Las estimaciones sitúan la tasa de vacunación en el 30% para los médicos y el 8% para enfermeros. Su objetivo es alcanzar un 80% de cobertura



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Javier Leo / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Un total de 19 sociedades científico médicas y el Consejo General de Enfermería (CGE) han presentado este martes  el primer ‘Consenso sobre Vacunación frente a la Gripe en el profesional Sanitario’, un documento en el que apelan, a través de la evidencia científica, a que todos los profesionales sanitarios se vacunen contra la gripe. Sin embargo, este “deber ético y profesional” solo lo cumplen entre el 28 y el 30 por ciento de los médicos y el 7 y el 8 por ciento de los enfermeros del Sistema Nacional de Salud (SNS), según los autores del documento.

De izquierda a derecha: Piedad del Amo, presidenta de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Sanitario (Anmtas); Juan José Picazo, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y coordinador del Consenso; Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería; y María Victoria Palomares, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (Fenaer).


De acuerdo al consenso, adelantado por Redacción Médica hace casi un mes, un sanitario vacunado reduce su riesgo de padecer gripe entre el 68 y el 90 por ciento y los días de absentismo laboral hasta un 40 por ciento. Además, se calcula que por cada ocho profesionales sanitarios vacunados contra la gripe se evita la muerte de un anciano y por cada cinco una nueva infección. A pesar de estos datos, para esta temporada no se esperan entre los sanitarios coberturas superiores al 22 por ciento. Por este motivo, sociedades científicas y el CGE apuestan por “convencer” al sanitario de la necesidad de vacunarse, para autoprotegerse, proteger a los demás y dar ejemplo a los pacientes.

Sin embargo, a la hora de ir un paso más allá, de obligar por ley a vacunarse al profesional que pueda poner en riesgo la salud de un paciente por no inmunizarse, dicha determinación se diluye. Juan José Picazo, presidente de la Sociedad Española de Quimioterapia y coordinador del consenso, apunta a la “debilidad política de las administraciones ante la necesidad de obligar a la gente a hacer cosas”. Mientras, Piedad del Amo, presidenta de la Asociación Nacional de Medicina del Trabajo en el Ámbito Laboral (Anmtas), ha señalado que “no es descartable que se pueda obligar a los sanitarios a vacunarse, sobre todo en algunas especialidades” como Oncología o Hematología.  No obstante, “primero es convencer y luego vencer”, ha subrayado.

Enfermería modificará su código deontológico para que no vacunarse sea falta muy grave

Máximo González Jurado.

Mucho más claro y contundente ha sido el presidente del CGE, Máximo González Jurado, al considerar “inmoral y antiético” que un profesional sanitario no se vacune contra la gripe cuando tiene que tratar con pacientes en situación de riesgo. En línea con estas declaraciones, González Jurado ha asegurado que el CGE está trabajando en la modificación de su código deontológico para que los enfermeros que no se vacunen contra la gripe y pongan en riesgo la salud de sus pacientes sean sancionados con una falta muy grave. “No es ya que sea una obligación del profesional, es que es un derecho del paciente”, ha sentenciado.

“No ha habido valentía política ni jurídica” para cubrir este “vacío legal” y “solo nos ha quedado apelar a la buena voluntad durante estos años”, asevera el presidente del CGE, quien ha animado a los pacientes a denunciar este tipo de irresponsabilidades por parte del profesional sanitario. En este sentido, los autores del documento han indicado que el propio consenso firmado por las sociedades científicas es “un arma jurídica que puede ser utilizada y que puede hacer que el profesional sanitario que no se vacune tenga problemas legales”.

Con una postura intermedia, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias (Fenaer), María Victoria Palomares, ha apostado por otorgar un “distintivo” a las consultas y a los profesionales que se hayan vacunado para “dar mayor seguridad y confianza a los pacientes en riesgo”.


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