio señaladas, dado que no hay uniformidad de criterio a la hora de especificar cómo debe ser entendida y aplicada.

Un Real Decreto que ha levantado crispación en todos los sectores implicados o afectados. La profesión enfermera en su totalidad, desde el minuto uno de su publicación, ha mostrado su rechazo. Las comunidades autónomas no se quedan atrás, y a pesar de contar con gabinetes jurídicos potentes, no se ponen de acuerdo en el alcance de lo publicado y están emitiendo comunicados poco uniformes. El colectivo médico se descuelga crispando aún más el ambiente al lanzar amenazas contra aquellos enfermeros  que no actúen según los galenos entienden. Y los pacientes, los que menos culpa tienen y los más perjudicados, asisten atónitos y desconcertados a todo este desacierto. En definitiva, todo un escenario más propio de una película de los hermanos Marx que de un país donde sus dirigentes presumen de tener un sistema sanitario de los mejores del mundo.

Y ahora, en medio de todo este “guirigay”, entra en juego el Tribunal Supremo admitiendo a trámite los primeros recursos presentados en contra del Real Decreto de marras. Algo está fallando, algo no encaja en esta polémica historia, máxime al recordar las declaraciones del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, cuando nada más conocerse el texto aprobado en Consejo de Ministros compareció en rueda de prensa y dijo aquello de "El Real Decreto da cumplimiento al pacto firmado con ambas profesiones. Se regula la actividad enfermera y se hace de forma armónica con la profesión médica. Se cumple escrupulosamente, punto por punto, lo pactado con Enfermería".

Y días más tarde sentenció "Con este Real Decreto se les da una cobertura, se les ofrece una seguridad, se refuerzan también las garantías de cara a los pacientes de que el cuidado que proporcionan los enfermeros se va a poder realizar con todas las garantías”. 

Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, el mensaje no ha convencido a nadie. Tal es el grado de desacuerdo que ha generado en el ámbito sanitario que varias comunidades autónomas ya han pedido al ministro que convoque un Consejo Interterritorial para abordar el asunto. Sin embargo, a pesar del clamor en este sentido, Alonso se ha limitado a decir que “ahora no toca”. Es más, ante el intenso clamor mediático de la profesión enfermera el ministro en funciones ha manifestado públicamente “no temer a las movilizaciones de Enfermería” y que siempre ha evitado meterse en otro tipo de polémicas que considera estériles, ya que obedecen a otras cuestiones que, no cree que “formen parte de su deber como ministro”.

Sr. Ministro, cientos de miles de enfermeras y enfermeros no piensan igual, desconocen esas “otras cuestiones” que usted señala y no consideran estéril la polémica, pues necesitan urgentemente saber, a ciencia cierta, cómo seguir trabajando tras la entrada en vigor del Real Decreto señalado. Y en este sentido, quién mejor que aquel que ha promulgado la controvertida norma para que la explique. ¿Tanto le costaría a su gabinete publicar una nota aclaratoria al respecto?, ¿no cree que merecería la pena por el bien de todos: administraciones autonómicas, profesionales y usuarios? Sr. Ministro, el abogado del Estado que debe actuar en representación y defendiendo los intereses del Gobierno en los diversos contenciosos que ha propiciado y propiciará el Real Decreto 954/2015 de 23 de diciembre, ¿no la podría redactar? Sinceramente, Sr. Alonso, esa postura inmovilista no la entienden las enfermeras de base, las que están a “pie de cama”, las que gracias a su trabajo hacen que la sanidad funcione.