La Junta achaca a una "normalización" el nuevo control financiero del SAS

Como la "culminación de un proceso de normalización" ha calificado Carolina España Reina, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, el paso del control permanente financiero de la Intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que la despoja de la fiscalización de sus cuentas. "Nunca ha habido tanto control por parte de la Junta de Andalucía", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este miércoles. 

España Reina ha explicado que este proceso se sigue desde hace más de 30 años y que lo que busca es "mejorar la eficacia y la eficiencia en los controles", así como en los procedimientos de subvenciones, haciéndolos más ágiles. "En enero de 1993, por poner un ejemplo, se pasaron determinados gastos, órganos y servicios a control financiero permanente y cinco hospitales del SAS. Luego se pasaron el resto de hospitales y las centrales de compra del SAS, todas con el anterior Gobierno socialista, de control previo a control permanente", ha dicho. 

Además, ha insistido en que "lo único" que ha hecho el Gobierno es finalizar un proceso iniciado por la anterior interventora, "de separar el control previo del control financiero permanente". "En el resto de consejerías estaba implantado, quedaba el SAS", ha destacado.  

Consultada sobre posibles retrasos en el envío de la nueva documentación solicitada por el Juzgado de Sevilla sobre las contrataciones sanitarias de emergencia en el SAS ante estos cambios, ha señalado que siempre han sido los servicios centrales de la Intervención los encargados de remitir dicha información. "Los servicios centrales de la Intervención General son los que envían la documentación al Juzgado, los que la enviaban antes y los que la van a seguir enviando", ha enfatizado la consejera. 

La Intervención del SAS y el control financiero permanente

Hace apenas dos semanas el Gobierno andaluz ha despojado a la Intervención del SAS la fiscalización de sus cuentas en medio de la investigación que se sigue desde la justicia por los contratos de emergencia. Esta acción supone que ya no se encarguen del control financiero permanente, que comprende el 80 por ciento de sus contratos, lo que también incluye la decisión de qué información enviar o no a los juzgados de Sevilla y Cádiz, tal como lo ha desvelado el diario El País.