Amenaza de huelga contra un Estatuto Marco sin jubilación y más salario

La gran mayoría de sindicatos representados en el Ámbito de Negociación lanza un órdago al Ministerio de Sanidad en pos de la reforma del Estatuto Marco. En una rueda de prensa conjunta para escenificar su “unión”, Satse, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde han puesto este lunes sobre la mesa dos cuestiones “irrenunciables” para alcanzar un acuerdo en la mesa de diálogo y, así, sellar una negociación que se prolonga ya durante dos años: pactar de forma “urgente” las disposiciones del anteproyecto legislativo e iniciar una negociación específica sobre la revalorización salarial ligada a la reclasificación profesional y sobre jubilación parcial y anticipada. Si no se plasman tales reivindicaciones, las organizaciones iniciarán en la segunda quincena de septiembre una campaña de movilizaciones conjuntas que “irán aumentando en intensidad hasta alcanzar la convocatoria de huelga”.

Tras la última reunión del Ámbito de Negociación, Sanidad se comprometió con los sindicatos a presentarles un nuevo borrador normativo, algo que no ocurrió hasta el pasado viernes, cuatro días antes del siguiente encuentro programado de la mesa de diálogo, este martes, pero con el fin de semana de por medio. Son pocos los cambios introducidos en el nuevo texto, “y en algunas cosas hasta se empeora”, según las fuentes consultadas, que lamentan el escaso tiempo que se les ha dado para analizar el documento.

Negativa al Estatuto propio del personal médico

Sea como fuere, lo cierto es que esta es la segunda amenaza de paro profesional que afronta Sanidad tras la huelga médica del pasado 13 de junio, convocada por el otro sindicato representado en el Ámbito al margen de los cinco anteriores, CESM, con el apoyo de SMA, aunque con una demanda bien distinta: la consecución de un Estatuto propio para el personal facultativo. Es una posibilidad que el frente sindical ajeno a CESM ha descartado de plano: “Ni siquiera entendemos que tengan que tener un capítulo propio”, ha dicho la presidenta de Satse, Laura Villaseñor, quien, en todo caso, no ha cerrado la puerta a incluir en la ley un “apartado específico” relativo a las guardias: “Pero, ojo, las guardas no son exclusivas de los médicos”, ha advertido.

La responsable sindical ha recordado que el Estatuto Marco afecta a casi un millón de empleados públicos: “No es el Estatuto Marco de unos pocos, es de todos”. Por ello, Satse, CCOO, UGT, CSIF y CIG abogan por conseguir una reforma normativa “real, tangible, digna y justa” que “beneficie a todas las categorías del personal estatutario”. Ha habido puntos de acuerdo al respecto en los últimos meses, según Villaseñor, pero también “distorsión”. De hecho, la presidenta de Satse ha acusado a Sanidad de “falta de transparencia” y de querer “vender la piel del oso antes de cazarlo”.

“Muchas veces conocíamos el resultado de si las aportaciones se habían aceptado o no por los medios de comunicación o por las redes sociales, y esto nos ha dejado en evidencia ante los profesionales e incluso ante nuestras propias organizaciones. El ministerio ha actuado con discutible lealtad y con muy poca responsabilidad”, ha lamentado.

Jubilación, clasificación profesional y 35 horas semanales

Frente a ello, los sindicatos han defendido su trabajo desde la “responsabilidad” y la “discreción”, fruto de lo cual se han logrado avances como las convocatorias bienales de selección de personal estatutario fijo para “luchar contra la temporalidad”, la instauración de concursos de traslados “abiertos y permanentes” en todos los servicios de salud y el nuevo modelo de clasificación profesional “acorde a la formación, la cualificación y las competencias de cada categoría”.

Pero aún hay cuestiones pendientes sobre la mesa, y una de ellas es que esa actualización de funciones conlleve una mejora salarial. "El Estatuto Marco y el Gobierno central tienen competencias para establecer las retribuciones básicas. No estamos pidiendo a las comunidades autónomas que lo financien", ha remarcado Fernando Hontangas, presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF. Para Lucía García, responsable del Área de Acción Sindical y Pública y de Desarrollo Profesional de la FSS-CCOO, el actual marco de clasificación profesional “está desfasado” y “provoca desigualdades, solapamiento de profesionales y ausencia de reconocimiento real al esfuerzo”. “Esto no va sólo de mejoras con condiciones laborales, que también. Va de construir un sistema más justo, más racional y preparado para responder a todos los retos presentes y futuros de la sanidad pública. No hay clasificación profesional si no hay una remuneración justa”, ha indicado.

Al hilo, Hontangas ha recordado que hay categorías profesionales aún regidas por marcos normativos preconstitucionales: “Esto, aunque parezca un tema baladí, tiene unas consecuencias directas en la atención y en la calidad que nuestros profesionales imparten hacia nuestros ciudadanos. Es una situación insostenible”.

Por su parte, Begoña Ballell, secretaria de Sanidad de UGT Servicios Públicos, ha reclamado la “recuperación real y efectiva” de la jornada laboral de 35 horas semanales en todo el Sistema Nacional de Salud. Finalmente, el secretario general de CIG-Saúde, Manuel González, ha destacado la “enorme relevancia” de plasmar la jubilación anticipada y la parcial a través de contrato de relevo en el Estatuto Marco, a pesar de que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha dicho en varias ocasiones que esas medidas no tienen cabida en esta norma porque son competencia de otros ministerios: Función Pública y Seguridad Social.

Al respecto de ello, Villaseñor ha instado al ministerio a que “no se niegue a la negociación”: “Le pedimos a la ministra que se comprometa y que se esfuerce por negociar con los otros ministerios implicados”. La “obligación” de García, ha subrayado, es esa: “Nosotros no estamos negociando sólo con el Ministerio de Sanidad, estamos negociando con el Gobierno de España, y eso es lo que no le parece claro a la ministra”.