Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.
Carmen Fúnez,
vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, acude al plató de
Redacción Médica en un momento clave para la sanidad española, pendiente de cuestiones como la gestión de los
cribados de cáncer, la redacción del nuevo
Estatuto Marco o la futura
Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios. "¿Creemos que hay una
crisis en cribados? No, no la hay porque posiblemente España es uno de los países que más ha avanzado en los cribados de cáncer", defiende la también diputada nacional, que pasó a ocupar la Vicesecretaría sanitaria el pasado mes de julio.
En una completa entrevista, Fúnez explica cuál es el modelo del PP para actualizar las condiciones de los profesionales sanitarios, cómo se deberían atajar las listas de espera o cómo plantear mejoras en el modelo
Muface. "Tiene que haber tasa de reposición que permita eliminar esas guardias de 24 horas y en esa línea es en la que nosotros, como Partido Popular, vamos a trabajar y vamos a exigirle al Ministerio de Sanidad que lo haga", avanza a este periódico.
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se levantaron del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado en Zaragoza. Llevan meses reclamando que haya más transparencia y participación en este órgano. ¿Cómo se podría lograr que funcionase mejor? ¿Se podrían hacer vinculantes sus decisiones?
Lo que ha ocurrido con los consejeros de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular es algo esencial. Desde el primer momento hemos pedido a la ministra, también desde el Congreso de los Diputados, entender que el ministerio no es una herramienta electoral, sino que es un puente para coordinar y cooperar con aquellas que tienen competencias en materia sanitaria, que son las comunidades autónomas. Es algo esencial, el Consejo Interterritorial de Salud debe tener como objetivo mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, se rige por un reglamento y ese reglamento hay que cumplirlo. Nos estamos acostumbrando, por desgracia, a que el Gobierno de España incumpla leyes, la Constitución y los reglamentos de funcionamiento de muchos de los órganos de nuestra Administración Pública.
Hemos pedido que cumpla el reglamento, que se recuperen el diálogo y el consenso en el ámbito del Consejo Interterritorial y que no utilice el ministerio como herramienta de acción electoral. Si sigue así, lo que conseguirá es dejar de dar el servicio y el objetivo que tiene el ministerio, que es trabajar por mejorar el Sistema Nacional de Salud con aquellos que tienen las competencias, que son las comunidades autónomas.
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP.
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Toda esta confrontación política se ha visto agudizada por la crisis de los cribados en cáncer. Comenzó en Andalucía, pero se ha extendido por toda España. De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió más responsabilidades al PP en el Congreso de los Diputados. Por parte del Ministerio de Sanidad se están pidiendo unos datos que, por parte de comunidades autónomas gobernadas en parte por el PP, están diciendo que hay fallos con el sistema informático. ¿Qué necesitan los profesionales sanitarios para poder llevar a cabo estos cribados? Andalucía prevé la contratación de 65 radiólogos en su plan de choque pero, ¿hay suficientes médicos para poder llevar a cabo estos programas de prevención, las suficientes infraestructuras? ¿Cómo se puede lograr?
En el tema de los cribados, lo primero que tenemos que poner de manifiesto es que Juanma Moreno, en Andalucía, donde se detectó que había un fallo en ese protocolo a la hora de comunicar el resultado de los cribados, tomó medidas. Primero, se asumieron responsabilidades y se pidió perdón a las personas afectadas, cosa que el Gobierno de España no ha hecho en ningún ámbito. Podríamos recordar el tema de las pulseras para las mujeres víctimas de violencia de género, a pesar de los errores, la ministra sigue.
Carmen Fúnez defiende las acciones que ha promovido Juanma Moreno tras detectar fallos en los cribados de cáncer
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En segundo lugar, lo que hizo Juanma Moreno fue asumir responsabilidades desde el punto de vista político. Y en tercero, pasar a la acción, es decir, llamar a esas más o menos 2.000 mujeres que se calculaban que podían estar afectadas dentro de esa situación, para que cuanto antes se revisase su historial médico y se viese en qué situación se encuentran.
Lo que no puede ser es que el Ministerio de Sanidad, en lugar de convocar un Consejo Interterritorial Extraordinario para revisar la situación de los cribados en España, exija una serie de datos cuando se sabe perfectamente que dentro del Consejo Interterritorial de Salud existía una ponencia sobre el manejo de datos en cribado de cáncer y la aplicación informática que se iba a aprobar para volcar esos datos, y que eso se pondría en marcha en enero del año 2026. Y que los datos se tendrían que volcar con indicadores homogeneizados entre todas las comunidades a partir de enero del año 2026 hasta marzo del año 2026. El Gobierno eso se lo salta, directamente envía una carta y una exigencia a las comunidades autónomas para que pasen los datos de cribado. Y vuelvo al principio, hay que cumplir los reglamentos, hay que cumplir la ley, hay que cumplir con los acuerdos que han nacido del Consejo Interterritorial.
Y el Ministerio no puede utilizar la cartera de Sanidad como una herramienta electoral y partidista, que es lo que está haciendo. Yo entiendo que al final Mónica García es la sexta ministra de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido prácticamente una plataforma de impulso de candidatos desde que llegó al Gobierno y así ha utilizado el Ministerio de Sanidad. Pero estamos hablando de la salud de los ciudadanos, y eso hay que hacerlo con muchísima seriedad.
En el tema de cribados, ¿las comunidades autónomas del PP se niegan a dar los datos? No, porque entendemos que es positivo compartir datos para mejorar las políticas públicas desde la evaluación de los resultados que se dan. ¿Creemos que hay una crisis en cribados? No, no la hay porque posiblemente España es uno de los países que más ha avanzado en los cribados de cáncer. Estamos ampliando la edad de las mujeres para hacerlos y cumpliendo con las directivas europeas en todas las comunidades autónomas. Pero hay que hacer el volcado de esos datos a través de las decisiones que fueron consensuadas por todos y que ahora la ministra quiere incumplir.
Respecto a la posibilidad de incorporar a más profesionales, ¿la ven viable? ¿Hay suficientes médicos en España u otros profesionales que también están en materia de prevención?
Si hay algún punto que une ahora mismo a cualquier español, no solo a aquellos que conocen el sector sanitario en profundidad, es que el problema fundamental del Sistema Nacional de Salud en este momento es la falta de profesionales sanitarios. Tanto en Atención Primaria como en otras especialidades. Y que ahí es donde se producen consecuencias tremendas como son las listas de espera y determinadas cuestiones que están haciendo más complejos los resultados de nuestro Sistema Nacional de Salud.
Por lo tanto, yo creo que sí tenemos suficientes médicos. Con un análisis serio y riguroso, manteniendo un diálogo con las comunidades autónomas, con los colegios profesionales y con las asociaciones de pacientes, no es tan difícil. En nuestro país no es tan difícil trabajar si tenemos un objetivo común que es mejorar la salud pública y la sanidad pública.
Si de lo que estamos hablando es de conseguir mejores rendimientos electorales y de que el Ministerio de Sanidad sea una herramienta de oposición política a las comunidades autónomas, pues lógicamente no lo conseguiremos. Y habrán abandonado la vía del diálogo y habrán apostado por la vía de la imposición, que es el ejemplo más claro de la ministra Mónica García. Nosotros creemos esencial, para ver exactamente cuántos profesionales sanitarios se requieren en especialidades, sentarnos a hablar y escuchar a los profesionales, a los colegios profesionales, a los sindicatos y a las comunidades autónomas. El diálogo es la vía esencial para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud.
Carmen Fúnez considera la falta de médicos como uno de los problemas principales del SNS.
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Las comunidades autónomas, sindicatos y Ministerio de Sanidad están dialogando, también, sobre el nuevo Estatuto Marco, que ha generado también distintas movilizaciones y varias jornadas de huelga médica. ¿Qué líneas rojas marca el PP ?
El Estatuto Marco, posiblemente, sea el mejor ejemplo de la falta de diálogo del Ministerio. Aparte de otros anteproyectos de ley, que ya han pasado por el Consejo de Ministros, pero que nunca llegan al Congreso y al Senado, porque se pone de manifiesto que, cuando no ha habido diálogo, se presentan multitud de alegaciones. Podríamos hablar de la Ley del Medicamento, para la que han presentado alegaciones más de 400 entidades y suman algo más de 6.000. Ese es el ejemplo claro de que con las entidades no se ha hablado, porque si no, se hubiese recopilado la opinión antes y lo hubiese reflejado en el texto.
Y con el Estatuto Marco pasa algo parecido, le ha estallado en las manos a la ministra. Antes de presentar el anteproyecto de ley tenía que haber hablado con los colegios profesionales, con los sindicatos, con las comunidades autónomas; y también con el Ministerio de Hacienda y de Función Pública, que aunque no son ministerios que militen en su mismo partido político, sí forman parte de la mesa del Consejo de Ministros en el que Mónica García se sienta. Por lo tanto, entendemos que en el Estatuto Marco era esencial, primero, diálogo, porque si no, te estalla en las manos y te conviertes en la primera ministra que va a tener tres huelgas nacionales de médicos en menos de seis meses. Junio, septiembre y ahora hay convocada otra para diciembre.
También, no presentar leyes que implican a las comunidades autónomas sin hablar con ellas. ¿Y qué han dicho las comunidades autónomas? Que para hablar del Estatuto Marco que viene a mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios hay tres cuestiones que son esenciales: un informe técnico de las medidas de la ley, un informe jurídico de cuáles son las leyes que va a cambiar esa ley y, en tercer lugar, un informe económico. No podemos permitir que el ámbito sanitario también rija lo que está ocurriendo en España, que es aprobar leyes sin memoria económica.
El PP pide una memoria técnica, otra económica y otra jurídica para el nuevo Estatuto Marco.
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En Política hay que tener algo muy muy claro, una ley sin memoria económica es un catálogo de buena voluntad, de medidas que supuestamente pretenden cambiar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios en España. Pero si no tiene memoria económica, se queda en eso, en voluntad de cambio, porque no va a llegar nunca.
Por lo tanto, memoria técnica, también del Ministerio de Función Pública y del de Hacienda; informe jurídico e informe económico. Sin eso, es imposible que podamos entrar a valorar ni una sola de las medidas que ahí se recogen, que además no han surgido del diálogo con los sectores y los profesionales sanitarios, sino que ha sido un texto impuesto por el Ministerio de Sanidad. A partir de ahí, podemos hablar. También por una cosa importante, y es que hay que explicárselo también a los profesionales para que sepan cuál es la realidad técnica, jurídica y económica de nuestro sistema.
En base también a esa información, ¿se podría avanzar en la eliminación de las guardias de 24 horas que reclama el colectivo médico? ¿Desde el Partido Popular ven viable la eliminación de estas guardías? ¿Se debe hacer de forma progresiva? ¿Hay suficientes profesionales?
Es una de las cuestiones que están encima de la mesa y que se tendría que haber hablado previamente con los profesionales sanitarios, con los colegios profesionales y con los sindicatos. Es esencial recuperar el diálogo. Y tenemos que hablar de la tasa de reposición en este país. Y la tasa de reposición no se está cumpliendo en materia sanitaria, por lo tanto, hay una falta de profesionales sanitarios en nuestro Sistema Nacional de Salud.
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"El problema fundamental de la sanidad es la falta de profesionales"
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Para poder afrontar retos como eliminar las guardias de 24 horas es esencial que hablemos, que contabilicemos, que calculemos y estudiemos cuántos profesionales se necesitarían para poder poner en marcha esta medida. Es fundamental. Es que hay un error de base y es aprobar leyes o presentar anteproyectos de ley desde el dogmatismo y el sectarismo y no desde un análisis real del Sistema Nacional de Salud.
Tenemos un Sistema Nacional de Salud de calidad. Eso nadie lo pone en duda. Pero si queremos la mantenga es esencial sentarnos con todos para hacer un diagnóstico adecuado, para ver exactamente cómo tenemos que actuar y para que nuestras políticas sean plenamente valuables.
Y en la cuestión de las 24 horas es así. Es decir, ha faltado diálogo con los profesionales y desde luego está claro que faltan profesionales, que eso es algo que nadie pone en duda. Tiene que haber tasa de reposición que permita eliminar esas guardias de 24 horas y en esa línea es en la que nosotros, como Partido Popular vamos a trabajar y vamos a exigirle al Ministerio que lo haga.
El PP supedita la eliminación de las guardias de 24 a la tasa de reposición en sanidad
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Desde los sindicatos médicos, CESM y SMA se está reclamando un Estatuto Médico al margen del Estatuto Marco, una iniciativa que ya están llevando también al Congreso, a través de reuniones con los partidos políticos. ¿Desde el Partido Popular ven viable un estatuto propio para los médicos o tienen que ir en conjunto con el resto de profesiones dentro del Estatuto Marco?
Esa es una de las consecuencias de un Estatuto Marco que no ha sido dialogado y trabajado previamente con nadie, que ahora los médicos exijan un estatuto propio. Y lo que es peor, desde el Ministerio de Sanidad están generando un enfrentamiento entre profesionales sanitarios que a mí realmente me preocupa. No es de recibo que, porque no se haya definido de manera adecuada y porque no haya habido un diálogo previo, estemos viendo ahora situaciones de enfrentamiento entre distintos profesionales sanitarios que nunca se habían dado. Por lo tanto, lo que buscamos es que vayamos al diálogo, a sentarnos con todos, a que generemos mesas de trabajo para que todas las piezas encajen y para que podamos seguir manteniendo ese Sistema Nacional de Salud, de calidad, que pasa obligatoriamente por que las condiciones laborales de los profesionales sean mejores. Y para eso es fundamental tener en cuenta a todos ellos en la misma mesa y a partir de ahí ponernos a trabajar.
¿Verían viable apoyar esa ILP (Iniciativa Legislativa Popular) si la plantean los médicos?
Nosotros lo que vemos viable es sentarnos todos, trabajar juntos e intentar eliminar esos enfrentamientos que se han generado entre distintos profesionales.
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"El Estatuto Marco es el mejor ejemplo de la falta de diálogo en Sanidad"
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La jubilación anticipada y los salarios de los profesionales sanitarios son dos aspectos que, parece, se van a quedar fuera del Estatuto Marco. ¿Considera el PP que los profesionales de la sanidad deberían poder acogerse a un retiro anticipado? En caso de ser así, ¿qué profesionales?
Lo primero que tenemos que valorar es pensar a quién nos estamos dirigiendo, que es a los usuarios del Sistema Nacional de Salud, a los pacientes, y darles el mejor servicio posible. Y para eso, es esencial garantizar la tasa de reposición. ¿Cómo podemos hablar de jubilación anticipada si ni siquiera sabemos cuántos profesionales se van a incorporar al Sistema Nacional de Salud en el futuro y cuántos necesitamos para que esa tasa de reposición esté plenamente cubierta?
Si no afrontamos eso, es imposible que estemos hablando de jubilación anticipada. Si no nos sentamos con los profesionales sanitarios y les decimos si apuestan por la jubilación anticipada o no, no estaremos haciendo absolutamente nada. Estaremos hablando de teorías y dogmatismos y de propuestas que no se basan en la realidad. Nosotros necesitamos hacer nuestro Sistema Nacional de Salud sostenible, tanto desde el punto de vista económico como también desde el punto de vista de profesionales que trabajan en él. Y, por lo tanto, afrontar el reto de la jubilación anticipada pasa sin ningún género de dudas por estudiar la tasa de reposición.
Las competencias de sanidad las tiene plenamente el Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla. El otro día, que yo estuve en Melilla, lo que me decían los profesionales era que no se cumple la tasa de reposición y que están realmente preocupados porque el envejecimiento de los profesionales allí es muy y no saben si se van a cubrir las plazas una vez que se jubilen o no. Si ese es el modelo que tiene el Ministerio de Sanidad en donde tiene las competencias, me parece una absoluta frivolidad que eso se pueda trasladar al resto de España.
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"Hay que hacer sostenible el SNS desde el plano económico y profesional"
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Por lo tanto, antes de hablar de jubilación anticipada, sentémonos a hablar de la tasa de reposición de los profesionales sanitarios. La OCDE decía que en el plazo de diez años el número de enfermeras que iban a jubilarse estaría en torno a los 64.000. Tenemos que hablar de eso. ¿Qué está ocurriendo? Analicemos todo el proceso de los profesionales, desde que ingresan en una facultad hasta que salen de ella y pasan por la formación especializada, porque eso es esencial para afrontar el problema.
Carmen Fúnez liga la tasa de reposición a una posible jubilación anticipada de los profesionales sanitarios.
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Respecto a la otra pata, la de los sueldos, ¿considera que tienen los profesionales sanitarios, los médicos, enfermeros y demás profesionales que conforman el Sistema Nacional de Salud, unos sueldos acordes con su trabajo y con su responsabilidad? ¿Hay presupuesto ahora mismo para intentar mejorar esas condiciones salariales?
Hablar de presupuestos generales del Estado en España se está convirtiendo en auténtica utopía. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado debería estar ya presentado en el Congreso de los Diputados y, por tercer año consecutivo, el Gobierno de España incumple esa obligación constitucional.
Cuando no hay presupuesto, cualquier medida es un ejercicio de buena voluntad, o sectarismo, o dogmatismo, o imposición, pero cada propuesta tiene que ir acompañada del presupuesto. Para estar hablando de remuneraciones para nuestros profesionales sanitarios tendríamos que exigir, en primer lugar, que se aprueben unos presupuestos generales para el año 2026. En segundo lugar, es esencial una financiación de nuestro Sistema Nacional de Salud. Y ahí deberíamos estar hablando de algo muy importante que es la financiación del sistema autonómico, porque una de las partidas más importantes de las comunidades autónomas en España es la sanidad.
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"Tiene que haber tasa de reposición que permita eliminar guardias 24 horas"
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Si vemos la media del gasto de las comunidades autónomas en materia sanitaria supone alrededor del 35 por ciento del presupuesto. Sin embargo, en el Ministerio de Sanidad lo que hemos visto estos años es que se ha ido reduciendo del presupuesto vigente que tenemos y que se aprobó antes de las últimas elecciones generales, con un Congreso de los Diputados absolutamente distinto.
Lo que aparecía en ese presupuesto es que el Ministerio de Sanidad tenía una partida de alrededor de unos 3.200 o 3.300 millones de euros. Después pasó a tener como 1.600-1.400 millones de euros y el resultado es que la ejecución presupuestaria del año 2024 fue que dejaron sin ejecuta un 16 por ciento de ese presupuesto.
En materia presupuestaria están perdidos absolutamente y, si queremos mejorar la remuneración económica de nuestros profesionales sanitarios tenemos que abrir cuanto antes el sistema de financiación autonómica porque de ello dependerá también la financiación del Sistema Nacional de Salud cuyas competencias las tienen las comunidades autónomas.
En tercer lugar, ¿cuál es el modelo de remuneración económica que tiene el Ministerio de Sanidad? ¿El de Ceuta y Melilla? En Ceuta y Melilla se están pagando las guardias con menos remuneración que en cualquier otro territorio. Es decir, las guardias que paga el Ministerio de Sanidad en Ceuta y Melilla son las más bajas de todo el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, nosotros no compartimos el modelo que tiene el Gobierno de España. Pero sí entendemos que es absolutamente esencial que las remuneraciones económicas se adapten a dos cuestiones.
Primero, a reconocer la responsabilidad que tienen los profesionales sanitarios en nuestro país, el trabajo que desarrollan y lo que aportan a la sociedad. Y luego, debemos apostar por que esas remuneraciones supongan también una medida para atraer y retener talento. Cada vez vemos más a profesionales sanitarios que, después de formarse aquí, se van de España; y necesitamos que se queden aquí.
Necesitamos que haya investigadores en España, que se queden en nuestro Sistema Nacional de Salud y que los médicos aporten su conocimiento a nuestro país. Y hay que homogeneizar porque, si no, se puede generar competencia por la falta de profesionales sanitarios, que es responsabilidad del Ministerio de Sanidad. Si no, se pueden crear distintos modelos retributivos entre comunidades autónomas de tal forma que se puede llegar a competir por retener talento.
Comentaba el tema de los PGE, que llevan prorrogados varios años. ¿Cuáles tendrían que ser las bases de los nuevos presupuestos?
Nosotros. Primero que los Presupuestos Generales del Estado no son una herramienta para pagar votos para seguir tres días más el Moncloa. Es decir, es que al final, cuando estamos hablando de Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno de España mira a Puigdemont y mira a Bildu. No está mirando las necesidades que tienen los españoles en este momento y mucho menos las necesidades sanitarias. Eso está absolutamente claro. Que no se centran en eso ni en susobjetivos a la hora de aprobar un presupuesto para el año 2026 es mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, mejorar la financiación de las comunidades autónomas y mejorar y aumentar el número de profesionales sanitarios.
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"Si queremos mejorar la remuneración económica de nuestros profesionales sanitarios tenemos que abrir cuanto antes el sistema de financiación autonómica"
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Eso debería ser absolutamente esencial. Y, sin embargo, el Ministerio está pensando más en pagar los votos que le exigen los separatistas, los partidos separatistas y Bintú. Ese creo que es el gran error del Gobierno y por eso no salen al final los presupuestos y llevamos con unos presupuestos aprobados en el año 2022 intentando dar respuestas a las necesidades de los españoles a las puertas del año 2026. Hay una brecha que es imposible que eso se pueda arreglar. Y al final, si un Gobierno es incapaz de aprobar presupuestos significa que es incapaz de dar soluciones reales. No ventas, no grandes titulares, no política espectáculo, sino propuestas reales. Y por eso es por lo que le estamos diciendo, que si no puede gobernar que se vaya, que lo entendemos. Que si no puede gobernar, que si no puede atender estas necesidades que salga ya del Palacio de la Moncloa y convoque elecciones para que sean los españoles los que hablen.
El debate sobre la protección del derecho del aborto y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales también se ha agudizado las últimas semanas. Mientras el Ministerio de Sanidad ha mandado un requerimiento a Madrid, Aragón y Baleares para la creación de ese registro de objetores, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, planteó la posibilidad de crear un registro de médicos que quieran practicar abortos y derogar el de objetores de conciencia. ¿Han ahondado en esta propuesta y su base legal?
En el tema del aborto no ha cambiado nuestra posición, especialmente porque cuando hablamos de aborto nos dirigimos a las mujeres con muchísimo respeto, que es exactamente lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno de España cuando está hablando de aborto. Yo entiendo que Pedro Sánchez esté tremendamente preocupado porque de José Luis Ábalos hablando a Cámara diciendo «soy feminista porque soy socialista», hemos pasado a un Gobierno en donde, con dinero público, se ha pagado a mujeres prostituidas, un Gobierno que llegó con la ley del solo sí es sí y permitió que miles de violadores y pederastas saliesen a la calle y viesen rebajadas sus penas. Es el Gobierno con el que las pulseras telemáticas que deberían garantizar la seguridad de las víctimas de violencia machista han fallado, es decir, es el Gobierno de toda la democracia española que más le ha fallado a las mujeres españolas sin ningún género de dudas.
Están intentando utilizar el aborto, que es un debate que está cerrado en nuestro país porque hay una ley vigente y ratificada por una sentencia del Tribunal Constitucional, para intentar recuperar la confianza de las mujeres generándoles inseguridad, miedo y falta de garantías en el acceso al aborto. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente indecente que se esté utilizando esta cuestión para intentar volver a recuperar la confianza de las mujeres, que no nos traten a las mujeres como si fuésemos tontas porque no lo somos, sabemos exactamente lo que ha hecho ese Gobierno y lo que se ha hecho dentro del partido socialista que sustenta al Gobierno. Y a partir de ahí podemos hablar de aborto.
Fúnez defiende que el derecho al aborto está "totalmente garantizado" en España.
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El aborto en España está absolutamente garantizado por ley en todas las comunidades autónomas, y eso es perfectamente compatible con la objeción de conciencia. Y los profesionales sanitarios ahora, como antes, pueden declararse objetores de conciencia para no llevar a cabo esa práctica. Eso ha ocurrido hace años y se sigue manteniendo en este momento.
Si hay territorios donde el aborto no está garantizado porque el 100 por 100 de sus profesionales son objetores de conciencia, son Ceuta y Melilla. Otra vez, los dos ámbitos territoriales que desde el punto de vista sanitario dependen del Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué? Por falta de profesionales. Si todos los profesionales sanitarios de Ceuta y Melilla están declarados objetores de conciencia, ¿qué hace la ministra que no interviene en esta cuestión? Ese es el tema. Es decir, cuando tú utilizas una cuestión como esta como herramienta electoral para hacer oposición a las comunidades autónomas, a veces se termina convirtiendo en un bumerán. Y eso es lo que le puede llegar a ocurrir al Gobierno con esta cuestión. El aborto está garantizado. Los médicos y los profesionales pueden ser objetores de conciencia y lo que le pedimos sin ningún pudor ya al Gobierno de España es que deje de utilizar esta cuestión para dividir a la sociedad e intentar, de alguna manera, recuperar la confianza de las mujeres cuando la tienen absolutamente perdida.
Su predecesora en el cargo, Ester Muñoz, adelantó a Redacción Médica en una entrevista que, si el PP llegaba al Gobierno, promovería una Airef Sanitaria para tener un mayor control de las actuaciones de salud por parte de organismos independientes; y que había mandado una propuesta al Gobierno en este sentido. ¿Hay alguna novedad? ¿Cuáles deberían ser las líneas maestras de esa Airef Sanitaria?
En el ámbito de las políticas públicas hay algo que nos están requiriendo cada vez más los ciudadanos. A veces hablamos demasiado desde el punto de vista de inversión o gasto. Es decir, se miden los resultados. Nosotros estamos apostando por evaluar cuál es el resultado que dan las políticas públicas para ser más eficientes a la hora de utilizar los recursos de los ciudadanos. Es el momento político oportuno para apostar por ese modelo de gestión, no solo en el ámbito sanitario, sino en cualquier ámbito de la política española. Lo que está pasando en este momento es que, en general, la clase media española está esquilmada a impuestos, se les han subido 97 veces desde que llegó Pedro Sánchez.
Cada vez hay mayor presión fiscal y, sin embargo, los ciudadanos tienen la sensación de que reciben peores servicios públicos. Quizás es porque no se llevan los presupuestos a los programas más útiles para los ciudadanos y, por lo tanto, ha llegado el momento de evaluar cuál es el resultado de las políticas públicas, cuál es la financiación que se dedica y cuáles son los resultados que se obtienen.
Y en materia sanitaria es esencial un modelo como el de una Airef que lo evalúe. Por poner un ejemplo, en el ámbito en el que yo estoy trabajando dentro del partido, donde nos ocupamos también de Política Social, hay una medida que es el ingreso mínimo vital que se impulsó hace unos años. Pues la Airef nos está diciendo que no está funcionando porque el ingreso mínimo vital era una ayuda económica hasta que la persona se incorporase al mercado laboral. Porque lo importante no es que en España haya mucha gente cobrando subvenciones o ayudas, sino que haya más españoles incorporándose al mercado laboral porque eso nos hará todos un país más fuerte. Lo que pone de manifiesto la Airef es que la mayoría de los perceptores no se incorporan al mercado laboral, sino que se mantienen en tiempo. El 60 por ciento de los perceptores del ingreso mínimo vital llevan cobrándolo ya cuatro años. ¿No cumple? Pues habrá que revisar esa política para hacerla útil. Ese modelo es imprescindible en el ámbito sanitario porque los recursos no son ilimitados y tendremos que dedicarlo a aquello que da mejores resultados.
Carmen Fúnez defiende la importancia de una Airef sanitaria que evalúe las medidas impulsadas en este ámbito.
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Comentaba al principio de la entrevista la necesidad de estudiar el relevo generacional de los profesionales sanitarios para los próximos años. Las últimas medidas impulsadas por Sanidad han conseguido que la última convocatoria MIR se quedase sin plazas vacantes. Sin embargo, todavía no se conocen el número de renuncias, un aspecto en el que el ministerio quiere trabajar para introducir un mecanismo de 'repesca'. ¿Qué cambios cree que necesita el sistema MIR?
En el último MIR se presentaron alrededor de unos 14.600 aspirantes y las plazas que se ofertaron fueron 9.000, cuando realmente sabemos que en España se necesitan más profesionales sanitarios. Ese es, desde mi punto de vista, el problema esencial.
Desde el Partido Popular venimos diciendo que hay que aumentar el número de plazas en Atención Primaria. Es nuestra gran apuesta, y lo estamos defendiendo porque, al final, la Atención Primaria es la puerta de acceso al Sistema Nacional de Salud. Si tú ya tienes problemas en ese nivel asistencial, eso va a repercutir en todo el proceso del sistema sanitario.
Y ahí es donde estamos trabajando. Hay 4.500 plazas vacantes de médicos de Primaria, y le hemos propuesto al Gobierno que, en lugar de aumentar 36 (que es lo que viene previsto para el próximo MIR), aumenten 1.000 plazas más durante cuatro años consecutivos, para que nuestro Sistema Nacional de Salud empiece a paliar los problemas que tiene ese bloqueo en atención primaria.
No es tanto un problema de repesca, sino de por qué no nos anticipamos a ella, por qué no flexibilizamos, por qué no permitimos que las comunidades autónomas ofrezcan más formación sanitaria especializada en cualquiera de las especialidades del Sistema Nacional de Salud.
¿Por qué no hablamos de eso? ¿Por qué no trabajamos en esa línea? ¿Por qué tenemos que limitarnos a quedarnos como estamos y luego afrontar un proceso de repesca? Pensemos y trabajemos desde el principio, desde antes, viendo exactamente cuántos profesionales se necesitan y permitiendo que las comunidades autónomas puedan trabajar con mayor flexibilidad para incorporar esa formación sanitaria especializada, para aumentar el número de plazas MIR en cualquier punto, en cualquier ámbito de especialización. Para nosotros es esencial. Y eso pasa por hablar con las comunidades y con los colegios profesionales. Yo no sé qué le ocurre a la ministra de Sanidad para que le tenga miedo a ese diálogo constante que tiene que existir en el ámbito sanitario.
Comentaba el tema de la Atención Primaria, que es uno de los ámbitos más necesitados de profesionales y que, en los últimos años, ha sufrido una acumulación de retrasos a la hora de pedir cita. Es el ámbito que más reclama mejoras. ¿Cómo se podría poner remedio a ese deterioro progresivo que está padeciendo Primaria? ¿Cómo se puede fomentar que los médicos quieran trabajar en este ámbito?
Hay dos medidas que, desde mi punto de vista, son absolutamente fundamentales. La primera, aumentar el número de plazas. Y la segunda, mejorar la retribución y las condiciones laborales de los profesionales.
Hablábamos antes: la retribución y las condiciones laborales deberían ser una medida para atraer y retener talento. Y aquí es pura necesidad tener más profesionales para desbloquear el sistema desde la base.
El Estatuto Marco hubiese sido una herramienta esencial si hubiera sido un proyecto dialogado desde el principio, no lo que ha presentado el Ministerio, que ha hecho que la ministra tenga el récord de huelgas en seis meses.
Fúnez señala el aumento de profesionales y la mejora de sus salarios como dos puntos claves para abordar las listas de espera en España.
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Toda esta falta de profesionales deriva también en las famosas listas de espera que acabamos de comentar. En el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar se pactó hacer una nueva ley de listas de espera. Hasta el momento se ha creado un grupo de trabajo y se están preparando nuevas guías que acoten los tiempos máximos para concertar esas citas ¿Cómo se pueden atajar esas demoras de acceso, tanto en Atención Primaria como en atención hospitalaria, que los ciudadanos están padeciendo y los profesionales denunciando?
Posiblemente, si le preguntásemos a los españoles cuál es el problema sanitario que tienen, nos contestarían: las listas de espera, sin ningún género de dudas. Y yo creo que hay un factor esencial, que es la falta de profesionales. Si no unimos listas de espera a falta de profesionales, creo que nos estaremos equivocando.
En segundo lugar, creo que es esencial también hablar de cómo las tecnologías pueden beneficiar a la eliminación de esas listas de espera o, al menos, a ir reduciéndolas poco a poco. En cualquier caso, vuelvo al principio: diálogo. Vamos a hablar con los profesionales. Ellos saben cuáles son los problemas que tienen para intentar disminuir esas listas de espera, para ser más eficientes, para reducir procesos administrativos que, a veces, hacen que se pierda muchísimo tiempo de atención a los pacientes. Creo que esas cuestiones son esenciales para trabajarlas en una mesa de diálogo. Pero de diálogo real, no de imposición.
Desde las comunidades autónomas del PP se está trabajando para intentar reducirlas. Hablaba antes de la incorporación de más profesionales sanitarios, por ejemplo, en Andalucía, con un plan de choque. Medidas como esas, creo que nos pueden ayudar considerablemente a reducir las listas de espera. Pero hay que tener en cuenta algo esencial: el Ministerio no debe ser una administración de oposición, sino una administración de coordinación y cooperación.
En materia de listas de espera también. Porque las listas de espera han crecido considerablemente desde que llegó Pedro Sánchez al Gobierno de España. Y posiblemente sea porque, desde el Gobierno, no se está colaborando ni se está cooperando. Y la competencia para que más profesionales se incorporen al Sistema Nacional de Salud es solo y exclusivamente del Ministerio. Pues que agilice, que nos escuche a las comunidades autónomas, que escuche a los profesionales, para que, de esa manera, se atienda como merecen los pacientes.
Una solución que se está utilizando como medida transitoria es la contratación de profesionales sin especialidad MIR o PIR. ¿Es una medida aplicable a más largo plazo o ientras se agilizan las homologaciones? ¿De qué forma la contratación de estos profesionales sin especialidad se puede asentar en el sistema sanitario?
Esa medida debería ser muy provisional porque lo decíamos al principio: nuestro Sistema Nacional de Salud se ha definido desde hace muchos años por la calidad. Y la calidad se basa, fundamentalmente, en la formación de nuestros profesionales. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cambiar la formación y la calidad porque haya más profesionales?
Me atrevería decir por tanto que contratar sin especialidad debería ser algo puntual. No podemos hacer de eso norma, porque estaríamos perjudicando y bajando la calidad de nuestro sistema sanitario.
¿Qué queremos? No hay que sacrificar una cosa por la otra. Podemos, si trabajamos de manera conjunta, hacer compatible la incorporación de más profesionales con la formación que se requiere.
Para eso es fundamental sentarnos, trabajar fuera del sectarismo y del dogmatismo, entendiendo que el Ministerio es una herramienta al servicio de la coordinación y de la cooperación, y no una herramienta de ataque electoral.
Unido también a la tasa de reposición está el tema de los trabajadores interinos y temporales del Sistema Nacional de Salud. Las recientes sentencias de Europa ‘condenan’ a España a atajar esta alta temporalidad en toda la función pública, también entre los profesionales sanitarios. Se han planteado distintas medidas, como que puedan acceder a una plaza sin oposición o un cambio de modelo en el que, por ejemplo, se tengan más en cuenta los méritos. Esto lo han planteado también algunos consejeros del Partido Popular en encuentros organizados por Redacción Médica. ¿Qué se puede hacer para acabar con esa temporalidad que arrastra el Sistema Nacional de Salud desde hace años?
La respuesta debería estar en el Estatuto Marco. Al final, hay una cuestión esencial: el Estatuto Marco había que reformarlo sin ningún género de dudas, porque las necesidades de nuestro Sistema Nacional de Salud han cambiado desde que se aprobó su última reforma. Ahora es necesario tener ese Estatuto Marco dando respuesta a cuestiones como la temporalidad y el tipo de contratos que tienen nuestros profesionales sanitarios. Pero, claro, el modelo no puede ser el del Ministerio.
El otro día hacía referencia a que, en Melilla, había dos oftalmólogos que llevaban dos años firmando contratos mes a mes, y que ellos le reclamaron a Ingesa que se les hiciera al menos un contrato de tres meses, desde ahora hasta diciembre. Me parece absolutamente indigno que un profesional sanitario, que es esencial para una ciudad que no tiene más especialistas en oftalmología, tenga que pedir a Ingesa que le haga un contrato que le aporte algo más de estabilidad. Ese no puede ser el modelo.
Y si ese es el modelo que el Ministerio quería trasladar al Estatuto Marco, por supuesto estamos absolutamente en contra. Los profesionales necesitan las remuneraciones adecuadas y las mejores condiciones laborales para cumplir con sus obligaciones profesionales, y para eso es fundamental la estabilidad en el empleo.
El modelo actual, desde luego, no es el mejor. Creo que esa inestabilidad de muchos profesionales hace que, al final, les pase factura a ellos, sin ningún género de dudas, y le pase factura a todo el sistema sanitario
Cambiando un poco de tercio, otra de las cuestiones que más debate ha suscitado en los últimos tiempos es el modelo Muface, su continuidad, su renovación o cómo debería derivar su funcionamiento en los próximos años. Desde el Ministerio han sido críticos con el modelo, se ha defendido una incorporación progresiva de los nuevos mutualistas a la sanidad pública. ¿Cuál es la posición del Partido Popular en torno a Muface? ¿Lo ven viable tal y como está ahora definido? ¿Tendría que renovarse? ¿Debería ir progresivamente a una extinción?
La verdad es que con el tema de Muface los dos candidatos a la Comunidad de Madrid han conseguido que se convierta en un campo de batalla. Y digo los dos candidatos porque cuando hablamos de Muface, tenemos que dirigirnos al Ministerio de Sanidad, donde Mónica García es ministra candidata, y también al Ministerio de Función Pública, donde Óscar López es ministro candidato. Por desgracia, han convertido a Muface en uno de esos campos de juego electoral de dos ministros que no perteneciendo a los mismos partidos van a concurrir a las elecciones y van a pelear y luchar por el mismo puesto desde partidos distintos.
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"Muface ha sufrido la rivalidad electoral entre Óscar López y Mónica García"
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Así, creo que Muface pues ha sufrido las consecuencias de esa rivalidad electoral del ministro de Función Pública y de la ministra de Sanidad. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, si miramos a los mutualistas ¿qué es lo que nos dicen? Que eligen el sistema privado en algo más de un 73 por ciento. Por lo tanto, escuchémoslos e intentemos mejorarlo con reformas necesarias.
¿Qué mejoras creen que podría haber?
Yo creo que lo fundamental es que nos sentemos con ellos, que tengan la financiación adecuada y que veamos exactamente cuál es el modelo que mejor encajaría para que se siga dando el servicio y también para que se tenga en cuenta que no se sature la sanidad pública, teniendo en cuenta que ahora mismo mutualistas hay alrededor de un millón y medio.
Otro de los caballos de batalla del Ministerio es la defensa de la sanidad pública. Se han impulsado distintos proyectos normativos, algunos heredados de anteriores legislaturas. Tenemos la Ley de Gestión Pública, la Ley de cohesión y hace poco también ha salido a consulta pública en el Ministerio la Ley de Universalidad. ¿Qué margen de mejora ven desde el Partido Popular que puedan introducir mediante enmiendas en alguno de estos trámites?
Tú puedes aprobar y llevar al Consejo de Ministros muchos cambios legislativos, pero eso no sirve absolutamente para nada si luego no llegan al Congreso y al Senado y se aprueban en las Cortes Generales.
Y lo que estamos viendo es que, hasta ahora, solo se ha aprobado una sola ley, un solo proyecto, y porque lo apoyó el Partido Popular, que era la ley de creación de la Agencia de Salud Pública. Luego, el tema de la ley de universalidad siempre surge cuando en los medios de comunicación se da el debate migratorio.
Yo creo que nuestra postura en materia migratoria ha quedado perfectamente definida con el plan de inmigración que presentó el presidente Feijóo hace unos días, y creo que esa es la línea en la que nosotros vamos a seguir y a aportar enmiendas cuando conozcamos el texto, porque de momento el texto se ha aprobado durante el proyecto de ley, pero no sabemos en qué va a terminar.
Lo que sí tenemos muy claro es que hay que darle servicios sanitarios a todas aquellas personas que lo precisen, que lo necesiten. Pero una cosa es la atención sanitaria y otra cosa son los derechos dentro del Sistema Nacional de Salud. Y yo creo que esa es la línea en la que, lógicamente, nosotros vamos a trabajar, atendiendo a ese plan de inmigración que hemos presentado hace unas semanas, que estamos compartiendo con distintos sectores sociales y que va a marcar cuál es nuestra línea política en este ámbito, tanto desde el punto de vista sanitario como desde el punto de vista educativo. Control de fronteras, política exterior, cooperación al desarrollo… porque implica a muchas áreas del Gobierno y es absolutamente transversal.
Las numerosas alegaciones presentadas a la Ley del Medicamento y Productos Sanitarios evidencias, según Fúnez, la falta de diálogo del Ministerio de Sanidad con los profesionales.
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Respecto a la ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, comentaba usted que ha recibido múltiples alegaciones por parte de distintos sectores. Entre sus aspectos más controvertidos está la cuestión de la prescripción enfermera y de cómo esta genera conflicto con los médicos. ¿Cuál es la posición del Partido Popular en este ámbito?
El hecho de que se hayan presentado más de seis mil alegaciones de cuatrocientas entidades distintas refleja que no se ha hablado con nadie previamente y que presentaron un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros que no recogía las respuestas a las necesidades que tenemos en materia de ley del medicamento en nuestro país.
¿Era necesario reformar la ley? Sin ningún género de dudas. Hay leyes que son vertebradoras del Sistema Nacional de Salud que hay que reformar, porque muchas de ellas tienen más de veinte años y, lógicamente, el modelo y la situación del Sistema Nacional de Salud han cambiado, y las necesidades también.
Pero hay que hacerlo de la mano de los distintos sectores y no buscar el enfrentamiento entre los distintos profesionales sanitarios. No es de recibo que un ministerio, en lugar de unir, lo que esté haciendo sea dividir. Están dividiendo a los profesionales sanitarios con el Estatuto Marco; están dividiendo y enfrentando a los profesionales sanitarios con la ley del medicamento. Y nosotros no vamos a entrar en ese juego, que nos parece absolutamente irresponsable y que, al final, a quien más perjudica es a todos los españoles, a todos los pacientes y a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
Vamos a estudiar exactamente qué va a hacer el Gobierno con la ley del medicamento, qué va a hacer con las seis mil alegaciones que le han presentado. Sabemos que algunas de ellas vienen a enmendar el 90% del texto: es prácticamente una enmienda a la totalidad de la ley del medicamento que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez. Y nuestra obligación será leernos bien exactamente en qué termina ese texto y, a partir de ahí, empezar a trabajar.
Tengo que decirle que nosotros ya estamos hablando con distintos profesionales, con los actores y agentes estratégicos de nuestro Sistema Nacional de Salud, para que todo este tipo de leyes, de apuestas legislativas del Gobierno, recuperen la vía del diálogo, que es absolutamente esencial. Si no, generaremos polémica, se generarán titulares, pero, sobre todo, lo que generaremos es división, como está ocurriendo en este ámbito.
Cuando conocimos esta ley, llevaba una reforma del copago farmacéutico que luego no fue a Consejo de Ministros y que parece que se debatirá en sede parlamentaria porque Sumar está a favor de modificarlo. ¿Cuál es la postura del Partido Popular? ¿Hay que hacer una reforma de ese copago?
Hasta que no veamos cuál es el texto, no le puedo decir exactamente cuál es la postura, porque primero tenemos que verlo. No conocemos si se va a incorporar, si no se va a incorporar, si lo van a quitar o no... Primero vamos a escuchar, a ver exactamente qué es lo que se ha recogido en esas alegaciones, cuáles son las que acepta el Gobierno y, a partir de ahí, empezaremos con nuestras enmiendas en caso de que llegue a las Cortes Generales.
Y, por último, dentro también de esta ley y respecto a la innovación y el acceso a fármacos y a nuevas tecnologías. ¿Cómo les gustaría que se recogieran en ese texto final?
Ahí, en el ámbito de la innovación terapéutica, hay algo que me parece tremendamente grave. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el tiempo de espera desde que se aprobaba el medicamento en la Agencia Europea del Medicamento hasta que se aprobaba aquí, en España, era de unos 300 días de media. Estamos ahora en 661 días. Seiscientos sesenta y un días.
Y yo creo que, en este ámbito, hay que verlo también desde un punto de vista muy humano, porque hay que ponerse en la piel de muchos pacientes que ven en algunas de esas innovaciones terapéuticas la esperanza, ya no sólo de la cura de su enfermedad, sino también de mejorar sus condiciones vitales en caso de que la enfermedad, de momento, no tenga una cura definitiva. Y, sin embargo, se les están cerrando las esperanzas para poder acceder a ellas.
Me parece que es una de las cuestiones que deberíamos afrontar con mayor rotundidad y con mayor claridad. Porque, si nos ponemos en la piel (que no es difícil ponerse en la piel) de cualquier persona que sepa que existe un medicamento que le puede curar, o que existe un tratamiento que puede mejorar sus condiciones a la hora de llevar la enfermedad que padece, sin ningún género de dudas sería una de las prioridades de cualquier sistema de salud.
Y no entendemos cómo, desde el Ministerio, desde el Gobierno, no están ya no sólo escandalizados, sino que no se ponen a trabajar para que se agilice esa aprobación de terapias nuevas, de nuevos fármacos que ya tienen el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento y que aquí están frenados.
Frenar esas terapias, frenar esos fármacos, significa grandes frustraciones para una parte importante de pacientes en nuestro país, que desde luego no lo merecen.
Un momento de la entrevista en el plató de Redacción Médica.
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