14 dic 2018 | Actualizado: 17:40
Sáb 19 septiembre de 2015. 20.15H
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Marciano Sánchez, como portavoz de la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública (Fadsp), ha replicado mi comentario Por qué la clasificación de la Fasdp no es correcta, sobre el informe sobre servicios sanitarios de las comunidades autónomas, hecho público por la Fadsp en septiembre de 2015.

La primera aportación que Marciano Sánchez hace a este debate, en un alarde de talante progresista, dialogante, respetuoso con el otro y constructivo para la sanidad pública, es que “conviene saber, por aquello de los conflictos de interés, que Javier Elola trabajó en la administración sanitaria y ahora lo hace en una consultora privada y en una fundación financiada directa e indirectamente por la industria farmacéutica”. Me declaro culpable de ambas imputaciones. 

Trabajé (con el agravante de haber sido durante un tiempo alto cargo) en la administración sanitaria del gobierno de la nación desde 1983 hasta 1996, periodo de la que me siento orgulloso de los logros que alcanzamos un nutrido equipo de profesionales que procedíamos de la clínica. Cuando dejé la administración, trabajé más de ocho años como consultor exclusivamente para América Latina (incluyendo trabajos con la OMS y el BID), para evitar cualquier conflicto de interés, y dirijo ahora mi consultora y una fundación que trabaja con las sociedades científicas y que tiene como una de sus fuentes de financiación, directa e indirecta, a la industria del sector. 

Con las donaciones recibidas se perpetran crímenes tan abominables para la sanidad pública como formar a los profesionales en gestión clínica, investigar sobre la asociación entre estructura y procesos de las unidades asistenciales y resultados en salud o desarrollar un registro nacional para una enfermedad rara. En este pertinaz ataque contra la sanidad pública, estamos buscando financiación para que médicos especialistas y generalistas trabajen conjuntamente para conocer las herramientas y desarrollar instrumentos de continuidad asistencial.

Agradezco a la industria del sector que, mediante financiación no condicionada, colabore en estos proyectos, no influyendo en absoluto sobre nuestros programas de investigación y docencia. En las revistas científicas se hace una declaración de los posibles conflictos de interés. En mi crítica a la Fadsp no existe conflicto de interés.

Centrándonos en lo que debería ser el objeto del debate:

1) El informe de la Fadsp carece del mínimo rigor, como han señalado también otros profesionales que se han pronunciado sobre este debate, en la metodología estadística utilizada, en la recogida de datos y en sus ponderaciones y clasificación final.

2) El informe de la Fadsp no presenta (salvo la tasa de cesáreas) resultados en salud, ignorando importantes fuentes de datos, como las que pone a pública disposición la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que proporcionan información relevante sobre calidad de procesos y resultados. No es cierta la afirmación de Marciano Sánchez sobre que estos datos no son públicos y animo a quien lo desee constatar a visitar estos enlaces: Indicadores y Ejes de Análisis del CMBDPortal Estadístico del Ministerio de Sanidad.

3) Marciano Sánchez y, con él, la Fadsp tampoco son rigurosos en el empleo los conceptos público y privado. Una empresa, entidad, organismo, consorcio o fundación que tiene la mayoría de los derechos de decisión en manos del sector público es pública. “Privatización” implica la transferencia de la gestión a entes privados (Mills A y cols. Health system decentralization. Geneve:WHO, 1990). La Fadsp, utilizando definiciones no acreditadas, únicamente contribuye a la ceremonia de la confusión.

4) Marciano Sánchez afirma que hay datos erróneos en el Observatorio de Resultados del Servicio Madrileño de Salud. Es posible, pero esto no invalida la virtud de esta iniciativa en Madrid y Cataluña, pues al hacerlos públicos permite su “falsación” que, como nos enseñó Khun, posibilita avanzar en nuestro conocimiento. Mucho mejor esto que la impenetrabilidad en la información relevante de la mayoría de los servicios de salud.

El informe de la Fadsp sobre los servicios de salud de las comunidades autónomas no cumple con estándares mínimos de calidad. El beneficio generado por el mencionado informe en visibilidad social para la Fadsp -y en notoriedad para su portavoz- implica un coste no aceptable para la sanidad pública de nuestro país, que exige rigor en la utilización de la información, fundamentar científicamente -en la medida de lo posible- los análisis y debatir racionalmente sobre su significado y medidas de mejora a adoptar. Lo contrario solamente contribuye al degradado ambiente de la batahola intelectual, política y social de nuestro país, con notable perjuicio para los intereses de sus ciudadanos.

Por Francisco Javier Elola Somoza, director de Elola Consultores y de la Fundación Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria.