España pide una ley de fármacos críticos "flexible" y con inversión europea

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha puesto sobre la mesa sus dos principales “preocupaciones” en torno a la propuesta de Ley de Medicamentos Críticos de la Comisión Europea: el modelo de financiación y la necesidad de que España, “como país descentralizado”, cuente con “cierta flexibilidad para adaptar los programas nacionales de suministro y los mecanismos de compra conjunta” al modelo territorial estatal. En la reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (Epsco) de la Unión Europea en la se debate la ponencia sobre la norma, García ha valorado la propuesta legislativa asegurando que España “comparte plenamente su objetivo, que es reforzar nuestra autonomía estratégica abierta y garantizar que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a los medicamentos que necesitan, especialmente en situaciones de vulnerabilidad del suministro”. Sin embargo, ha abogado por que los fondos de la ley sean, “en su mayoría, de origen comunitario”: “Si no se garantiza una financiación europea robusta, corremos el riesgo de profundizar en las asimetrías entre los Estados miembros”, ha dicho.

La industria farmacéutica ya acogió bien en su momento la propuesta de Ley de Medicamentos Críticos, si bien la patronal europea pidió que se eliminasen algunas barreras para que en la adquisición pública de este tipo de fármacos se puedan introducir criterios más allá del precio. Durante su intervención en el Consejo Epsco, García ha señalado que la propuesta “avanza en la dirección correcta” gracias a “dos aspectos especialmente eficaces”: “Por un lado, el impulso de los proyectos estratégicos, que pueden ser una herramienta clave para reforzar la capacidad industrial europea, siempre que se acompañen de procedimientos ágiles y de financiación adecuada. Y, por otro lado, el uso de compras conjuntas, que permiten optimizar recursos y reforzar el poder negociador de la Unión, algo especialmente útil en medicamentos con alta demanda o baja disponibilidad”.

En todo caso, la ministra ha advertido de que los proyectos estratégicos “necesitarán criterios cuantitativos claros y armonizados” para garantizar que su impacto en la seguridad del suministro “sea real y evaluable desde el inicio”, algo que, según titular de Sanidad española, evitará “posibles distorsiones del mercado”. Además de ello, ha abogado por “avanzar hacia una guía práctica de contratación pública que acompañe al criterio de la oferta económicamente más ventajosa, asegurando una aplicación coherente entre países, centrada en todo el ciclo de la vida del medicamento”.

Evitar riesgos de "equidad financiera" en sanidad

En lo referente a la financiación, García ha insistido en evitar riesgos de “equidad financiera” en tanto cuanto “debilita tanto la cohesión sanitaria como la competitividad” de la industria: “La revisión del próximo marco financiero plurianual debe servir para establecer un verdadero marco europeo de financiación en salud que vaya más allá de la seguridad sanitaria y que integre la innovación, la equidad territorial y el liderazgo industrial”.

Sobre la “flexibilidad” que España necesita para que las comunidades autónomas se adapten por igual a los programas de suministro y los mecanismos de compra conjunta, la ministra ha puesto sobre la mesa la necesidad de “analizar con detalle las posibles distorsiones del mercado” para, así, ajustar esas medidas a la realidad de cada región. En esa línea, para García es “fundamental” que se refuerce la participación de los Estados miembro en la gobernanza, “especialmente” en el grupo de coordinación de medicamentos críticos: “Una implicación real y equilibrada de todos los países es clave para el éxito y la legitimidad del nuevo marco”.

Más allá de los matices apuntados, la mandataria ha subrayado que España apoya “decididamente” la propuesta legislativa: “Vemos en ella una oportunidad histórica para mejorar nuestra seguridad sanitaria y fortalecer nuestra industria farmacéutica, pero para que sea realmente eficaz necesitamos una financiación europea justa, un enfoque adaptado a nuestras realidades nacionales y una gobernanza inclusiva”.

Apoyo al paquete farmacéutico de la presidencia europea

Al margen de ello, García también ha mostrado su apoyo a la propuesta de la presidencia polaca del Consejo Europeo sobre el “sistema de incentivos modulado” en el paquete legislativo farmacéutico, sobre todo “teniendo en cuenta la complejidad” de la materia: “La Presidencia ha demostrado flexibilidad y liderazgo al presentar una alternativa que mantiene el statu quo al tiempo que introduce mejoras significativas en materia de innovación y acceso en particular”.

Según la ministra, España, al contar con “sectores industriales fuertes tanto en innovación como en genéricos”, busca “una política farmacéutica que combine la competitividad industrial y la sostenibilidad presupuestaria con el acceso universal a los medicamentos para los pacientes de toda la Unión Europea”.

Salud mental infantil y adolescente

La titular española de Sanidad también ha pedido que la salud mental infantil y juvenil “se convierta en una prioridad específica” en el próximo marco financiero plurianual de la Unión Europea: “Es esencial reforzar la prevención primaria basada en la evidencia y mejorar la detección precoz en situaciones vulnerables desde edades tempranas”.

García ha hablado de “nuevos retos” y “problemas emergentes” en ese sentido como “el uso abusivo de pantallas, las conductas adictivas y sustancias, el acoso y el ciberacoso”. Para la ministra, las niñas y adolescentes son las principales afectadas en el ámbito digital: “La exposición a la violencia de género, los estereotipos y los estándares de belleza puede afectar en una forma grave su salud mental y su autoestima. Estamos ante un desafío común que requiere una respuesta conjunta, integral, coordinada y eficaz”.

Medidas contra la desinformación sanitaria

En otro orden de cosas, la ministra ha aprovechado para defender la estrategia de España contra la desinformación sanitaria: “El Ministerio de Sanidad ha lanzado diversas campañas institucionales promoviendo la evidencia científica frente a pseudoterapias, mientras que la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la Organización Médica Colegial han desarrollado informes y observatorios que abordan esta amenaza”.

Por ello ha defendido la necesidad de “reforzar” las iniciativas que ya se han puesto en marcha frente a la creación de una nueva institución ad hoc. En todo caso, ha dejado claro que la Unión Europea “es el foro adecuado para impulsar estas políticas”: “La desinformación socaba la confianza institucional, debilita nuestras democracias y pone en riesgo la salud y la cohesión social”.