La Cámara Baja ha desestimado el proyecto del PP, que reclamaba más "ética y veracidad" en las promociones

El Congreso tumba la ley para regular la publicidad sanitaria


28 abr 2022. 14.30H
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El Congreso de los Diputados ha desestimado el proyecto de ley destinado a endurecer la normativa relativa a la publicidad de productos y servicios sanitarios. La iniciativa ha sido tumbada con 150 votos en contra y 118 a favor. 

La Cámara Baja deja de esta forma sin efecto la propuesta registrada por el PP, que reclamaba una nueva normativa para garantizar que todas las comunicaciones comerciales relacionadas con los servicios, prestaciones y actividades sanitarias sean "exactas y verídicas" y no inciten al consumo. En este sentido, la portavoz sanitaria de los populares, Elvira Velasco, ha destacado durante el debate de la iniciativa la encesidad de que todas las comunicaciones comerciales relacionadas con el sector sanitario se ciñan a los criterios de “ética, veracidad y objetividad” necesarios para preservar los derechos tanto de los pacientes como de los usuarios.

Arropada por los responsables de los portavoces de las organizaciones colegiales de odontólogos, veterinarios, podólogos, farmacéuticos, enfermeros o psicólogos que se habían desplazado a la cámara, la diputada ha incidido en la necesidad de acabar con la “enorme dispersión normativa” que afecta a la publicidad en el ámbito de salud con una nueva norma. “Frente a actuaciones o prácticas publicitarias engañosas pedimos la toma en consideración de esta proposición de ley”, ha expresado.

Velasco ha propuesto esta iniciativa como una alternativa para poner fin a prácticas como las recomendaciones de productos, medicamentos o tratamientos que requieren prescripción de un sanitario por parte de personas de influencia en las redes sociales que no disponen de “ningún tipo de conocimiento sanitario”.

Su propuesta ha sido bien recibida por formaciones como el Foro Asturias, el Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana o Junts que sí que han visto necesario un nuevo paso normativo. Aunque todos han incidido en la necesidad de enmendar el texto para matizar alguno de sus apartados o para dejar claro el marco competencial de las autoridades.

Más crítico ha sido Ciudadanos que aunque no ha cerrado la puerta directamente a una nueva ley, sí que ha insistido en la necesidad de cambiar buena parte del texto para poner el foco en los autores de la publicidad engañosa en lugar de en una amalgama de sanciones. “Creemos que prohibir no es el verbo más liberal”, ha subrayado su portavoz sanitario, Guillermo Díaz.

Podemos, Vox y PSOE cargan contra la ley


Los que sí que se han mostrado más duros en el debate han sido tanto las dos fuerzas que integran el Gobierno (Partido Socialista y Unidas Podemos) como el principal rival de los populares en la bancada de la derecha: Vox. Las tres formaciones han coincidido en que la legislación existente es suficiente para poder combatir este tipo de prácticas abusivas y han acusado al PP de instrumentalizar el debate.

Desde Unidas Podemos han tratado de poner el foco en un debate entre sanidad pública y privada y han afeado a Velasco que no hubiese apoyado otras iniciativas reguladoras como las que ha lanzado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, con la publicidad de los juegos de azar o de las bebidas azucaradas. “Defendemos que se analice la legislación ya existente, que se revisen los mecanismos de control”, ha apuntado la diputada Laura López.

La bancada socialista ha coincidido con el mensaje de que la publicidad sanitaria debe proteger a las personas con vulnerabilidad social, pero ha apostado por dejar ese debate en manos de un análisis coordinado con las comunidades autónomas. “Podemos estar de acuerdo en el fondo de la cuestión pero no podemos compartir la manera de abordarlo”, ha expuesto Elvira Ramón.

Mientras que el grupo de Vox ha sido el más duro con la iniciativa popular. Para Alberto Rodríguez Almeida, tanto la Ley General de Sanidad como la Ley General de Publicidad cuentan ya con mecanismos suficientes para hacer frente a esta situación. “Los diputados o asesores del PP que han redactado esta proposición de ley nunca han ejercido una actividad profesional en España”, ha expuesto.
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