El boom del seguro de salud añade presión al debate sobre las agresiones

La sanidad española ya ha registrado más de 18.500 agresiones a sus profesionales. Un dato que se centra únicamente en aquellos trabajadores de la sanidad pública, y que se ha convertido en un caldo de cultivo sin precedentes para el sector. Con el debate sobre esta violencia estructural en el Sistema Nacional de Salud (SNS), la sanidad privada se suma a una discusión sobre el bienestar de los sanitarios y urge un registro de agresores común entre ambos sistemas. Y con un ‘extra’: “El hecho de que muchos pacientes accedan a la asistencia mediante un seguro de salud o un pago directo puede traducirse en unas expectativas más elevadas sobre la atención recibida”. Eso, según las fuentes consultadas por Redacción Médica, “aumenta el riesgo de que surjan episodios de tensión”.

La Asociación de la Sanidad Privada Española (ASPE) y la Associació Catalana d’Entitats de Salut (ACES) son las dos patronales que analizan la situación en distintas conversaciones con este periódico. Precisamente, es la patronal a nivel nacional la que apunta a ese auge del seguro de salud como uno de los factores que pueden desencadenar esta tensión, si bien el consenso entre los dos organismos se centra en la falta de un registro propio en la sanidad privada.

La influencia del seguro de salud

Ambos organismos ponen el foco en los detonantes de las agresiones en el sector sanitario privado. “Los factores que las desencadenan son, en gran medida, comunes a todo el sistema sanitario: la tensión emocional, la incertidumbre o la percepción de tiempos de espera pueden generar situaciones de conflicto”, sentencia ASPE.

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"Las causas son multifactoriales y no difieren por el hecho de ser un centro privado"

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La patronal de la sanidad privada en Cataluña va en una línea similar. Así, enumeran “discrepancias con la atención recibida, tiempos de espera, frustración ante las expectativas no cumplidas o situaciones de estrés inherentes a la patología del paciente”. “Estas causas son multifactoriales y no difieren sustancialmente por el hecho de ser un centro privado”, reitera Anna Zarzosa, directora general de ACES.

ASPE es quien pone el foco en las pólizas sanitarias privadas. “En la sanidad privada, además, el hecho de que muchos pacientes accedan a la asistencia mediante un seguro de salud o un pago directo puede traducirse en unas expectativas más elevadas sobre la atención recibida”, declaran las fuentes consultadas por Redacción Médica.

En este punto cabe señalar que el seguro de salud ya vive un máximo histórico. Según las últimas cifras de la Memoria Social del Seguro 2025 elaborado por la Unión Española de Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), ya hay 12,8 millones de personas en España que cuentan con este tipo de pólizas. Además, ha aumentado el número de usuarios jóvenes que optan por esta cobertura de la sanidad privada.

En este sentido, las voces de la Alianza de la Sanidad Privada Española declaran a este periódico que ese aumento del seguro de salud puede ser un detonante. “Cuando no se cumplen las expectativas, aumenta el riesgo de que surjan episodios de tensión”, explican.

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"Los servicios de Urgencias son especialmente sensibles por la presión asistencial y la carga emocional"

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Un hecho que también tiene lugar en el Sistema Nacional de Salud (SNS): “Como ocurre también en el ámbito público, los servicios de Urgencias son especialmente sensibles por la presión asistencial y la carga emocional que congregan”.

Protocolo e inversión de la privada

La conversación se mueve a través de los distintos puntos que conforman el debate sobre las agresiones a profesionales sanitarios. “Los centros privados cuentan, en general, con protocolos internos de prevención y actuación ante situaciones de violencia o conflicto”, confirma ASPE.

A su vez, avanza que en la sanidad privada “se está reforzando cada vez más la formación de los equipos en gestión de situaciones difíciles, comunicación con pacientes y familiares, detección temprana de conductas de riesgo y actuación ante amenazas o agresiones”.

La patronal señala así los principales protocolos que tiene ante sí el sector sanitario privado. Por su lado, la Associació Catalana d’Entitats de Salut hace hincapié en que la sanidad privada “es muy heterogénea en cuanto a las dimensiones y tipologías de centros y por lo tanto, la gestión se rige por los planes de Prevención de Riesgos Laborales propios de cada entidad, adaptados a su tipología y estructura y a la normativa vigente”.

Anna Zarzosa resume que, si bien existen recomendaciones generales de organismos colegiales, “no existe un protocolo único estandarizado a nivel estatal” y “las medidas se despliegan según las características de cada centro”.

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"Muchos centros están reforzando sus políticas de Prevención de Riesgos Laborales"

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Asimismo, las inversiones en seguridad en la sanidad privada conforman uno de los ejes de actuación tantos de los grupos sanitarios como de los propios centros. “Entre las actuaciones más habituales se encuentran la instalación de sistemas de videovigilancia y la presencia de personal de seguridad en aquellas áreas con mayor riesgo de conflictividad, como los servicios de Urgencias”, describe ASPE.

La patronal de la sanidad privada en España profundiza en su respuesta. “Muchos centros están reforzando sus políticas de Prevención de Riesgos Laborales, incorporando evaluaciones de riesgos psicosociales que permiten identificar los puestos con mayor exposición a situaciones de violencia y diseñar medidas específicas para prevenirlas”, confiesan estas fuentes.

Por su lado, Zarzosa enumera las principales medidas de los centros asociados a ACES. Entre ellas se encuentran “la instalación de cámaras de seguridad, sistemas de control de accesos, botones de pánico y, en muchos casos, la presencia de personal de vigilancia profesional”.

Un registro común de agresiones en sanidad

“En la sanidad privada no existe actualmente un registro sectorial que contabilice de forma unificada las agresiones a profesionales sanitarios”, declara la Asociación de la Sanidad Privada Española. La patronal hace referencia así a que “cada centro puede contar con protocolos internos de notificación y actuación”, si bien “no hay un sistema común que recoja estos datos ni una reacción sectorial sistematizada frente a los agresores”.

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El sector mira a "un registro común que integre la realidad de la sanidad pública y privada "

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El organismo catalán tampoco tiene un registro propio. De hecho, explica que, si un centro notifica un caso a través de sus protocolos internos, “se reporta a las autoridades competentes o se gestiona a través de los servicios de prevención de riesgos laborales de cada empresa”.

No obstante, desde ACES recuerda la reciente creación del Observatori per a Situacions de Violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya (Osvasc). En este espacio, como señalan, “se desarrollará un registro de datos, decálogo de recomendaciones y formación específica y legislación adecuada para proteger a los profesionales que velan por nuestra salud” en Cataluña. 

Bajo la presidencia de José Manuel Baltar, las fuentes de ASPE consultadas por Redacción Médica destacan que “las agresiones, tanto físicas como verbales, también se producen en centros privados y nos preocupan profundamente, porque afectan directamente a quienes sostienen la asistencia sanitaria cada día”. Por tanto, es aquí donde menciona el que podría materializarse en un proyecto de futuro si cuenta con el consenso de ambas partes: “Avanzar hacia la creación de un registro común que integre la realidad de la sanidad pública y privada”.

Esa unión entre ambos modelos sería, en palabras de estas voces, una fotografía completa con la que se podría “dimensionar bien el problema y diseñar medidas eficaces de prevención y protección” contra las agresiones a profesionales sanitarios.

Asimismo, hacen referencia a ‘romper’ con la barrera de las desigualdades entre ambos sistemas sanitarios. “Actualmente, un profesional sanitario agredido en un centro público tiene la protección adicional del delito de atentado contra la autoridad, mientras que si la agresión ocurre en un centro privado solo aplica el delito de lesiones. Esta diferencia es injustificada y, pensamos, debería resolverse para garantizar la misma protección penal en ambos ámbitos”, resume ASPE.