Covid-19: nuevo plan para suprimir el 'modelo Muface' tras la pandemia

Redacción Médica accede al borrador del documento de acción para la transformación del SNS

Exteriores del Ministerio de Sanidad.
Covid-19: nuevo plan para suprimir el 'modelo Muface' tras la pandemia
mié 15 julio 2020. 22.20H
Mercedes Rivera | Borja Negrete
El Ministerio de Sanidad tendría sobre la mesa un Plan de acción para la transformación del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la era post-Covid-19 en el que se incluye “abordar, en el sentido que orienta la Ley 14/1986, General de Sanidad, la situación de las mutualidades con financiación pública directa (Muface, Mugeju e Isfas), así como la financiación indirecta mediante desgravaciones a seguros comerciales de salud”.

Según el documento al que ha tenido acceso Redacción Médica, una de las medidas de este plan sería la supresión de las mutualidades al reclamar que se aplique una de las  disposiciones de la ley mencionada: “El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos”.

Y es que, las propuestas de este documento, que ha contado con la participación de “20 expertos y toda la estructura directiva del Ministerio de Sanidad”, están encaminadas a potenciar la gestión pública.

En el inicio, el grupo de expertos aportó más de 200 acciones, seleccionando finalmente 45, dentro de 21 líneas estratégicas tras la segunda vuelta. Sobre estas 45, el equipo del Ministerio de Sanidad ha realizado una priorización final, siendo siete los retos del SNS.


Formación continuada alejada de la industria


Una de estas líneas de trabajo es la mejora de la formación de los recursos humanos del SNS. Actualmente, en este campo la industria farmacéutica juega un papel importante, sin embargo, es algo que el Ministerio de Sanidad estaría planeando cambiar.

Según el borrador “la formación continuada debe estar enfocada en las competencias y la calidad de las prácticas profesionales en todo el SNS, alejada de las influencias de la industria y localizada mayoritariamente en el ámbito público”.

Además, en investigación, el documento señala que “son conocidos los sesgos relacionados con la participación de la industria en el desarrollo de los ensayos clínicos y la publicación de resultados, y en la elección de los objetos de investigación, orientados hacia el logro de resultados patentables que puedan dar lugar a productos comercializables”.

Por ello, prosigue, “es deseable un mayor impulso a una investigación objetiva y soportada en una evaluación independiente y propiciar líneas de investigación diversas, con control público por parte de un SNS abierto y trasparente”.

Sin embargo, entre las líneas estratégicas que se incluyen en el reto de la investigación está la de “reforzar la colaboración público-privada con la industria farmacéutica y biotecnológica a través del ISCIII”.


Potenciar genéricos y biosimilares


En el reto sobre la mejora de la financiación del SNS, el documento señala que “el gasto farmacéutico público, que supone más del 25 por ciento del gasto sanitario público total, y que sería mayor si no se hubiera trasladado parte del gasto a los pacientes, puede poner en riesgo la estabilidad económica del sistema”.

En este punto, señalan a la industria farmacéutica por el aumento de este gasto debido “a los elevados precios que reclama para los nuevos medicamentos. El gasto por sobre-precio (por encima de los costes de fabricación y de investigación) supone en España más de 8.000 millones de euros, que deberían revertir en el SNS para cubrir diferentes necesidades incluidas en este informe”.

Para ello, una de las acciones propuestas por el grupo de expertos es “desarrollar medidas en el marco de la política farmacéutica para garantizar la sostenibilidad del SNS como son potenciar la utilización de los medicamentos genéricos y biosimilares, alcanzar precios justos basados en los costes de desarrollo y producción de los medicamentos y un beneficio razonable para estimular la innovación”.


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