17 nov 2018 | Actualizado: 18:20
José Martínez Olmos, exportavoz de Sanidad del PSOE en el Senado.
Mar 20 diciembre. 23.30H
Una de las afirmaciones más explícitas de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la subasta de medicamentos de Andalucía es la que afirma que con este procedimiento "no se establecen diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el SNS, catálogo y precios."

Precisamente este planteamiento es el que echa por tierra la principal argumentación del Gobierno de Rajoy en el recurso que interpuso a las subastas de Andalucía.

Es por eso que resulta decepcionante que la ministra de Sanidad haya respondido en el Senado a mi pregunta sobre la opinión tiene el Gobierno de las subastas de medicamentos de Andalucía tras perder el recurso frente a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional, diciendo que los andaluces son ciudadanos y pacientes de segunda por las subastas.

Ha echado por tierra cualquier principio básico de la democracia que es acatar la sentencia de los tribunales y en especial el Tribunal Constitucional. Sobre todo es lamentable que la ministra de Sanidad diga eso porque supone no acatar ni aceptar lo que es esencial en democracia.

Es muy mal síntoma y muy mal precedente. La ministra debe reflexionar y rectificar porque este asunto no va de confrontaciones políticas. Es un asunto que afecta a elementos esenciales: la igualdad, la seguridad jurídica y el respeto institucional a las competencias de cada administración.

Acatar y no menospreciar la sentencia del Tribunal Constitucional es una obligación para cualquier gobernante y eso es algo de primero de política pública.

La sentencia del TC cierra (o debería cerrar), una etapa negra de la política farmacéutica desarrollada por el Gobierno del PP porque pone de manifiesto el desarrollo de una política de confrontación e injerencia en las medidas adoptadas por Andalucía que, en el campo de la política sanitaria, dejaban claro un compromiso por la sostenibilidad de sanidad pública que el Gobierno del PP no tenía.

Con la subasta de medicamentos, Andalucía ha conseguido ahorrar más de 400 millones de euros que han permitido a los andaluces afrontar el coste y poder disponer de nuevos servicios como es el caso de las nuevas terapias frente a la hepatitis C o la apertura de nuevos centros o el mantenimiento de servicios en el medio rural a pesar del acoso austericida del señor Montoro a los presupuestos autonómicos.

Hay que recordar que en su momento, Ana Mato amenazó a los laboratorios que se presentaban a la primera subasta para boicotear el resultado de la misma; estas amenazas instigadas desde atrás por la que fue su secretaria general de Sanidad (de ingrato recuerdo en el sector), han condicionado que no se hayan obtenido más ahorros aún.

Pero si hay algo que la Ministra debe evitar es asumir los argumentos del PP de Andalucía que al cuestionar la calidad de los medicamentos de la subasta, cuestionan de facto el trabajo de la Agencia Española de Medicamentos y perjudican la imagen de una institución que funciona muy bien y que se encarga de asegurar que todos los medicamentos (también los de las subastas) cumplen los requisitos de calidad, seguridad y eficacia exigibles.

La ministra también en esto debe saber asumir su papel como miembro de un Gobierno serio como debe ser el Gobierno de España.

Ella es la Ministra de un gran sistema; un sistema que está dotado de magníficos profesionales entre los que se encuentra el colectivo médico que por cierto apoya estas políticas de ahorro y eficiencia como parte de su código ético porque es una política que ahorra sin afectar la calidad asistencial.

Ella debería ser la Ministra que, defendiendo la sostenibilidad del SNS del que es la máxima autoridad, debía plantearse extender este modelo impulsado por Andalucía a todo el SNS para ahorrar hasta 1500 millones de euros anuales que permitirían disponer de más profesionales y mejores servicios.