16 nov 2018 | Actualizado: 00:00
Mar 24 febrero. 19.39H
He leído con cierta sorpresa la nota de prensa emitida por la Fadsp, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública,  en relación con la reciente publicación del RD 69/2015 del 6 de febrero sobre el Registro de Actividad Sanitaria Especializada.

En realidad, en ningún momento ni yo, ni el Instituto para el desarrollo e integración de la Sanidad (IDIS), en su misión de intentar informar sobre la aportación del sistema sanitario privado de forma objetiva, hemos intentando polemizar, ni siquiera criticar, algunos planteamientos que defiende esta Federación, en apariencia (y en ocasiones) mucho más centrada en desprestigiar y destruir al sector sanitario privado que en hacer una defensa real por la mejora del sistema sanitario, que en el fondo es el fin que se supone a todas las instituciones de opinión que forman parte de nuestro sector, aunque éste se contemple desde enfoques o prismas diferentes, todos ellos respetables.

En esta ocasión, dado los términos empleados en su comunicado la FADPS, me da pie para escribir unas líneas y poner en valor lo que implica el Real Decreto para nuestro sistema sanitario en general y resaltar que el hecho de que se implemente lo que ordena en nada debe hacer temer a los responsables políticos de la gestión del sistema sanitario público.

Tal y como dice la Fadsp, el nuevo registro sustituirá al actual conjunto mínimo básico de datos (CMBD), el cual “adolece de graves carencias a la hora de valorar la calidad en la asistencia”. Es decir, el nuevo registro va a aportar más datos estadísticos tanto de entidades públicas como de privadas a fin de poder tener registrados y controlados todos los datos relevantes y los episodios relacionados con la salud de todos los usuarios, tanto los del sistema público como del sistema privado, tanto de la hospitalización, como de la atención ambulatoria en los centros de día y la atención domiciliaria.

Además, va a hacer constar nuevos episodios que hasta ahora no se registran y que adquieren especial importancia a fin de conocer la trazabilidad y la incidencia de los procesos clínicos de los pacientes y del estado de la salud de nuestra sociedad, como es el registro obligatorio de las más de 25 millones de atenciones urgentes que se producen en nuestro país, de las cuales casi seis millones se producen en el sector privado.

Pero, hasta donde yo me he leído y releído a ver si lo veía, en ningún caso, tal y como hace mención el comunicado de la FADPS, se hace referencia a que se vayan a registrar “datos genéticos y clínicos de los pacientes” que puedan poner en situación de “desprotección por posible utilización desleal” por parte de las aseguradoras privadas.

Sinceramente, no sé si la Fadsp tiene conocimiento sobre cómo funciona actualmente el registro del CMBD. En mi experiencia como director general de un grupo hospitalario privado desde hace muchos años, mandando el cien por cien de los registros que pide la legislación vigente, en ningún caso he tenido acceso a ningún tipo de dato de paciente más allá de los que nosotros mandamos a la Consejería.

Es más: la administración pública lo único que nos remite a nosotros son datos estadísticos anuales en comparación con el resto de las instituciones sanitarias de nuestra comunidad, sin que tengamos ninguna posibilidad de acceder a ningún dato de ningún otro paciente, que, por cierto, se remiten sin aquellos datos que permitan identificarlos concretamente como, por ejemplo, el nombre y los apellidos.

De verdad que la nueva iniciativa legislativa es buena para el sistema sanitario en general y no le resta nada al sistema sanitario público en particular, y, sobretodo, es bueno para la sociedad, porque permitirá realizar de una manera mucho más correcta estudios estadísticos y planificar las necesidades sanitarias de nuestra sociedad.

Y de verdad que se puede malinterpretar, porque en mi opinión es erróneo, que todo lo que le vaya bien al sector sanitario privado puede parecer un demérito del sector público, pero de ahí a cómo califica la Fadsp que, por ejemplo, este registro pueda acabar siendo una “herramienta privatizadora y demonizadora del sistema sanitario público” [sic]” me parece desproporcionado e injustificado.

Te puede gustar más o menos, pero la aportación devalor de la sanidadprivada a nuestro sistema sanitario es evidente y, desde el punto de vista empresarial, en términos de PIB y generación de empleo de calidad es indiscutible.