Catalina García atribuye a los técnicos el cambio de contratos del SAS

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, y el exviceconsejero de Hacienda, Roberto Ochoa, han rechazado este martes su protagonismo en la reunión de la Comisión General del Viceconsejeros, que preparó el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2020, donde se acordó el cambio de la fiscalización previa al control financiero permanente para los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) durante la pandemia de coronavirus, materia que es objeto de las diligencias previas 2476/2024 que se siguen en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza 13 de Sevilla.

Fuentes presenciales de Europa Press en la declaración de ambos en este órgano judicial, han coincidido en señalar la negociación de los equipos técnicos de ambas viceconsejerías, la de Salud, el cargo que ostentaba García entonces, y de Hacienda, y que ambos, García y Ochoa, se limitaron a ratificar la sustitución del modelo de fiscalización por la Intervención de la Junta de Andalucía.

Ochoa ha comparecido en primer lugar ante el titular del Juzgado, José Antonio Gómez, por espacio de una hora y treinta minutos, mientras que la declaración de la consejera de Sostenibilidad ha oscilado entre el cuarto de hora y los veinte minutos. La declaración de Catalina García ha apuntado a que las directrices sobre los contratos, cuando ejerció de viceconsejera de Salud, las marcaba quien fuera director general de Gestión Económica y Servicios del SAS, José Antonio Miranda, quien también declaró el 18 de noviembre en la primera de las testificales celebradas en estas diligencias previas, al tiempo que ha indicado que su rol se centraba en salvar vidas.

El exviceconsejero de Hacienda, que ejerció este cargo entre el 8 de septiembre de 2020 y el 9 de agosto de 2022, ha defendido en su declaración que el control financiero permanente es más completo frente al muestreo de los contratos en que se fundamenta la fiscalización previa, según han indicado fuentes presenciales.

Esas mismas fuentes han remarcado que ese acuerdo del Consejo de Gobierno de octubre de 2020 para sustituir la fiscalización previa por el control financiero para los contratos del SAS, vino precedido de un informe de la Intervención de la Junta de agosto de 2020 que comportó la suspensión de un contrato del SAS cercano a los 30 millones de euros.

La comparecencia de ambos en estas diligencias previas sobre los contratos de emergencia del SAS venía precedido del protagonismo que les atribuyó la actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, durante su testifical de 18 de noviembre de 2025, quien sostuvo que la inclusión de los contratos del SAS para otra modalidad de fiscalización fue fruto de una conversación entre ambos y que venía sin el respaldo de una memoria preceptiva de la propia Intervención.

Declaración de la viceconsejera de Economía

Martínez declaró en noviembre por su pasado como interventora general de la Junta de Andalucía, cargo que desempeñaba cuando el Consejo de Gobierno acordó el 6 de octubre de 2020 modificar el modelo de fiscalización para los contratos del SAS durante la pandemia del Covid y a posteriori.

La viceconsejera de Economía y Hacienda rubricó como interventora general el 29 de septiembre de 2020 un informe anexo al expediente del Consejo de Gobierno donde hacía un repaso de la implantación de la fiscalización previa.

En el caso del SAS, recordaba que en septiembre de 2003 se amplió el control financiero permanente a nuevos centros periféricos, así como abogaba por "un régimen mixto de fiscalización" para los gastos de personal sanitario y educativo.

Estatus de investigados de los gerentes del SAS

En estas diligencias previas que se siguen en un Juzgado de Sevilla ostentan la condición de investigados la actual gerente del SAS, Valle García, así como sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Guzmán y Diego Agustín Vargas, quienes comparecieron en el juzgado dentro de una testifical que se celebró el 25 de noviembre. La declaración de los sucesivos responsables del SAS tuvo como hilo conductor el argumento de que su gestión se encaminó a afrontar las necesidades sanitarias del momento y la convicción de que su trabajo como gestores tenía el respaldo de informes jurídicos.

Estas diligencias previas sobre la adjudicación de 242 millones de euros en contratos y que se evalúa como un supuesto caso de prevaricación administrativa tiene un plazo de instrucción cuyo vencimiento es el 1 de abril, según señaló el juez José Antonio Gómez en la providencia de 27 de noviembre de 2025, por la que acordaba la citación de los comparecientes en esta jornada.