Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han mostrado su disconformidad con la nueva norma del sector

Madrid encarrila su Ley de Farmacia al rechazarse las enmiendas totales
Asamblea de Madrid.


2 jun. 2022 18:30H
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POR JESÚS MEDIAVILLA
La nueva Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica parece una realidad más cercana que nunca. Este jueves la ha defendido ante la Asamblea el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en una sesión en la que la mayoría conservadora de la cámara parlamentaria ha votado en contra de las enmiendas a la totalidad al texto, presentadas por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. Concretamente, por 78 votos frente a 56. 

El consejero ha iniciado el debate desgranando las principales líneas que recoge la nueva normativa, un trabajo de años que ha estado liderado por Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria.

En este sentido, ha asegurado que la “actualiza y mejora la normativa vigente”, del año 1998. “Es un texto ambicioso. En estos últimos 24 años, la actividad de la farmacia ha cambiado enormemente, no solo a lo que tecnología se refiere, sino también respecto a la actividad sanitaria, pues la prestación farmacéutica forma parte de los servicios de salud”, ha explicado.

“Nuestro objetivo es dar respuesta a las necesidades actuales del sector y de la sociedad”, ha dicho, al tiempo que ha recalcado que el sector “necesita seguir avanzando con una norma del Siglo XXI”. Entre otras cosas, y tal y como ha adelantado Redacción Médica, la norma regula, como principales novedades, la distribución de medicamentos a domicilio, la flexibilización horaria o la inclusión de las competencias de Nutrición y Dietética en la oficina de Farmacia. Gracias a esta ley, la Consejería de Sanidad espera impulsar el empleo en este ámbito.

Otras de las novedades que ha destacado, es la inclusión de servicios de guardias compartidas en farmacias limítrofes cuando lo justifiquen la dispensación geografía y la cercanía entre municipios, y así descargar de realizar dichas guardias al personal farmacéutico. También recoge la población necesaria para abrir la farmacia, pasando de 2.800 a 3.000 personas. “Es un texto muy participativo que contribuye a su mejora conceptual. Garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a los medicamentos y siempre sea protagonista el profesional de farmacia”, ha insistido el consejero de Sanidad.

Además, Escudero ha señalado que la ley busca “potenciar el modelo de atención de la urgencia extrahospitalaria. Centrándonos, principalmente, en cuestiones como la cercanía a las urgencias de los centros hospitalarios, el cambio de hábitos de los usuarios como consecuencia de la pandemia o la necesidad de garantizar la continuidad de los cuidados”.


Podemos tilda la nueva ley de "ambigua"


La portavoz sanitaria de Unidas Podemos, Teresa Lillo, ha abierto el turno de réplicas y ha justificado el motivo de la enmienda a la totalidad presentada por su partido. Entre otras cosas, ha destacado esta ley una vez más la acompaña a un informe de abogacía resaltando numerosos puntos inconstitucionales de la misma, que son “sistemáticamente ignorados”. También le ha recriminado al consejero de Sanidad que “es un insulto que apele a la participación” cuando, a su juicio, “el sector no se siente escuchado”. “El texto es ambiguo, abre la puerta a la privatización y la precariedad”, ha asegurado.

Por su parte, la responsable sanitaria de Vox Madrid, Gádor Joya, ha recordado que “en pandemia propusimos cantidad de acciones que el farmacéutico podía realizar el farmacéutico durante la pandemia”. “La izquierda dijo que eran incapaces”, mientras que “nosotros queremos favorecer su papel”.

Sobre la ley, ha indicado que “nos encontramos en el siglo XXI” y que, por eso, se necesita esta nueva ley. "Muchos aspectos de la farmacia deben ser actualizados”, ha insistido. En este sentido, a pesar de que ha reconocido que la ley “empezó con mal pie” porque “se presentó un anteproyecto con solo 24 horas para que los profesionales pudieran hacer alegaciones”, aunque se “rectificó”; celebra que la normativa contemple aspectos como “la libertad de elección y la libertad de empresa”. “Los titulares de farmacia son empresarios, son autónomos, que el alto grado son mujeres y generan muchos puestos de trabajo”. “Hay que protegerlos”, ha recalcado.


"La nueva norma empeora la ley vigente"


Matilde Díaz, la responsable de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha indicado que esta usar la pandemia para justificar una ley de Farmacia es “una tomadura de pelo”. En este sentido, ha lamentado que la ley vigente contemple 64 artículos frente a los 55 de la nueva norma propuesta. “Lo bueno, si breve, dos veces bueno, pero es que no es bueno”, ha asegurado. “Comparado con la vigente, empeora y empobrece las normativas, le falta estructura y es escasa”, ha incidido.

Por eso, Díaz ha propuesto incluir reformas a la normativa vigente para actualizarla y dar respuesta  a las nuevas necesidades de la farmacia madrileña. A su juicio, aspectos como la flexibilización horaria se pueden corregir modificando los decretos que la regulan actualmente. En concreto, entiende que la atención farmacéutica domiciliaria requiere “desarrollo reglamentario y no asegura explícitamente que el servicio de entrega vaya a ser gratuito para los pacientes”. Así, y otros aspectos, indica que la nueva norma “avanza en la flexibilización horaria, lo que precisa una modificación del Decreto 259/2001, de 15 de noviembre”. Además, ha indicado que La Comunidad de Madrid “no tiene Ley de Salud Pública, que es la Ley que se necesita, y no este Proyecto de Ley”.

Mientras, Javier Padilla, portavoz sanitario de Más Madrid, ha mantenido el mismo tono que Lillo y Díaz, asegurando que se trata de “una chapuza”. “No lo digo yo, lo dicen los colectivos del sector con los que nos hemos reunido”. “No es una ley porque no regula, sino que desregula”, ha alertado. La cual, para desarrollar su contenido, requeriría desarrollar un marco normativo anexo aún mayor que el de la ley vigente de 1998, el que esta nueva norma, ha recordado, quería evitar.

Entre algunos de los problemas de la nueva ley, Padilla ha indicado que “no es una solo de empresarios, sino que debe ser una ley que regule toda la actividad farmacéutica, no solo los que son titulares de una oficina de farmacia”, ha expresado. Además, entiende que la norma deja en una situación de “desventaja”  a las pequeñas farmacias frente a las grandes, ya recopila algunas ventajas para las que se requiere un mínimo de superficie o recursos. Además, entiende que “deja pasar la oportunidad de avanzar en ámbitos clave como la coordinación entre diferentes niveles asistenciales en el ámbito del medicamento”. “Han tenido tiempo para hacerlo bien, pero han preferido no hacerlo”, ha zanjado.


Una ley que aprende de las lecciones del Covid-19


Eduardo Raboso, portavoz sanitario del Partido Popular, ha manifestado que el proyecto de ley “recoge enseñanzas aprendidas durante la pandemia”. Además, ha asegurado que cuenta con al menos “dos años de elaboración”. “Se ha atendido a prácticamente toda persona y colectivo que se ha querido acercar a la Consejería de Sanidad a hacer aportaciones”.

Durante su turno, ha respondido a los grupos de izquierda, sosteniendo, entre otras cosas, que la nueva ley no da margen a la privatización del sector, ha lamentado que en la Asamblea de Madrid se haya debatido antes de cannabis que de la propia Farmacia, y entiende que la solución no es “parchear” la ley vigente, sino “empezar de nuevo en un papel limpio y en blanco”.

Por último, el consejero de Sanidad ha vuelto a tomar la palabra, y ha recalcado que la entrega a domicilio de medicamentos es uno de los pilares fundamentales porque este servicio, entiende, “es una necesidad”. También ha valorado positivamente la flexibilización horaria porque “permitirá la dispensación farmacéutica durante más horas en beneficio de los ciudadanos”. Así, ha concluido su intervención subrayando que se trata de “una ley con un trabajo intenso detrás desde hace años, que ha contado con una interlocución muy amplia y que es una ley para avanzar y mejorar”.
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