La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado la iniciativa aprobada en el Ayuntamiento de Madrid sobre el denominado "síndrome post aborto", que salió adelante el martes con los votos de PP y Vox. A su juicio, la medida no busca informar, sino “infundir miedo”.
“PP y Vox, ya indistinguibles, aprueban en Madrid la difusión obligatoria de mensajes falsos sobre un supuesto ‘síndrome postaborto’ con mucha ideología y poca ciencia. No buscan informar, sino infundir miedo a las mujeres en un momento tan difícil. Los problemas de salud mental están más vinculados a un embarazo no deseado que a su interrupción”, ha señalado la ministra en redes sociales.
La propuesta, impulsada por Vox, pedía que en los recursos sociales y sanitarios municipales se informara sobre este “síndrome”, al que la formación vinculó en el Pleno de Cibeles con una tasa de suicidio “siete veces más alta” que la de las mujeres que no interrumpen su embarazo.
Frente a ello, García ha reivindicado el aborto como un derecho reconocido por la ley y que desde su cartera se está “blindando” en la atención pública para que pueda ejercerse “libremente”. En esta línea, ha subrayado que las mujeres merecen “respeto, acompañamiento e información veraz” y ha advertido a PP y Vox de que “no van a retroceder al pasado ni permitir intimidaciones por parte de esa misma derecha que quiere vetar la educación sexual en las aulas”. Además, ha compartido la web quieroabortar.org, donde se ofrece “información, orientación y acompañamiento para que ninguna mujer se sienta sola”.
La iniciativa se debatió en el Pleno ordinario de septiembre y contó con el apoyo de PP y Vox, frente al rechazo de PSOE y Más Madrid. La concejala de Vox Carla Toscano defendió la propuesta afirmando que del “síndrome post aborto no se habla” y que supone un “profundo trauma” tanto para la mujer como para el padre. Enumeró consecuencias como “depresión, sentimientos de culpa, aislamiento, pesadillas, insomnio, alcoholismo, anorexia, bulimia, disfunciones sexuales, autolesiones o agresividad”, además de asegurar que la hospitalización por problemas psiquiátricos “duplica” la de mujeres que no han abortado.
Toscano reclamó que esta información se difunda en los recursos de Igualdad, sociales y sanitarios dependientes del Consistorio, alegando que “la mayoría de las mujeres, cuando reciben información y ayuda, no abortan”.
Por su parte, el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández (PP), reivindicó la labor del Ayuntamiento “en favor de la vida”, que calificó como “prioridad absoluta”. Reconoció, no obstante, que el aborto “es ahora mismo un derecho en el marco de la ley actual, pero no un derecho fundamental”.
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