Sanidad confía en un plan "transitorio" ante el 'interinazo' de Óscar López

El Gobierno de España puso en marcha hace poco menos de cuatro años la Ley 20/2021. Una norma que recogía una serie de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Dentro del marco legal, el texto proponía disminuir las interinidades de los funcionarios de la Administración -entre ellos, los sanitarios- a un máximo del 8 por ciento antes del 31 de diciembre de 2024 en todos los territorios autonómicos. No obstante, quedan dos meses para finalizar el año 2025 y todavía no se ha cumplido.

Todo ello motivado por la presión del Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE), que estableció que la determinación del “abuso de nombramientos temporales” corresponde a jueces nacional y que la aplicación de las soluciones efectivas y disuasorias dependen del Derecho nacional, "instando a las autoridades nacionales a adoptar medidas efectivas y adecuadas para prevenir y, en su caso, sancionar un eventual uso abusivo de la temporalidad”. Por ello, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por Óscar López, ha tomado cartas en el asunto y ha propuesto reducir el límite que establece la jurisprudencia de tres años para que los puestos ocupados por trabajadores interinos sean adjudicados a un funcionario de carrera, o personal estatutario fijo en el caso sanitario, a solo dos.

Desde el Ministerio de Sanidad han afirmado a Redacción Médica que "todo el SNS es consciente de que hay que seguir profundizando en medidas que consigan reducir la temporalidad, y más allá de eso, realizar cambios estructurales en los procedimientos de selección y provisión que impidan que se reproduzca". Eso sí, ha advertido que "todas las medidas que se aborden han de contemplar una transitoriedad que las haga posibles".

Fue el pasado 18 de septiembre cuando Óscar López planteó en la Conferencia Sectorial de la Administración Pública reducir ese ‘límite’ a dos años. Una decisión que podría ser un “desastre” para la sanidad española, tal y como han confirmado a este medio fuentes autonómicas.

Según han explicado a este periódico, durante las reuniones que han tenido lugar entre la Administración central y los Gobiernos regionales con base en la ideación del texto definitivo del Estatuto Marco, “el Ministerio de Sanidad trasladó a modo informativo una propuesta normativa que Función Pública está trabajando para llevar al Congreso de los Diputados”.

Modificación de cuatro leyes de empleo

Un texto legal que modificaría ciertas leyes. Entre ellas, la ya mencionada Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público; el Real Decreto 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep); la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y, como no, la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que se encuentra en plena actualización.

“Nos complica absolutamente la gestión”, han anotado desde la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria. Según han indicado, la puesta en vigor de la “propuesta normativa” de López “limita todavía más el plazo para tener contratos interinos en vacante y de programa a dos años, cuando actualmente son tres”.

Por su parte, desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales de Extremadura han expresado su “rechazo frontal” a la medida por “atentar contra la atención a la sanidad rural”, un sector "defendido” por el Ejecutivo de María Guardiola. “La iniciativa presentada por el Gobierno, en caso de llevarse a efecto, supondría un grave perjuicio para la prestación de los servicios públicos”, han añadido. 

"Sin interinos" mientras las OPE sanitarias se resuelven

A ello suman que la nueva norma “ya no permitiría que los interinos continúen trabajando mientras se acaban los procesos selectivos o los traslados”. “Esto nos hunde”, han puntualizado los cántabros. Además, “exige la creación de un sistema de información interoperable entre las distintas administraciones para controlar la temporalidad”. Una coordinación autonómica que debería ponerse en marcha.

En tanto, para los extremeños, la aplicación de las medidas en el empleo público del Sistema Nacional de Salud (SNS) “podría dificultar seriamente la asistencia sanitaria” a la población, ya que “la falta de profesionales en determinadas categorías podría producir el cierre” de consultorios, centros de salud y “alargar enormemente los plazos de espera” para la atención a los pacientes.

Castigos por incumplimiento a las Administraciones

Por otro lado, “impide la contratación de un mismo profesional, aunque sea con otro tipo de contrato y otro motivo, hasta pasados 6 meses desde que cumpla dos años”. Eso sí, también incluye ‘castigos’. Y es que “recoge sanciones a los altos cargos por incumplimiento de todo lo anterior”. Por todo ello, tal y como han asegurado a este medio desde Cantabria, la gestión sería “mucho más compleja”. “Si sale todo esto, es un desastre para todas las comunidades, pero mortal para el sector sanitario”, han sentenciado desde dicha Administración.

Un punto compartido por Extremadura, que ha asegurado a este diario que la medida “supondría una grave dificultad” para la sanidad pública, la cual es entendida como un “servicio público esencial”, atentando incluso “contra el artículo 43 de la Constitución” española, que reconoce el derecho a la protección de la salud.

Golpe judicial desde la Unión Europea

De hecho, los Gobiernos autonómicos no son los únicos que han mostrado su rechazo al nuevo planteamiento del ministro de Función Pública. Este mismo martes 7 de octubre se ha convocado una concentración nacional de plataformas de personal interino en Madrid para exigir “la fijeza como solución al abuso de la temporalidad en el empleo público”.

Y es que quedan menos de 24 horas para que llegue una fecha importante en todo este proceso motivado por la Unión Europea. Será el 9 de octubre cuando el Abogado General del TJUE, Rimvydas Norkus, haga públicas sus conclusiones previas a la sentencia -que se espera para la primavera de 2026- que el máximo tribunal de la Unión Europea dictará en respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal Supremo en relación con la Sentencia del TJUE de 13 de junio de junio de 2024. Es decir, el texto jurídico que sugirió a los tribunales españoles que analizaran si la normativa nacional (incluida la Constitución Española) y la jurisprudencia nacional (la del TS), contemplan medidas adecuadas para sancionar de manera efectiva el abuso en el nombramiento de personal temporal. Porque sí, el TS y el TJUE tampoco concuerdan.

Desde los sindicatos denuncian que Función Pública no se ha sentado con ellos a negociar. No obstante, es el departamento de López el que tiene en su mano dar la ‘sorpresa’ y decidir entre dos opciones: seguir adelante con la nueva norma o reformarla y escuchar las peticiones tanto de Administraciones autónomas como de sindicatos.