El panorama político español parece cada vez más complicado y no es fácil vislumbrar a corto y medio plazo una salida positiva y estable a la próxima legislatura. En este contexto se hace difícil confiar en que nuestros dirigentes políticos vayan a incluir entre sus prioridades los problemas que desde hace ya unos cuantos años arrastran los servicios públicos, entre ellos el sistema sanitario público.

Sus preferencias de hoy y, muy probablemente, las del futuro próximo, seguirán centradas en las cuestiones que condicionan la investidura del próximo presidente del Gobierno y casi con toda seguridad, la trayectoria política de los próximos 4 años. Un período que va a estar casi o totalmente monopolizado por asuntos superestructurales como la nueva definición del modelo territorial del estado y el “cierre” (¿definitivo?) de los contenciosos con Cataluña y Euskadi, porfías cuya complejidad  se agravará en un contexto de enfrentamiento y radicalización extremos de los planteamientos de las fuerzas políticas principales presentes en el parlamento español.

Situados en este inquietante marco nos interrogarnos acerca de cuáles son las probabilidades reales de que, desde la esfera política y gubernamental, surjan iniciativas suficientemente solventes que permitan abordar con la profundidad necesaria los problemas, ya casi seculares, de nuestro sistema sanitario.


"Con el transcurso del tiempo, la crisis sanitaria corre cada vez un riesgo mayor de hacerse irreversible o conducirnos al retroceso"



Mucho nos tememos que, así las cosas, la actual crisis sanitaria --que con el transcurso del tiempo corre cada vez un riesgo mayor de hacerse irreversible o de, como mínimo, conducirnos a un retroceso de los logros conseguidos desde la instauración de la democracia-- no se va a solucionar.

Como no nos parece que los líderes políticos, inmersos en el cortoplacismo y los problemas superestructurales antes mencionados, vayan a abordar espontáneamente y con la prioridad necesaria los problemas del sistema sanitario público, es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como profesionales, convencerlos de que lo hagan.

Convicción que requerirá el compromiso de la ciudadanía y las corporaciones profesionales para persuadir a los representantes y a los responsables políticos. Empeño que precisará inteligencia, habilidad y sobre todo firmeza y tenacidad. También capacidad de asumir incomodidades y sacrificios, actitudes que demuestren que no se puede soportar por más tiempo el deterioro de este servicio público.

Claro que la ciudadanía y los profesionales establezcan sinergias sólidas de reflexión y acción no es baladí. Hace falta que ambas partes mantengan planteamientos abiertos, sin corporativismos, que establezcan las prioridades relevantes y seleccionen aquellos objetivos que, tanto a corto y medio como a largo plazo, se supone que van a tener una mayor y más positiva incidencia para conseguir un mejor bienestar social y sanitario, hoy en claro riesgo de retroceso.

Es desde esta perspectiva que nos atrevemos a hacer un llamamiento a las instituciones y organizaciones profesionales sanitarias, así como a las entidades de base y sindicales, para que no continúen dejándose arrastrar por la actual dinámica política y que, de forma coordinada, establezcan ámbitos comunes de colaboración que permitan diseñar y poner en práctica acciones en defensa del sistema sanitario público.

Las acciones aisladas e independientes procedentes del campo profesional o del ámbito ciudadano --aunque son más fáciles de formular--tienen, en nuestra opinión, más problemas de viabilidad y éxito que las actuaciones conjuntas. Pero, tal como se suele afirmar en situaciones de crisis profunda y grave como la actual, no son tiempos para que cunda el desánimo que inevitablemente conduce al abismo, sino más bien todo lo contrario, un incentivo  para buscar -- y encontrar--  mejores soluciones.
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