Arcadi España, ministro de Hacienda.
Nada a contracorriente el Gobierno en la tramitación de los
Presupuestos Generales del 2027. La mayoría de las comunidades autónomas ha vuelto a trasladar este lunes sus reticencias sobre el
objetivo de déficit propuesto por el
Ministerio de Hacienda, que se sitúa en el
0,1 por ciento para el próximo bienio (el mismo índice que en 2025, que, por cierto, decayó en la correspondiente votación en el Congreso de los Diputados). El margen fiscal equivalente se situaría en los
5.849 millones de euros de euros, ha informado el titular del departamento, Arcadi España, quien ha advertido de que votar contra esta senda es también hacerlo “contra la sanidad, la dependencia, la educación y otros servicios sociales” que gestionan los gobiernos regionales. “Confío en que el Partido Popular y el resto de grupos parlamentarios, desde que mañana (martes) lo aprobemos en Consejo de Ministros hasta que vaya al pleno del Congreso de los Diputados reflexionen sobre su decisión”, ha añadido.
A tan solo cinco meses de que termine 2026, el Gobierno de España ha planteado en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, elevar al 4 por ciento la regla de gasto de las comunidades autónomas para 2027, así como mantener el objetivo de déficit en ese 0,1 por ciento del PIB. Se trata del espacio del que disponen las regiones para incrementar su gasto público sin incumplir los compromisos. Con este aumento, las regiones podrán
expandir sus partidas sanitarias en términos nominales, reservando cierta parte de ese dinero, si así lo consideran, a inversiones, por ejemplo, en nuevas infraestructuras o a contratación de médicos o enfermeras.
Rechazo en bloque de las comunidades del PP
Esas son las cifras que el Ministerio de Hacienda llevará este mismo martes al Consejo de Ministros y que ha trasladado ya a las comunidades autónomas, que han adelantado sus reticencias al proyecto. Solo
Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha, todas ellas gobernadas por el PSOE, han dado el visto bueno al objetivo de déficit, que ha sido rechazado en bloque por las regiones del PP (la medida solo afecta a las comunidades autónomas de régimen común, por lo que
País Vasco y Navarra, dado su sistema foral, quedan fuera de la ecuación).
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"¿A qué están destinando (las comunidades) este histórico volumen de recursos? ¿A reducir las listas de espera o a privatizar?
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Visiblemente molesto, Arcadi España ha expuesto en rueda de prensa que la senda planteada por el Gobierno fija el déficit del conjunto de las administraciones públicas en el 1,8 por ciento para el próximo año y que la mayor parte del mismo lo asumirá la administración central (1,5 por ciento).
"Por lo tanto, no hay lugar a una crítica sobre que
la mayor parte del déficit recae en la Administración General del Estado, sino que se reparte a partes iguales también con las comunidades autónomas", ha defendido.
Financiación "histórica" para las comunidades
Todo ello en vísperas de unos
Presupuestos Generales del Estado (PGE) que siguen sin llegar. El Ejecutivo enterró las Cuentas de 2026 para centrarse en las del próximo ejercicio, aunque a cambio adelantó las
entregas a cuenta a las comunidades autónomas de régimen común para ayudar a financiar competencias como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
Esta cuantía alcanzará los 157.731 millones de euros.
“Los recursos que recibirán (las comunidades autónomas) el próximo año
se incrementarán en más de un 8 por ciento incluyendo las entregas a cuenta y la liquidación de 2025”, ha recalcado el ministro, que ha enfatizado que los gobiernos regionales dispondrán de la “mayor financiación de la historia”.
“Habrá que preguntarse en qué están o
a qué están destinando este ingente e histórico volumen de recursos que el Gobierno de España pone encima de la mesa de las comunidades autónomas -ha expuesto-. Si a reducir las listas de espera, a mejorar las condiciones laborales, por ejemplo de los profesores y las profesoras; o están dedicándolo a privatizar y a financiarse las rebajas fiscales a los grandes patrimonios”.
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