Moncloa inyecta 157.700 millones a las autonomías pero con aviso sanitario

Ante la imposibilidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el Gobierno ha aprobado este martes las entregas a cuenta a las comunidades autónomas de régimen común, que son los pagos que se adelantan por parte del Estado para financiar competencias como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Dicha cuantía alcanzará los 157.731 millones, un 7 por ciento más que en 2025, según ha detallado en Consejo de Ministros el titular de Hacienda, Arcadi España, quien durante su intervención ha lanzado un aviso a las regiones (en su mayoría regentadas por el PP): “Es momento de hablar de dónde se pone el gasto”. El dirigente socialista ha puesto en duda que los ejecutivos autonómicos aprovechen estas inyecciones económicas para reforzar sus sistemas de salud y “bajar las listas de espera”. Además, ha reclamado a los populares que, esta vez sí, apoyen la medida para que pueda ser aprobada en el pleno del Congreso de los Diputados.

Según ha detallado el ministro de Hacienda, el decreto aprobado por el Gobierno permitirá a las comunidades autónomas y entidades locales disponer de una nueva inyección económica que se podrá destinar a inversiones financieramente sostenibles. En total, la cifra ascienda a los 157.731 millones, lo que sitúa el montante final del 2026 en 170.300 millones. Se trata de un 7,7 por ciento más en comparación a 2025.

España ha apuntado que estas entregas a cuenta también se intentaron aprobar en el Congreso en diciembre del año pasado (en el marco del decreto del 'escudo social'), pero que finalmente decayeron, entre otras razones, por el rechazo del Partido Popular.

'Control' al gasto sanitario

Al respecto, ha pedido una "reflexión" a los conservadores para convalidar este decreto, que, además de las entregas a cuenta, incluye otras medidas. Entre ellas, la del superávit, que es una de las reivindicaciones que se han hecho desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que permitirá a los ayuntamientos destinar parte de sus recursos del año 2025 a determinadas inversiones sin que compute a efectos de regla de gasto (alcantarillado, industria, energía, comercio, protección civil, infraestructuras…).

Durante su intervención, el propio España ha apuntado directamente a los gobiernos del PP, a los que ha preguntado si verdaderamente están destinando este volumen extra de dinero inyectado por el Estado.

"¿A luchar contra las listas de espera? ¿A mejorar las condiciones de los profesores y profesoras, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana? ¿O están bajando los impuestos a las rentas más altas o privatizando? -ha incidido-. Es un buen momento de hablar de dónde se pone el gasto”.