La sanidad se queda en el limbo de los puestos exclusivos para funcionarios

El Congreso de los Diputados se encuentra actualmente tramitando el proyecto de Ley de Función Pública, aunque quedan 'flecos' sueltos como la limitación al máximo los puestos de trabajo reservados para funcionarios, "restringiéndolos a aquellos en los que realmente sea necesario el ejercicio de potestades públicas significativas". Según apuntan desde el último estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el caso del personal sanitario, "no está claro" si sería necesario cubrir tales puestos con funcionarios o si podrían ser "perfectamente contratados laborales".

En el informe 'Notas sobre el Proyecto de Ley de Función Pública' se repasa la normativa vigente y las modificaciones que se incluyen en el proyecto, y se aportan propuestas sobre las mismas para asegurar su "efectiva implementación". Hay que tener en cuenta que en diciembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el Anteproyecto de ley de la función pública de la Administración del Estado y en marzo fue aprobado y remitido a las Cortes. El principal objetivo del texto es "mejorar la gestión de los recursos humanos en la Administración Central, lo que incluye entre otras cosas el reforzamiento de la capacidad de atraer y retener el talento necesario, especialmente en el ámbito de las nuevas tecnologías, y la regulación de los procedimientos de evaluación del rendimiento de los empleados públicos".

Sobre 'poner coto' al número de puestos de trabajo reservados para funcionarios, los especialistas detallan que a pesar de que se recoge en uno de los artículos "debería endurecerse". "El Proyecto de Ley concreta en cierta medida las potestades públicas relevantes y establece que los puestos que comportan su ejercicio deberán cubrirse con funcionarios, pero deja abierta la posibilidad de que estos puedan cubrir también otras posiciones. Debería insistirse en que sólo tales puestos habrán de cubrirse con funcionarios, precisando también en mayor medida de qué potestades públicas y de qué puestos específicos estamos hablando", aseguran en este trabajo.

Exigencia en la selección de directivos 

Otro aspecto en el que se focalizan es en la necesidad de aumentar el nivel de exigencia en la selección de los directivos públicos, de reforzar su independencia y de dotarles de mejores herramientas de gestión, aumentando su capacidad de premiar el buen desempeño del personal y penalizar su falta de rendimiento, así como de asignar los recursos humanos y materiales a su cargo de la mejor forma posible. Algo que debería implementarse en todos los puestos públicos.

"Con este fin, sería importante dar a las unidades administrativas un cierto grado de control sobre sus propias relaciones de puestos de trabajo, permitiéndoles modificarlas siempre que esto no incremente su coste laboral total, sentar con claridad el principio de que un desempeño insatisfactorio puede terminar comportando la pérdida del puesto de trabajo y limitar las atribuciones de las organizaciones sindicales a su ámbito propio de actuación", añaden.

Programas de formación continuada

Por otro lado, los expertos señalan que hay cambios "de menor entidad" que serían muy recomendables y que no exigen modificaciones en la ley. Como ejemplo ponen la adaptación del contenido de los temarios utilizados en los procedimientos de selección y los programas de formación continua a las necesidades de cada puesto de trabajo.

En esta misma línea, también consideran que el diseño de las pruebas de selección también debería adaptarse para medir mejor la maestría de las competencias necesarias para cada puesto de trabajo.

Además, en palabras de los expertos que participan en el informe, para avanzar hacia la administración pública "que se necesita", la ley debería recoger de forma explícita que su principal objetivo es el de mejorar el funcionamiento de las administraciones públicas para que estas puedan servir mejor los intereses de los ciudadanos y no la mejora de las condiciones de trabajo o la "ampliación de derechos" de los propios servidores públicos.