Eduardo Ortega Socorro. Madrid
La enmienda propuesta por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados a la reforma de la ley de financiación autonómica por la que se quiere ligar el gasto farmacéutico al PIB no solo ha dejado perpleja a la industria del medicamento, que ha estado negociando esta cuestión con el Ministerio de Hacienda durante los últimos meses. Y es que la iniciativa ha sentado como un jarro de agua fría en las comunidades autónomas, que ya se han puesto manos a la obra para modificar o anular la posible medida.
Brígida Mendoza, consejera de Sanidad de Canarias, y Andreu Mas-Colell, consejero de Economía y Conocimiento de Cataluña.
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La propuesta "tampoco gusta en Cataluña", según indican fuentes de la Generalitat a Redacción Médica. El Gobierno de de Artur Mas y, particularmente, la Consejería de Economía y Conocimiento no comparten una medida que ofrece desconocidas ventajas y, en cambio, sí duras sanciones para las regiones que no cumplan con los límites de gasto en medicamentos marcado.
Por ello, la 'diplomacia' catalana ya se ha puesto manos a la obra con el fin de que esta enmienda se modifique o, incluso, se retire. Los diputados con los que cuenta CiU en el Congreso serán el brazo ejecutor de la dura negociación que tendrán que librar con el Grupo Popular.
Sin embargo, los responsables de la hacienda catalana tienen esperanzas de poder lograr alguno de estos objetivos antes de que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos vote la enmienda, acto previsto para el 8 de abril.
Canarias, también en contra
La enmienda propuesta por los populares también ha generado perplejidad en Canarias. De hecho, fuentes de la Consejería de Sanidad del archipiélago informan de que van a reclamar más información sobre el texto y los convenientes cambios que se consideren necesarios a través del partido del Gobierno, Coalición Canaria, que cuenta con presencia en la Cámara Baja.
Con todo, las mismas fuentes informan de que van a someter la enmienda a un "profundo análisis" para poder disponer de un dictamen más concreto, aunque también opinan que no creen que la conclusión del mismo sea positivo.
Duras sanciones
La enmienda en cuestión, la 87, ha estado en el ojo del huracán desde que se tuvo conocimiento sobre ella, el miércoles de la semana pasada. Y es que el texto indica que, con su aprobación, se creará un “instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario”, al que se adherirán voluntariamente las comunidades autónomas que lo deseen mediante acuerdos de los correspondientes consejos de gobierno. Eso sí, una vez adheridas, “la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB de medio plazo de la economía española”.
En caso de incumplir esta frontera, habrá una dura sanción para las regiones: no podrán aprobar la cartera de servicios complementaria y no podrán prestar servicios distintos de la cartera común, su acceso al reparto de recursos económicos en materia sanitaria estará sujeta a condiciones y deberán aplicar medidas de mejora de la eficiencia y la sostenibilidad que sean acordadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
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