En 2026 se deberá aprobar un Estatuto Marco o "será un año de movilización"

El 2025 se cierra sin un acuerdo definitivo por el Estatuto Marco de la Sanidad. En este año, todos los colectivos profesionales de la salud han salido a las calles para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales, al hilo de la falta de entendimiento con el organismo liderado por Mónica García. Ante este panorama, los representantes de los sindicatos CESM, CSIF, UGT, CCOO y Satse, en respuesta a las preguntas de este periódico, sitúan la aprobación de una nueva Carta Magna como objetivo principal de 2026.

El Estatuto Marco de la Sanidad, principal reto del 2026

Laura Villaseñor, presidenta del Sindicato de Enfermería (Satse), explica que el Sistema Nacional de Salud (SNS) deberá seguir afrontando los mismos problemas y deficiencias de años anteriores. “Tras la pandemia y pese a los compromisos de administraciones y partidos, la sanidad sigue sin suficiente inversión pública y con plantillas deficitarias en algunas categorías profesionales”, sostiene. En este contexto, señala tres grandes retos para el próximo año: más profesionales, más inversión y mejores condiciones de trabajo. “En lo que respecta a la financiación de la sanidad pública, necesitamos presupuestos realmente expansivos que permitan aumentar el porcentaje del PIB y acercarnos, al menos, a la media de muchos países de nuestro entorno. Deberíamos llegar de forma progresiva al 10 por ciento del PIB”, explica.

Por otro lado, ante la escasez de profesionales de Enfermería y Fisioterapia, Villaseñor apunta a la necesidad de aprobar la Ley de ratios enfermeras e incrementar el número de plazas universitarias con una financiación adecuada que garantice la calidad formativa. Finalmente, insiste en que 2026 “debe ser el inicio de la andadura de un nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario, que suponga una apuesta real por los profesionales de la sanidad pública y dé respuesta a sus necesidades y a las del sistema”. De lo contrario, 2026 será un año de movilización y conflicto. “Sin mejores condiciones de trabajo, los profesionales no podrán ofrecer la atención y los cuidados que requiere una sociedad cada vez más envejecida y con mayores niveles de cronicidad, dependencia y pluripatologías”, reitera.

En la misma línea, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también prioriza un Estatuto Marco justo para “todas las profesiones sanitarias”, desde médicos hasta técnicos. Al margen de ello, Fernando Hontangas, responsable del Área de Sanidad del sindicato, anuncia la intención de impulsar un estudio de demografía de profesionales para identificar las debilidades del SNS, así como aumentar las plazas en las facultades de Enfermería. De forma paralela, plantea introducir “cambios en la LOPS”, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, para redefinir las funciones de cada categoría. Una demanda a la que también se une Comisiones Obreras (CCOO). El secretario general  de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Humberto Muñoz, afirma que esta tarea se llevará a cabo una vez finalice el trabajo relacionado con el Estatuto Marco.

Por otro lado, Muñoz asegura que, ante el aumento de "políticas privatizadoras", exigirán al Ejecutivo y a "las restantes fuerzas políticas, altura de miras y visión de Estado para garantizar, en un país con los Presupuestos prorrogados pero en el que hay margen de maniobra, una financiación suficiente tanto del sistema sanitario público como del sistema sociosanitario (Dependencia y Cuidados)". Una iniciativa que consideran imprescindible para reforzar el nivel esencial de la Atención Primaria de Salud, y "desarrollar un modelo sociosanitario renovado que de respuesta a las necesidades de una población cada vez más envejecida, y por tanto con patologías y situaciones de dependencia derivadas del incremento de la cronicidad".

De igual modo, señala que, para realmente situar a la sanidad y a los cuidados en el centro, será necesario avanzar en otras áreas estratégicas como la salud pública, la prevención de riesgos laborales y la salud mental. "Seguiremos trabajando por dignificar los salarios y las restantes condiciones laborales, así como la carrera profesional, también de todas las personas que trabajan en los centros sanitarios privados y en la Dependencia, en donde aun persisten salarios que no llegan ni al SMI, y ratios abusivas que determinan sobrecargas de trabajo inaceptables", asegura.

En la misma línea, Begoña Ballell secretaria de Salud de UGT, asegura que su sindicato también estará "vigilante" en todos los procesos de externalización y conciertos sanitarios. Sobre esto, reclama la realización y promoción de auditorías que evalúen calidad, coste y eficiencia de los servicios privatizados, adelantando que impulsará la "reversión hacia la gestión pública cuando se demuestren déficits de calidad o sobrecostes". No obstante, en su horizonte más cercano sitúa tres grandes prioridades: la negociación colectiva, la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad. "Resulta imprescindible aliviar la sobrecarga asistencial con más plantillas y mejores ratios; avanzar en salarios dignos y una carrera profesional justa. La salud laboral, especialmente la protección de la salud mental ocupará un lugar central", declara. "UGT defenderá una digitalización que respete los derechos laborales y no genere más presión asistencial. Todo ello, junto a la defensa de la sanidad pública, la igualdad y el fortalecimiento del sindicato", agrega. 

Ballell promete que UGT exigirá calendarios claros para la ejecución de Ofertas Públicas de Empleo y concursos de traslado, poniendo el foco en los servicios de Urgencias, UCI y salud mental. Además, reclamará el aumento de las plantillas de Atención Primaria, hospitales y servicios de salud mental, en paralelo a la revisión y mejora de los complementos vinculados a nocturnidad, festividad, penosidad y turnicidad. De igual modo, advierte que trabajarán para reforzar la vigilancia de la salud mental y la protección en el entorno sanitario. Para ello, propondrán medidas como la actualización de los EPIs, protocolos de seguridad y recursos preventivos, así como mejoras ergonómicas y adecuación de los puestos de trabajo. También insiste en que se deben actualizar los planes de contingencia y protocolos de actuación; reforzar la formación en emergencias, catástrofes y situaciones extraordinarias. Para acabar, reclama la importancia de defender que "la incorporación de inteligencia artificial y automatización no implique pérdida de empleo".

CESM reclama un estatuto propio

Desde el colectivo médico, la Confederación Estatal de Médicos (CESM) pone el foco en las negociaciones con el Ministerio de Sanidad y reclama que 2026 sea el año de aprobación de un Estatuto Médico propio. “Se nos hace difícil imaginar un reto sindical para el próximo año que no sea un estatuto propio del médico, donde se aborden cuestiones básicas como el reconocimiento profesional acorde a la formación y la responsabilidad, una jornada laboral digna que diferencie la ordinaria de la extraordinaria con voluntariedad, una retribución justa y unas condiciones de trabajo óptimas”, señalan fuentes del sindicato. Para ello, reclaman una interlocución directa con la Administración.

Más allá de la normativa, CESM defiende la necesidad de una unión sindical profesional fuerte que, desde el Foro de la Profesión Médica, refuerce la figura del médico. Asimismo, insiste en la urgencia de implantar condiciones laborales dignas y atractivas que frenen el éxodo de profesionales de la sanidad pública. “La única manera de retener talento es mejorar las condiciones laborales, y eso repercutirá directamente en la calidad asistencial del Sistema Nacional de Salud”, concluyen.