Redacción / Imagen: Sanitaria 2000. Madrid
Este ha sido el curso sanitario de la mayoría absoluta y de los ajustes. La ministra socialista Leire Pajín pasó sus últimos meses en el Ministerio más preocupada por la campaña electoral prevista para el 20 de noviembre, que de sacar adelante las cuestiones pendientes, queriendo dar la imagen de que dejaba ya listos temas como la troncalidad, el registro de profesionales o la prescripción enfermera, cuando la realidad fue otra.

Ana Mato y Leire Pajín, en diciembre de 2011, durante el traspaso de cartera en el Ministerio de Sanidad.

Tras el claro triunfo de Mariano Rajoy en las urnas en el mencionado 20-N, el Ministerio iba a tomar un otro rumbo. En diciembre el nuevo presidente del Gobierno depositaba su confianza en Ana Mato para una cartera que cambiaba el apellido de ‘Política Social’ de tiempos de Trinidad Jiménez por el de ‘Servicios Sociales’, y que mantenía ‘Igualdad’.

Mato y los 7.000 millones de ahorro 'sanitario' dictados por Rajoy

Mato llegaba con el encargo de preparar los mimbres para los ajustes económicos que se avecinaban, y se hizo rodear de un equipo muy técnico y con experiencia encabezado por la que era consejera de Galicia, Pilar Farjas. Meses antes, algunas consejerías gobernadas por el Partido Popular, como la de Castilla-La Mancha, la de la Región de Murcia, o la de la Comunidad Valenciana ya habían dado la voz de alarma: no había liquidez en las arcas públicas para pagar a los proveedores, algo que también constataba públicamente el Govern de Artur Mas en Cataluña, que diseñaba su euro por receta para ponerlo en marcha, precisamente, al amanecer de la noche de San Juan (como así fue).

Y llegaron los ajustes, o los recortes, depende de la óptica política desde la que se quiera mirar. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con una clara mayoría del Partido Popular, acordó primero el copago farmacéutico por renta, y más tarde la desfinanciación de más de 450 fármacos, dos de las medidas más comentadas que seguro que han contribuido a que Ana Mato sea de las ministras peor valoradas por los ciudadanos, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

A estas medidas impulsadas por el Ministerio de Sanidad para ahorrar los 7.000 millones que pidió Rajoy, hay que sumar otras que afectan al médico y a la enfermera por su condición de empleado público. Desde la ampliación de la jornada a 37,5 horas, a la supresión de la paga de Navidad para este año. Como era de esperar ante este panorama, la conflictividad social y profesional ha marcado este curso sanitario como consecuencia de los recortes y de los ajustes. En muchas comunidades autónomas ha habido paros de médicos: los conoció por primera vez Castilla-La Mancha, y también hubo mucha movilización en Cataluña, por citar algunos ejemplos. También la farmacia ha protagonizado protestas, derivadas de los impagos de la Administración, como ha sucedido en Comunidad Valenciana, o en Baleares. Precisamente en esta autonomía la presión política y de la calle llevó a ‘quemar’ a un gerente de Servicio de Salud y a una consejera en menos de un año. Así, Juan José Bestard y Carmen Castro dejaron sus respectivos cargos, en un intento por parte del Govern de Bauzá de dar un nuevo aire al departamento.

En el ministerio también fue muy comentada la marcha de la directora general de Cartera Básica del SNS y Farmacia, Sagrario Pérez Castellanos, justo después de concluir la primera parte de las reformas. Desde Sanidad se alegó que se iba a la empresa privada, a Coca-Cola exactamente, y que era algo previsto, y se recurrió a un hombre de experiencia en la gestión nacional y autonómica como Agustín Rivero para suplirla.