María Márquez, portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Andalucía.
El
Partido Socialista de Andalucía se ha marcado como uno de sus grandes objetivos para este curso político reformar la actua
l Ley de Educación que tiene casi dos décadas de antigüedad. La propuesta del grupo que lidera la oposición tendrá además un impacto indirecto en los recursos sanitarios ya que plantea incluir por primera vez en el texto legislativo la figura tanto de
las enfermeras escolares como de los
fisioterapeutas, como un recurso más para los centros. Eso sí, sin matizar el número exacto de profesionales que deben incorporarse al sistema.
La proposición de ley ha incluido un nuevo artículo, el quinto, en el que se desgranan todos los
“recursos complementarios para la atención integral” del alumnado. Entre ellos se hace una mención específica a la labor de la Enfermería escolar como referente a la hora de llevar acabo funciones de
“prevención, asistencia y coordinación sanitaria”. En cuanto a los fisioterapeutas, se especifica que su rol estará centrado en asistir al alumnado con
“discapacidad motora o necesidades de rehabilitación”.
Las dos profesiones sanitarias formarían parte de un nutrido grupo de profesionales que no pertenecen directamente a la rama educativa, junto con educadores sociales o intérpretes. Aunqu
e para ninguno se ha fijado en la ley una ratio específica que garantice su presencia en cada aula, sino que se emplaza a incluirlos en aquellos centros donde
“resulte necesario”, mientras se prepara el desarrollo final de la norma.
“La Consejería competente establecerá mediante desarrollo reglamentario
los criterios de dotación de estos recursos, así como las ratios mínimas de asignación, en función de las características del alumnado y del entorno socioeducativo”, reza la proposición de ley que los socialistas ya han logrado que se tramite en el
Parlamento de Andalucía.
Ratios máximas y una complicada mayoría parlamentaria
Más allá de los aspectos sanitarios, la gran aspiración de la Ley de Educación que proyecta el Partido Socialista es fijas
unas ratios máximas de alumnos por cada grupo, que serían de 18 en Infantil y Primaria, 23 en Secundaria y 27 en Bachillerato. Mientras que en los espacios con alumnado con
necesidades especiales el umbral desciende hasta las 16 personas.
Los planes para la contratación progresiva de profesores, la incorporación de unidades docentes de
Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje, la simplificación administrativa, las garantías en el medio rural o las medidas d
e conciliación como la reducción de la jornada lectiva a partir de los 55 años son otras de las principales líneas de actuación propuestas por los socialistas.
En todo caso, la aritmética parlamentaria antoja un complicado recorrido de la ley por el Parlamento de Andalucía, donde e
l Partido Popular de Juan Manuel Moreno Bonilla, ostenta la mayoría absoluta de la cámara. La formación que da sustento al Gobierno debería al menos abstenerse para garantizar que la norma pueda salir adelante.
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