Sindicatos médicos defienden que los requisitos para ejercer deben ser "los mismos" para la sanidad pública y concertada

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Comité Ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha defendido que se deben exigir los "mismos requisitos" de titulación a los profesionales para ejercer en la Medicina concertada que en la de gestión pública directa.

A través de un comunicado, CESM ha denunciado la "tendencia de las administraciones de llevar a cabo contratos a médicos sin especialidad en claro fraude de ley".

La Confederación insiste en que los requisitos de titulación para atender a los pacientes en cualquier de estas dos modalidades "deben ser los mismos, ya que solo así se pueden ofrecer en ambos modelos las mismas garantías de calidad y seguridad asistencial".

"Son numerosas las comunidades autónomas que están llevando a cabo contratos que son fraudulentos por no contar los profesionales con la titulación requerida, la mayoría en la especialidad de Medicina de Familia y Pediatría, pero ya se están viendo también en otras especialidades", han esgrimido al respecto.

Al hablar de Medicina concertada se hace referencia a todas las prestaciones asistenciales de consultas externas, hospitalización y transporte sanitario con cargo a fondos públicos, lo que incluye también las prestaciones asistenciales de las mutuas patronales y colaboradoras con la seguridad social, que como tales, realizan la gestión de importantes prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así, CESM asegura que se da la circunstancia de que puede haber profesionales trabajando en una UVI móvil que no cuenten con el título de especialista que exige la normativa, que se contrate a médicos recién egresados para cubrir puestos de Medicina de Familia o Pediatría o que se intente trasladar competencias médicas a otras categorías profesionales no habilitadas.

Por ello, CESM ha denunciado que "se está vulnerando la legalidad al no exigirse los mismos requisitos para la contratación de profesionales, y que esta práctica pone en serio riesgo tanto la seguridad del paciente como la del propio profesional por los efectos penales que un incidente pudiera acarrear, además de propiciar una falta de equidad en la atención que se presta a los usuarios dependiendo de quién los asista".