Manuel Cascos, presidente del Sindicato de Enfermería, SATSE
Mar 29 septiembre de 2020. 17.50H
Sanidad, presente y futuro
La grave expansión de la Covid-19 en nuestro país ha conllevado que los empresarios farmacéuticos estén intentando, una vez más, ocupar el espacio de los profesionales de la sanidad pública sin esconder su voracidad en la búsqueda permanente de negocio.

No es la primera vez que, tras detectar las deficiencias de nuestro sistema sanitario público, se ofrecen como solución a parte de las mismas ocupando un ámbito profesional que no les corresponde en absoluto. El último intento de ampliar su cuota de mercado y, por tanto, sus beneficios a final de mes ha sido proponer a las autoridades competentes que las pruebas de detección del coronavirus se realicen en las oficinas de farmacia e, incluso, que las mismas puedan ser vendidas en estos establecimientos comerciales.

Propiciar la aglomeración de personas en un espacio generalmente pequeño, cerrado y sin los profesionales sanitarios competentes para realizar tales pruebas es un absoluto sinsentido y despropósito que conlleva serios riesgos para la seguridad, tanto de las personas que fuesen a realizarse las pruebas como para aquellas que estén en la oficina de farmacia para adquirir cualquier fármaco o producto no sanitario que también tienen a la venta, como cremas, geles, champús…


"La grave expansión de la Covid-19 en nuestro país ha conllevado que los empresarios farmacéuticos estén intentando, una vez más, ocupar el espacio de los profesionales de la sanidad pública"


Se trataría de un nuevo servicio dentro de lo que han venido a llamar la “farmacia comunitaria” que, como cualquier slogan en una campaña publicitaria al uso, intenta vender una idea que dista mucho de la realidad. No se puede hablar de ofrecer un servicio “comunitario” cuando no es gratuito sino que es costeado por los ciudadanos, ya sea de forma directa o indirecta a través de acuerdos con las administraciones públicas a las que también pagamos vía impuestos.

En definitiva, un nuevo intento por parte de unos empresarios que de igual manera que proclaman su deseo supuestamente desinteresado de beneficiar al conjunto de la población se resisten con vehemencia a perder la exclusividad de la apertura y mantenimiento de sus establecimientos, así como los privilegios inherentes a una transmisión hereditaria de padres a hijos.

Falta de recursos humanos y materiales en Atención Primaria


Y persisten, como decía, al constatar grietas en nuestra sanidad pública que les favorecen para mejorar su cuenta de resultados económicos. La falta de recursos humanos y materiales en Atención Primaria es una de las principales, con el simple y falaz argumento de que si no hay suficientes profesionales en los centros de salud o para realizar visitas domiciliarias, ellos pueden hacer su trabajo y funciones en determinados servicios asistenciales.

No, señores, no todo vale, y menos cuando lo que está en juego es la salud y seguridad del conjunto de la ciudadanía. Por ello, hay que reclamar, una vez más, a todos nuestros responsables públicos que, en lugar de destinar dinero a manos privadas, se fortalezca nuestro Sistema Nacional de Salud con los recursos económicos y humanos necesarios, ahora y después de la pandemia.

Son las distintas autoridades sanitarias las competentes en asegurar el mantenimiento y mejora de nuestra sanidad pública y de no caer en “cantos de sirena” que promueven, incluso, cambios normativos a nivel estatal y  autonómico que propicien lo que en definitiva no es otra cosa que una privatización encubierta de nuestra sanidad.

No podemos permitir in un fraude asistencial más. No podemos permitir que nuestra atención sanitaria pública sea sustituida por una asistencia mercantilista para que unos pocos se beneficien con las necesidades asistenciales de otros muchos. La salud es un derecho, un bien intrínseco a la persona, nunca un negocio.