Moncloa desarrollará la ley del aborto frente al acoso a mujeres y clínicas

Los ministerios de Igualdad y Sanidad trabajan de forma conjunta para avanzar en el desarrollo reglamentario de la ley del aborto de 2023. Es uno de los tres ejes en los que el Gobierno basa su plan para reforzar la protección tanto las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo como a las clínicas que prestan ese servicio. Lo ha anunciado este martes en el pleno del Senado la titular de Igualdad, Ana Redondo, en respuesta a una pregunta de Bildu. Los otros dos pilares son hacer “que caiga todo el peso del Código Penal sobre aquellos que hostigan y castigan a las mujeres” y aprobar el anteproyecto de reforma de la Constitución para blindar el derecho al aborto en la Carta Magna. “Son tres acciones y confío en que estén avanzadas antes de que termine la legislatura”, ha dicho Redondo.

La intervención de la ministra ha tenido lugar un día después de que un juzgado de Vitoria acogiera el juicio a 21 personas ultracatólicas, acusadas de coacciones por obstacular el libre ejercicio del derecho al aborto ante una clínica de la capital vasca. Así lo ha recordado la senadora de Bildu Olaia Duarte, que ha preguntado qué medidas va a impulsar el Gobierno para proteger "los derechos de las mujeres y de los profesionales que realizan interrupciones voluntarias del embarazo frente a actos intimidatorios que los menoscaban", en "un momento de auge de discursos antiabortistas".

Redondo ha reconocido la preocupación del Gobierno ante "el retroceso que están sufriendo los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", con situaciones de "desobediencia directa y flagrante a la ley" y de "coacción y hostigamiento que sufren muchas mujeres sólo por ejercer un derecho". La ministra, no obstante, ha valorado las iniciativas ya aprobadas por el Ejecutivo para atajar esos casos, como la reforma del Código Penal en 2022 para poder denunciar las situaciones de acoso. Esa modificación legislativa, de hecho, fue la que permitió denunciar las coacciones de Vitoria.

La reforma "impone penas no sólo de multas, sino de privación de libertad por estas actitudes", ha señalado Redondo. "De lo que derive de la sentencia se van a dilucidar cuestiones muy importantes a nivel europeo y a nivel nacional", ha añadido.

Para Duarte, "lo que se juzga" en la causa de Vitoria "no es el acoso a esta clínica y a estas pacientes, sino un ataque contra todas nosotras". Para aumentar los recursos de protección, la senadora ha propuesto al Gobierno establecer un perímetro de seguridad de 100 metros en esta clase de centros, en la línea de las medidas cautelares adoptadas al respecto por algunos jueces en España, pero también tomando como referencia otros países. "Abortar es un derecho fundamental de todas las mujeres que tenemos que garantizar con libertad, tranquilidad y seguridad", ha concluido.

Proyecto para blindar el aborto en la Constitución

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de octubre el anteproyecto de reforma de la Constitución para sellar el derecho al aborto. Meses antes, Sumar había registrado su propia proposición de ley al respecto, aunque acabó llegando a un acuerdo con el PSOE a última hora para presentar una propuesta conjunta desde el Gobierno.

La iniciativa pasa por añadir un nuevo apartado al artículo 43 con la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres”. El artículo 43 no forma parte de los dedicados a los derechos y las libertades fundamentales, por lo que se puede modificar a través del mecanismo no agravado de reforma constitucional, que obliga a recabar el apoyo de tres quintos del Congreso y del Senado, pero que no requiere disolver las Cortes ni convocar elecciones generales.