Redacción. Madrid
La Organización Médica Colegial (OMC) ha expresado su rechazo a la modificación de la Ley de Protección a la infancia y a la adolescencia, que entra en vigor este martes 1 de marzo y por la que se establece que aquellas profesiones que impliquen un contacto habitual con menores deben acreditar que carecen de antecedentes penales de índole sexual.
Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.
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A pesar de estar de acuerdo en que las conductas que se recogen en ella son “repugnantes”, la OMC asegura en nota de prensa que "la medida pone bajo sospecha a toda la colegiación médica arriesgando la reputación de la profesión de forma inútil". De ahí que inste a la Administración "para que se restablezca la presencia de otro profesional sanitario auxiliar en las consultas con menores".
Esta propuesta está recogida en un documento con seis puntos donde ha afirmado que “prestará a los poderes públicos toda la colaboración que sea precisa para el estricto cumplimiento de la ley”.
Por ello ha expresado que su objetivo es que se cumpla que “lo contenido en el art 9-3 del Código de Deontología Médica", respecto al acompañamiento de otro profesional sanitario". Porque, según añade, “tiene la virtud añadida de ser de doble vínculo: protege al menor del abuso, pero también protege al médico de falsas acusaciones”.
En cuanto al nuevo registro de Delincuentes Sexuales, continúa expresando que “siendo el riesgo de que se produzcan estas conductas realmente muy bajo, el beneficio de esta medida es más que dudoso, por no decir nulo, porque los que tienen antecedentes lo son por haber sido condenados y estarán fuera de la práctica profesional, por la sentencia penal y por las medidas disciplinarias colegiales, que le habrán privado de colegiación y, con ello, del ejercicio profesional”.
“Para los que no han sido condenados y por tanto no tienen antecedentes, la medida no tiene efecto, pero tampoco puede evitar que puedan serlo. Se arriesga la reputación de toda la profesión médica exigiendo un certificado inútil que complicará el funcionamiento de los servicios”.
Es por ello que la OMC pide que “se evite esta medida por la perturbación que se produciría en la relación médico paciente y la imagen que proyectará a la sociedad de todos los médicos y otros profesionales sanitarios como potenciales agresores sexuales de los menores”. Además, ha añadido que “estas faltas se califican como muy graves y llevan aparejada la suspensión de la colegiación y, por tanto, del ejercicio profesional”.
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