El rifirrafe competencial crispa el debate del Estatuto Marco en el Senado

En el ámbito político, las conclusiones sobre la precariedad laboral de los médicos son semejantes, pero no así las causas ni las responsabilidades. Esas diferencias han aflorado en la Comisión de Sanidad del Senado de este martes con el Estatuto Marco (y médico) como trasfondo.

Los respectivos responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA), Víctor Pedrera y Rafael Ojeda, acudían a la Cámara Alta para transmitir a los grupos parlamentarios sus discrepancias sobre el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad, en el que advierten trabas a su ejercicio y crecimiento laboral en cuestiones como la reclasificación profesional, los horarios y el reconocimiento y cotización de las horas extra.

“Es una norma reguladora que ni garantiza recursos suficientes ni ofrece a los médicos, a nuestro entender, condiciones laborales mínimamente aceptables”, ha apuntado Pedrera, quien ha incidido en que solo a los facultativos se les exigen “jornadas de más de 48 horas” y turnos obligatorios de guardia hasta los 55 años. “En definitiva, se sigue forzando a los médicos a tener jornadas laborales por encima del resto de colectivos, privándoles de derechos tan básicos como el de conciliación familiar o descanso, sin importar las repercusiones que para la salud del profesional y seguridad del paciente medidas como esta pueden ocasionar”, ha zanjado.

“El Estatuto Marco se modificará y mejorará”

El debate, marcado por las negociaciones que Sanidad y los sindicatos mantienen a contrarreloj para tratar de evitar la huelga del 23 de mayo, no ha estado exento de cierta dosis de crispación debido al ‘choque’ entre los grupos que sustentan al Gobierno (PSOE y Sumar) y el principal partido de la oposición (PP): los primeros han achacado a las comunidades autónomas (en su mayoría, por cierto, regidas por los populares) el deterioro de las condiciones laborales de los facultativos, mientras que los conservadores han insistido en que es el Ministerio el que sienta las bases a nivel nacional.

Al respecto, Carla Delgado, portavoz de Más Madrid, ha hecho hincapié en que el departamento de Mónica García “está trabajando en la actualización del Estatuto Marco, vigente desde 2023, para mejorar las condiciones laborales del personal sanitario”, y ha incidido en que el momento presente es “clave” para actualizar este código normativo. “Queremos recordar que el documento que se ha difundido corresponde a un borrador preliminar. Eso significa que se modificará y mejorará”, ha manifestado.

La propia Delgado se ha hecho eco de la información publicada este lunes en Redacción Médica, que recogía valoraciones críticas del PP (en concreto, de su portavoz en esta Comisión, Enrique Ruiz Escudero) hacia la propuesta de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. El foco se ha trasladado entonces a las comunidades: “Si quieren hablar ustedes de atención hospitalaria, les hablo de la tensión que hay en la Comunidad de Madrid, con más de 100.000 pacientes en lista de espera”, ha denunciado.

A medida que avanzaba el debate aumentaba también la tensión entre los senadores. Kilian Sánchez, desde la bancada del PSOE ha denunciado que “no se haya hecho ningún tipo de crítica a las políticas que se desarrollan desde las comunidades”. “No es el Estatuto Marco el único responsable de este deterioro de la Medicina en la sanidad pública, hay que hacer autocrítica también en la gestión de las autonomías”, ha señalado el dirigente socialista, quien ha subrayado el caso de Andalucía, que ha perdido profesionales pese a tener “muchísimo más presupuesto” que otras regiones.

La respuesta del PP la ha realizado el propio Ruiz Escudero. El que fuera consejero de Salud de la Comunidad de Madrid ha convenido en que son las CCAA las que “tienen que poner en marcha este Estatuto” que “de Marco solo conserva el título, porque se mete en materias que ya están desarrolladas por las comunidades”: “Y, por supuesto, ni la ministra ni el Gobierno han negociado con ellas”, ha añadido.

“Se trata de una nueva iniciativa sectaria del Gobierno que, lejos de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, vuelve a poner en la diana, una vez más, al sector privado, con ese complejo eterno de la ministra y el secretario de Estado, incapaces de entender que un profesional podrá trabajar en la sanidad pública o en la privada”, ha concluido.

El dirigente popular ha resaltado a su vez que el texto recoge lo que a su parecer es “otra de las señas de identidad” del Gobierno de Pedro Sánchez: “Nunca piensa en la financiación, en el impacto que tienen en los presupuestos de cada comunidad autónoma”. 

Desde el lado sindical replicaba Rafael Ojeda, presidente del SMA: “Nosotros hemos sido críticos con el PP y con el PSOE -ha manifestado-. Estamos defendiendo la supervivencia del sistema público de salud, pero ustedes están más preocupados por su batalla política que con el problema tan gordo que tenemos”. 

‘No’ al A plus

La sesión de este martes constata también las dudas de los grupos parlamentarios en torno al Estatuto específico para los facultativos. También sobre el impulso de una nueva categoría profesional como el ‘A plus’. “No es viable -ha sentenciado Kilian Sánchez-. No está dentro de la equivalencia de los grupos en la Función Pública, y por eso el Ministerio de Sanidad ha buscado alternativas”.

El propio Sánchez ha apuntado que cuestiones como la exclusividad, el personal temporal y los puestos y centros de difícil cobertura “están recogidos en el borrador del estatuto Marco al igual que la jornada de la guardia, que se equiparan a directiva europea”.