María Dolores Gallego, miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de Semergen; Pilar Rodríguez Ledo, presidenta de SEMG; y Lorenzo Armenteros, portavoz de SEMG.
El
12,7 por ciento de las mujeres residentes en España mayores de 15 años ha sufrido
violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida. Además, el
36,2 por ciento de las mujeres mayores de 16 años asegura haber padecido acoso sexual. Así lo revela la
Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, publicada recientemente por el
Ministerio de Igualdad. Ante este escenario, la detección precoz se consolida como una herramienta fundamental en el abordaje del abuso sexual y de la violencia contra las mujeres, con la
Atención Primaria como uno de sus principales pilares. Por su parte, tres profesionales reconocen en este periódico los avances realizados en esta materia, pero subrayan la necesidad de
armonizar criterios y de flexibilizar el tiempo en consulta para favorecer la detección.
En materia de prevención de la violencia sexual, el
Ministerio de Sanidad, en coordinación con el
Observatorio de Salud de las Mujeres, puso a disposición de los profesionales sanitarios un cuestionario para ayudar a detectar estos casos en consulta. A día de hoy, el
60 por ciento de las comunidades autónomas lo habría integrado en sus sistemas para favorecer el cribado de posibles situaciones de abuso sexual.
María Dolores Gallego, miembro del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de la
Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), realiza una valoración muy positiva sobre el desarrollo de los protocolos de actuación comunes en el SNS. “Representan u
n paso clave en el fortalecimiento del papel del sistema sanitario en la prevención, detección y atención de la violencia sexual”, asegura.
Los cuestionarios para la detección de la violencia sexual en el SNS
Destaca, además, que el protocolo centra la intervención en la víctima, priorizando la
atención sanitaria inmediata, el respeto a su autonomía, la confidencialidad y la no revictimización. “Mejora la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y con otros recursos, lo que facilita una respuesta integral y continuada. También establece directrices claras sobre la recogida de pruebas, la atención psicológica y el seguimiento, a
umentando la calidad y seguridad de la atención prestada”, añade. No obstante, insiste en que persisten carencias y que
es necesario seguir introduciendo mejoras.
Reconoce que los cuestionarios tanto para la detección de la violencia de género como sexual pueden ser
herramientas “útiles y efectivas para identificar posibles casos de violencia de género”, pero matiza que deben utilizarse como instrumentos de apoyo y “no como el único método de detección”. “Facilitan el cribado sistemático,
ayudan a normalizar las preguntas sobre violencia en el ámbito sanitario y pueden permitir la detección de casos que no se manifestarían de forma espontánea”, explica.
Subraya que su efectividad depende en gran medida del contexto en el que se administran, del grado de confianza con el profesional, de la privacidad durante la entrevista y de la
formación del personal sanitario. “Si se aplican de forma rígida, sin una comunicación empática adecuada,
pueden generar rechazo, incomodidad o incluso revictimización”, advierte. Por ello, defiende que los cuestionarios deben integrarse en una valoración clínica integral, combinándose con la entrevista clínica motivacional, la observación de signos físicos y emocionales y el conocimiento previo de la paciente.
En este punto, la presidenta de la SEMG,
Pilar Rodríguez Ledo, advierte de que saber
cómo actuar ante casos de violencia de género y violencia sexual es fundamental. Sin embargo, existe un problema de base: la falta de tiempo en consulta. “Es más fácil detectarlo si disponemos de 10 o 12 minutos que si solo contamos con cinco o seis. Tenemos que integrar las cuestiones importantes en la actividad diaria, y esa es una de las claves”, señala Armenteros, portavoz de la
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
Homogenización de criterios y flexibilización del tiempo
Los
médicos de Familia desempeñan un papel clave no solo en la identificación de los casos, sino también en el acompañamiento de las víctimas. Sin embargo, para ellos hay una fuerte necesidad de impulsar nuevas medidas que refuercen la
estandarización de los procedimientos tras la detección y garanticen su aplicación homogénea en todo el SNS, para evitar desigualdades entre territorios. “Hay múltiples protocolos; cada comunidad tiene verdaderos dosieres sobre la erradicación de la violencia de género, pero nunca se ha logrado una aplicación homogénea”, apunta
Armenteros.
La
longitudinalidad y la flexibilidad de los tiempos en
Atención Primaria vuelven a situarse en el centro del debate para ambas sociedades científicas, ya que
favorecen una mayor confianza en la detección. Desde la SEMG insisten también en la necesidad de contar con un protocolo claro tanto para la identificación como para la actuación posterior. “Tenemos que estar preparados para valorar determinadas actitudes o problemas que nos orienten a que hay algo en el trasfondo. Y ese trasfondo
hay que desvincularlo de una patología de salud mental, porque si lo tratamos únicamente como tal, lo único que conseguimos es reducir el nivel de resistencia”, reflexiona el portavoz, que aboga también por la
implantación de protocolos comunes en todo el SNS.
“Las diferentes actuaciones entre comunidades fomentan la inequidad y provocan que unas mujeres tengan acceso y otras no”, advierte. En la misma línea, Gallego señala la necesidad de a
rmonizar los cuestionarios sobre violencia de género en todo el Sistema Nacional de Salud para garantizar una aplicación más homogénea, eficaz y equitativa en el conjunto del territorio.
“La coexistencia de distintos cuestionarios y protocolos según comunidades autónomas puede generar desigualdades en la detección, valoración y abordaje de la
violencia de género”, explica. “La armonización permitiría mejorar la detección precoz, especialmente en casos ocultos o no verbalizados, y unificar criterios clínicos y asistenciales, ofreciendo a los profesionales
mayor seguridad, coherencia y respaldo institucional”, concluye.
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