Es la segunda opción de ayuda más frecuente entre las mujeres, según la Encuesta Europea de Violencia de Género 2022

El 30% de las víctimas europeas de violencia machista busca apoyo en los servicios sanitarios
La ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero.


8 nov. 2023 19:00H
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El 29,9 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género dentro de la pareja buscan apoyo en los servicios sanitarios o sociales, 716.246 en total. Se trata de la segunda opción de ayuda buscada con más frecuencia entre las ciudadanas europeas que sufren violencia física -incluyendo amenazas- y/o sexual por parte de su compañero sentimental, según la Encuesta Europea de Violencia de Género 2022, publicada este miércoles.

Por encima de los servicios sociosanitarios, las personas cercanas son el apoyo más buscado por las víctimas de violencia machista en Europa. Más de 1,6 millones de mujeres acuden a gente de su entorno, cifra que constituye el 68,7 por ciento del total, mientras que el 24,4 por ciento -585.013 mujeres- decide denunciar el caso de violencia o hablar directamente con la policía. La última opción, escogida por el 16,3 por ciento -391.128 mujeres-, es acudir a servicios de apoyo a víctimas.

En el caso de la violencia fuera de la pareja, sólo el 10,7 por ciento de las mujeres ha solicitado apoyo en el sistema sanitario o en los servicios sociales, el 8,9 por ciento de las mujeres ha acudido a la policía y únicamente el 3,8 por ciento ha contactado con un servicio de apoyo a víctimas.

En general, el 73,3 por ciento de las mujeres víctimas de violencia física y/o sexual tanto en la pareja como fuera de la pareja -3,7 millones- recurre mayoritariamente a alguna persona cercana a la hora de buscar ayuda y apoyo. Le siguen los servicios sanitarios y sociales, que representan un quinto de los casos, el 21,11 por ciento -algo más de un millón de mujeres-. Los servicios de apoyo a víctimas se encuentran en última posición de prioridad de búsqueda de apoyo: sólo el 10,1 por ciento de las víctimas -508.684- acude a estos recursos.

Críticas a las medidas sanitarias contra la violencia machista


Según el Ministerio de Igualdad, estos datos demuestran que las instituciones públicas y los sistemas de recuperación integral para las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres “deben de redoblar de manera inmediata todos sus esfuerzos para que todas las mujeres puedan acceder a su derecho a la reparación integral”.

A primeros de octubre, después de que septiembre se cerrada con diez asesinatos machistas, la secretaria de Estado de este departamento, Ángela Rodríguez Pam, denunció los problemas de “detección” de casos de violencia de género en la sanidad y el resto de ámbitos institucionales. “No es aceptable que haya víctimas que llevaban décadas acudiendo a los servicios de salud mental o Atención Primaria del Sistema Nacional de Salud”, lamentó.

Por otro lado, Igualdad presentó a finales de octubre el documento Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Años 2018-2022. Actuaciones de la Administración General del Estado, en el que se enumeran varios deberes pendientes del Ministerio de Sanidad en materia de violencia machista, entre otros, la inclusión de la formación en género en los estudios de los profesionales sanitarios y en todos los planes de las especialidades del examen Médico Interno Residente (MIR).

Falta de coordinación para atajar la violencia de género


Un informe de Fiscalización de las Actuaciones para la Prevención Integral de la Violencia de Género, publicado recientemente por el Tribunal de Cuentas, señalaba que la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y ministerios como el de Sanidad dificulta el funcionamiento de las herramientas de prevención integral de violencia de género.

Una de las medidas del estudio recoge la necesidad de implementar un Plan Estratégico para mejorar el sistema para compartir información entre las bases de datos informáticos de las diferentes administraciones públicas, que, además de centros sanitarios y centros de servicios sociales, incluyen centros penitenciarios, órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y bases de datos de permisos de armas.
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