El órgano advierte de que los operadores europeos dudan de cualquier operación de comercio paralelo cuyo origen sea España



26 nov. 2014 15:52H
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Eduardo Ortega Socorro. Madrid
Las Administraciones Públicas ya se han puesto manos a la obra para cambiar el Código Penal con el fin de que la distribución ilegal de medicamentos se castigue con penas de prisión.

Belén Crespo, directora de la Aemps.

Así lo indica la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) en un informe en advierte de la necesidad de “profundizar” en las sanciones a los que perpetren estos delitos, para que sean “más eficaces”. Y avisa de que son de difícil aplicación si “en las comunidades autónomas han regulado sanciones menores”.

Entre las complicaciones citadas, el informe destaca también que “las farmacias que distribuyen, ante la discrepancia entre el número de recetas dispensadas al Sistema Nacional de Salud (SNS) y las recetas privadas frente al total de unidades distribuidas, alegan que no disponen de las recetas correspondientes, lo cual constituye una infracción leve siendo difícil con los datos que se consiguen en las inspecciones sancionarles por la falta correspondiente a la realización de la actividad ilegal de distribución”.

Por todo esto reclama que se cree un “Plan piloto de análisis de datos, en colaboración con la Agencia Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que permitiese la detección y actuación sobre estas actividades de forma precoz”.

Inquietud en los operadores europeos

Por otro lado, el órgano considera que “es preciso mencionar que las recientes operaciones que han tenido eco en la prensa nacional han motivado inquietud en los operadores europeos que ahora dudan de cualquier operación de comercio paralelo cuyo origen sea España”.

Sin embargo, la Aemps también indica que “actualmente está controlados los medicamentos más críticos frente a esta actividad”. Sin embargo, avisa de que “la distribución inversa parece centrarse en otros medicamentos para los que el envío a otros estados miembro de la UE no requiere ningún control”.

El órgano que dirige Belén Crespo recuerda que esta actividad genera riesgo, entre los que destacan los desabastecimientos del mercado, que “tienen un impacto directo en la salud de los pacientes cuando se trata de medicamentos que son únicos para una determinada patología”, produciéndose un “verdadero problema de asistencia sanitaria y de salud pública”.

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