¿Son los españoles iguales en derechos sanitarios? La respuesta está en los datos, y desgraciadamente la respuesta es NO. En 2014  la diferencia entre el porcentaje de cirugía conservadora en el cáncer de mama fue del 30% en Melilla y del 76% en Navarra. Más del doble de mutilaciones en una comunidad que en otra. La tasa de cesáreas en los hospitales del SNS fue del 13% en País Vasco y del 28% en Extremadura. Otra vez más del doble de mujeres que verán dificultados  sus siguientes partos en una comunidad respecto a otra. Si observamos  lo que ocurre en hospitales privados veremos  que estas cifras alcanzan el 51% en La Rioja. En Asturias, los pacientes operados de fractura de cadera en las primeras 48 horas no llegan al 20% mientras que en Pais Vasco y Navarra superan el 60%. Tres veces más. La mortalidad por la misma patología es del 9,28% en Ceuta y 4,03% en Pais Vasco (más del doble). La mortalidad tras angioplastia en Castilla y León es 4 veces más alta que la de la Rioja . Así podríamos seguir hasta el infinito.

Sin embargo, todos estos datos no centran el debate ni suscitan alarmas. Estos datos (datos oficiales que se pueden consultar en este enlace: http://inclasns.msssi.es/main.html) son un auténtico escándalo sanitario que indica la situación de inequidad en la que vive inmerso nuestro sistema. Es inevitable la existencia de diferencias en los resultados entre comunidades, sin embargo es el tamaño de las mismas y la inacción de nuestra administración lo que las hacen escandalosamente preocupantes.

En sanidad, como en las políticas públicas en general, es la medición de resultados lo que determina la competencia, o no, de nuestras administraciones. No pueden esconderse estos datos tras los resultados de encuestas de satisfacción tan pobres como el barómetro sanitario, ni tras indicadores que tienen más que ver con la salud pública que con la asistencia sanitaria. La salud pública (calidad de nuestro medio ambiente y de nuestras aguas, higiene alimentaria, actividad física de la población…) determina los grandes indicadores de los que presume el Gobierno. Esperanza de vida media, esperanza de vida libre de enfermedad, etc… Sin embargo, de lo que hablamos es de nuestra asistencia sanitaria que no puede medir su eficacia ni su eficiencia con parámetros tan groseros.

Por esta razón hemos insistido desde Ciudadanos en conocer nuestros resultados y hacerlos transparentes a la población. Porque es quien debe de conocerlos, ya que es ella quien debe de ratificar con su voto la bondad de nuestras políticas. Por otra parte, es el conocimiento de estos datos el que nos permitirá establecer un sistema de rendición de cuentas objetivo, que permita profesionalizar la gestión de nuestros centros y servicios sanitarios. Ha pasado ya el tiempo de las jefaturas de servicio eternas, pero ha pasado ya también el tiempo de la arbitrariedad y la discrecionalidad política.

No podemos permitir ni un día más el lento deterioro de la calidad de nuestro sistema. Debemos de centrar nuestros esfuerzos en mejorar los resultados y la calidad del sistema, para ello es imprescindible que nuestros profesionales vean que nos importan sus resultados, que son estos resultados los que condicionaran su futuro en el sistema y su proyección profesional. Necesitan saber que los gerentes no les pedirán como hasta ahora silencio y sumisión, sino disminución de mortalidad y de reingresos. Que no se les exigirá afinidad o complacencia, sino calidad y eficiencia.

Los datos del sistema nos indican además la existencia de una profunda desigualdad no solo en los resultados sino, naturalmente, en los medios. Las diferencias de gasto por población asistida alcanzan el 50% de diferencia entre  Castilla y León y Andalucía. Sin embargo, estas diferencias de gasto no justifican completamente las diferencias en resultados, ni se correlacionan directamente con los mismos. Es verdad que globalmente son mejores los resultados en las comunidades tradicionalmente más gastadoras, pero no es cierto tampoco que todos los resultados se expliquen únicamente por esto.

Por todo ello es necesario cambiar el foco de la información y de nuestra política sanitaria y centrarlo en aquellos aspectos que de verdad son relevantes para nuestros ciudadanos. Centrarnos en los resultados de salud, en la eficiencia y en el control de calidad. Individualizar lo más posible la rendición de cuentas y establecer que en sanidad no hay colores en la gestión. Hay gestión buena o mala. Público es todo aquello que se paga con impuestos y lo que nos debe importar es que los resultados sean lo más satisfactorios posibles para la ciudadanía.

La política sanitaria no debe limitarse a las listas de espera quirúrgica, ni esconderse tras el barómetro sanitario. La política sanitaria es un asunto más serio. No nos cerraremos a ningún debate racional sobre gestión de servicios públicos, siempre y cuando el objetivo sea dar los mejores resultados en salud posibles. Para ello lo primero es establecer la cultura de la medición y la transparencia en nuestra administración. Sin indicadores claros, centro por centro y servicio por servicio, no podremos introducir las reformas necesarias para nuestro sistema y, lo que es más importante, tampoco podremos evaluar los resultados de nuestras políticas.

Se abre un tiempo nuevo en la sanidad española, un tiempo para acordar, un tiempo para despolitizar, un tiempo para reconocer a nuestros profesionales. El trabajo sanitario tiene numerosas facetas: económicas, asistenciales, docentes e investigadoras, de calidad y, “last but not least”, de trato humano. Todas ellas pueden, y deben, medirse para conocer y reconocer a nuestros profesionales sanitarios. “Lo que no se mide no se valora”, dice el dicho popular. Valoremos pues el excelente trabajo de nuestros profesionales y cambiemos, de una vez para siempre, nuestra forma de acercarnos a lo público. Resultados y no lealtades, esta ha de ser la norma. Una sanidad sin dogmatismos. Una sanidad pública mejor para todos alejada tanto del puro economicismo  como de las banderías y la demagogia. Una sanidad para los ciudadanos. Una tarea exigente para una legislatura de acuerdos.

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