Desde que soy médico la Administración del Estado nunca ha asumido su responsabilidad como garante de una adecuada formación continuada de los profesionales que asegurara una asistencia sanitaria de calidad, habiendo ocupado la industria biosanitaria esa representación. Gracias también a ello los ciudadanos españoles gozan de uno de los mejores sistema públicos de salud del mundo, con unos profesionales altamente cualificados a través del sistema MIR y su posterior formación continuada a lo largo de su carrera profesional mediante las ayudas de iniciativa privada.

La polémica generada en estos días por la decisión del Ministerio de Hacienda a través de su titular, Cristóbal Montoro, según la cual los médicos tendrán que tributar por todas las actividades formativas que reciban financiadas por la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias, sin que ello conlleve paralelamente un plan formativo financiado por el Estado, ha levantado ampollas y reabierto heridas provocando un debate controvertido entre los diferentes grupos políticos en el Parlamento, así como una eficaz iniciativa de recogida de firmas a través de las redes sociales protagonizada por Alberto Esteban, cardiólogo del Hospital Clínico San Carlos. En tan solo dos días se han obtenido catorce mil firmas de los aproximadamente ciento ochenta mil médicos colegiados en España.

Este nuevo escenario formativo, junto a la inexistencia del desarrollo de una carrera profesional y a unas condiciones retributivas muy por debajo de la media de otros países de la UE, nos sitúan a los médicos de la sanidad pública en una posición muy delicada para afrontar nuestra actividad profesional con las garantías necesarias que proporcionen una asistencia segura y de calidad, con el riesgo de comprometerse la salud de los ciudadanos además de debilitarse aun más, las quiméricas promoción profesional, incentivación y motivación de los médicos del Sistema Nacional de Salud, de las que tanto hablaron los gestores del sistema.

La nueva regulación adoptada en otros países europeos sobre el código ético y de transparencia en las transferencias de valor a los profesionales sanitarios en su formación continuada sin un plan a cargo de nuestra administración, hace vislumbrar un horizonte sombrío y desafortunado para nosotros y especialmente para los médicos más jóvenes recién finalizado su periodo de residencia, que continuará promoviendo el éxodo y la fuga de talentos que cuantiosos recursos ha consumido su formación a las arcas del Estado: el resultado es un gasto “en vacío” sin retorno para España y el beneficio profesional para otros países con mejor organización, perspectivas y sobre todo reconocimiento, trato y correspondencia de los responsables políticos de la administración a sus médicos y profesionales sanitarios.

Hay quienes parecen intuir una campaña de los políticos para desprestigiar a los médicos: ¿por qué motivo? ¿Cuál es la razón? No acierto a comprender qué condicionantes podrían existir para desmotivar y deprimir socialmente a un colectivo con vocación de servicio a la sociedad – al igual que la Policía y restantes fuerzas de seguridad del estado, bomberos, enfermeras o militares – y que específicamente es el responsable de la prevención, cuidado y mantenimiento de la salud de los ciudadanos, funciones necesarias para el desarrollo del estado de bienestar, el aumento de la esperanza de vida y del progreso de una nación.

Pero lo cierto es que son numerosas las muestras, bien conocidas por todos, del acoso y desprecio injustificado por parte de la Administración hacia los médicos, y en la que esta última, por parte del ministro Montoro, está siendo ya considerada como un signo de ensañamiento hacia nuestra profesión; actitud que deberán claramente explicar y justificar a la sociedad a través de los cauces que el Estado de Derecho les otorga. No criticamos que tengamos que tributar por las transferencias de valor, criticamos que los políticos no se preocupen lo más mínimo por nosotros y nuestra formación continua.

Nuestro objetivo es difundir sin tregua este mensaje a todo el colectivo sanitario y a la sociedad en general, para que finalmente sea tenido en cuenta en las instituciones que nos representan. Los privilegios de los políticos pagados por los ciudadanos y el grado de transparencia que nos otorgan sí que son verdaderamente reprobables. Algunos (o muchos), más que servir al pueblo, parece que se dedican a exprimirlo. No podemos consentir ni un minuto más que continúen deshaciendo y pulverizando nuestra identidad. Esta es una gran oportunidad para decir ¡basta ya!

No se trata únicamente de formación, de carrera profesional o de condiciones laborales y retributivas, se trata de recuperar la dignidad de nuestra profesión y el peso específico que le corresponde en la sociedad frente a la toma de decisiones. Quizás pocas veces hayamos tenido verdaderos líderes interlocutores ante la Administración, que defiendan y protejan nuestros intereses. La medicina necesita líderes humanistas y vocacionales.

Los médicos somos los servidores y aliados de los pacientes, esa es nuestra vocación. No merecemos este trato. Parafraseando a mi querido amigo y compañero Julio Ancochea Bermúdez, jefe del Servicio de Neumología del Hospital de La Princesa, y ante todo médico humanista y destacado líder de nuestra profesión en España: “Somos médicos militantes, creyentes y practicantes”. Ese es nuestro partido y nuestra religión. Los pacientes a los que nos debemos y entregamos. ¡Adelante, médicos de España, adelante!

* José Antonio Gegúndez Fernández es oftalmólogo en el Hospital Clínico San Carlos. Profesor Asociado de la UCM. Vocal por Madrid de la Sociedad Española de Oftalmología. Ex-Director Médico del Hospital Universitario de La Princesa.

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