Financiación autonómica y sostenibilidad del SNS: nubes negras

Hace pocos días conocimos oficialmente el contenido del documento del grupo de expertos de la Conferencia de Presidentes para la reforma de la financiación autonómica. Este documento, aún no siendo vinculante ni para el Gobierno de España ni para los Gobiernos autonómicos, tiene una gran importancia para el futuro de las autonomías y para la sostenibilidad del Estado de Bienestar. Y de manera específica, tiene una gran importancia para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Es importante porque, aunque no es vinculante, la decisión de la Conferencia de Presidentes de encargar este trabajo a un grupo de expertos pretende poder basar las decisiones futuras en las conclusiones de estos expertos.

En mi opinión personal, tras analizar el documento completo, creo que puede afirmarse que la sanidad pública no está adecuadamente considerada por parte de los expertos y no se tiene en cuenta a la sanidad de manera específica; ello es grave teniendo en cuenta el peso real de la sanidad en los presupuestos públicos o la importancia que la ciudadanía le otorga.

Un trabajo técnico que pretende analizar la situación y las medidas para asegurar una financiación que haga sostenibles los servicios públicos del Estado del Bienestar, no puede eludir aportar reflexiones, datos y referencias relativas al impacto de la crisis.

Se echa en falta un análisis en clave de incremento de las desigualdades, de incremento en las listas de espera (hoy con récord histórico), de las serias dificultades para la movilidad e igualdad de los pacientes en el conjunto del SNS o sobre la grave disminución de las plantillas, que son cuestiones que se han generado por la crisis como consecuencia de la manera de gestionar las decisiones presupuestarias y por la insuficiencia presupuestaria crónica que arrastra la sanidad. Así, en el periodo 2012-2016, la insuficiencia presupuestaria ha podido llegar a ser una cantidad acumulada de entre 35.000 y 40.000 millones de euros, "enterrados" en el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Asimismo, es llamativo que en el informe no haya propuesta alguna para asegurar que la potencial mejora de la financiación autonómica que pudiera derivarse de las medidas que proponen los expertos para la suficiencia de Estado de Bienestar tengan destino en sanidad en cuantía de ningún tipo.

Es decir, cabe la posibilidad de que las medidas que proponen los expertos que se introduzcan en la gestión de la sanidad para aumentar los ingresos no acaben en los presupuestos sanitarios, manteniéndose entonces la actual insuficiencia presupuestaria.

Entre los cambios propuestos para asegurar la suficiente financiación autonómica, se propone una mayor participación de las comunidades autónomas en la definición de la cartera básica de servicios para que se tenga en cuenta la opinión de las comunidades en relación con el impacto económico que en sus presupuestos tenga la ampliación o el recorte de la cartera básica.

A mí me genera mucha desconfianza esta propuesta porque podríamos asistir al "achique" del espacio a la oferta pública si las decisiones se adoptan por el impacto económico de las nuevas prestaciones en lugar de valorar el beneficio en salud.

Otras medidas recomendadas por los expertos se refieren a que se debería acudir a copagos en sanidad para aumentar la financiación. Así, en la página 17 del informe, proponen "Extender la capacidad normativa de las CCAA a los mecanismos de copago y darles a estas administraciones mayor peso en la definición de estándares mínimos de servicio en materia de su competencia con efecto en el gasto (y que hoy el Estado puede fijar de forma prácticamente unilateral); un ejemplo es el de la prestación farmacéutica". 

Esta idea se concreta en las páginas 59 y 60 sobre Tasas y copagos, donde se propone "dotar a las CCAA de competencias normativas sobre instrumentos de copago especialmente para sanidad aunque también para otros servicios de su competencia". También proponen los expertos que las CCAA tengan libertad para modificar al alza o a la baja sus tarifas de copago.

Por otra parte, en la página 69 sobre indicadores de necesidad de financiación para sanidad, recomiendan mantener pero actualizándola , la variable de población protegida por el SNS ponderada por el nivel relativo del gasto en función de tramos de edad y propone que se incorpore en el cálculo a la población inmigrante empadronada.

No hay más. No se plantea que haya un mínimo común de financiación o cualquier otra medida alternativa que  pueda garantizar la equidad sanitaria entre los territorios para que no haya discriminación a los ciudadanos en función de su lugar de residencia.

Tampoco se plantean mecanismos de cohesión y cooperación entre administraciones para facilitar la movilidad de los pacientes y asegurar sistemas de cohesión como centros y unidades de referencia o planes y estrategias de salud conjuntas.

En definitiva, creo que la sanidad ha estado ausente de este análisis "experto" y ello expresa el abandono de sus responsabilidades por parte de la Ministra de Sanidad, Dolors Monserrat.

Si la Ministra no asume su responsabilidad de liderar un Consejo Interterritorial en el que se hable de manera monográfica de las necesidades de financiación para asegurar un SNS universal con equidad y cohesión, perderemos una buena oportunidad para hacer sostenible nuestra sanidad pública. Era ahora el momento para ello. Aún es el momento para que el SNS lleve su voz y sus propuestas a la Conferencia de Presidentes. Me gustaría que no quedase en el debe de la Ministra no haber asumido su liderazgo.