Alberto Martínez muestra cómo Deontología médica y política son compatibles

En Euskadi se ha conocido esta semana que en el ámbito del servicio público de Osakidetza se han suministrado por error vacunas caducadas desde hacía unas semanas, en su mayoría a pacientes pediátricos. Una situación que desde luego no es deseable, pero que no ha comportado ningún riesgo directo para la salud de estas personas, como así han corroborado diversas fuentes científicas.

El acierto inicial del consejero vasco Alberto Martínez es el de un responsable que lo primero que hace es reconocer el problema, el error propio de la organización que dirige, y entrar rápidamente a solucionarlo. Para esto último ha recurrido al Consejo de Vacunación de Euskadi, lógicamente, un órgano de expertos que han recomendado volver a inmunizar a varios de estas cerca de trescientas personas, porque una profilaxis caducada significa precisamente eso, que ha podido ver disminuida su eficacia protectora frente a virus.

El consejero vasco, Alberto Martínez, es un médico que ha sido jefe de Servicio de Anestesiología más de dos décadas; presidente de una sociedad científica de ámbito pluriautonómico; y ha estado implicado especialmente con la Deontología Médica en el ámbito colegial durante mucho tiempo. Lecciones sanitarias puede recibirlas de poca gente, si acaso impartirlas, porque también tiene experiencia como profesor universitario. Posiblemente el lehendakari Imanol Pradales le propuso entrar en política por este perfil tan poco político, por ser un profesional conocedor del sistema desde un punto de vista clínico, docente y asistencial; un técnico, por así decirlo.

Sabe que una sombra de duda sobre las vacunas puede ser muy perjudicial, porque el desconocimiento científico de la población y el alarmismo son el caldo de cultivo del que viven y hacen negocio los líderes negacionistas. Esto se traduce en menores tasas de vacunación, y la aparición de más enfermedades. Ahí tenemos el caso del sarampión y la reciente retirada a España por parte de la OMS del estatus de país libre de esta patología por el descenso de vacunados. No es una tontería, ahí sí que se ponen en juego vidas, el trabajo extra para los profesionales de la salud y recursos económicos de un sistema ya justo de financiación en general.

La duda en torno a la vacunación sí es un problema de salud pública; 300 vacunas caducadas por unos días dicen los expertos que no. Por eso el consejero Martínez marcó el teléfono de la oposición para contarles la situación antes de extender una alarma innecesaria entre los ciudadanos. Un gesto de responsabilidad política, pero también profesional. Se iba a informar igualmente a los afectados, pero sin extender una mancha de desinformación generalizada.

En cambio la oposición, principalmente EH BIldu, ha instrumentalizado esta llamada. Ha pesado más en su balanza el rédito político que el bien último ciudadano, y ha hecho público el caso, arrogándose un papel de defensor de los pacientes que desde luego, a la vista de la secuencia real y objetiva de los hechos, le corresponde mucho menos que al propio consejero. La izquierda abertzale ve cercano desde hace años llegar a la Lehendakaritza, y ya ha demostrado que la sanidad pública es uno de sus caballos de batalla. Por eso no extraña a nadie que aprovechen cada oportunidad, aunque el efecto a largo plazo sea dañino para la salud pública.

Ante la deslealtad de EH Bildu a la llamada del consejero, y a causa de la tensión política por el poder que vive Euskadi, el PNV ha tenido que salir también al paso. Lo ha hecho la máxima figura, Aitor Esteban, que ha utilizado una fórmula muy parlamentaria y poco asistencial. El líder de los jeltzales ha lamentado que EH Bildu se aprovechara de "la inocencia" de Martínez, que priorizó la vía de la comunicación responsable con la oposición, dando a entender una posible 'bisoñez' política del anestesiólogo.

Un consejero con deontología, sin demagogias

Martínez fue honesto con los pacientes y con el sistema optando por la discreción para evitar el descrédito que ahora ha propiciado la actuación de EH Bildu; y no fue inocente. Seguro que en su mente deontológica sopesó la situación, incluso con el matiz político. Era salir a la palestra como consejero a enturbiar el buen nombre de las vacunas por un caso que no lo merecía en absoluto, o abrir la puerta a la lealtad institucional y confiar el caso al resto de partidos que se suponen desean igualmente el bien común de los ciudadanos. No pecó de inocente, desde luego, sino de responsable.

Una vez investigado lo sucedido y resuelto sería el tiempo de las cuentas públicas, pero sin la necesidad de someter al acto de la vacunación al escarnio público.

Además, en la ecuación estaba otro reciente caso que había envuelto también a la vacunación y a Osakidetza. El de una enfermera que por su cuenta y riesgo simulaba vacunaciones a pacientes que realmente no hacía. Aquello la Justicia lo tildó en octubre de un problema psiquiátrico, y la dejó en libertad, algo que también descolocó a la opinión pública respecto a las certezas en torno a las inmunizaciones. Por eso este caso de las vacunas caducadas hacía más daño a la salud comunitaria si se comunicaba a gran escala que si se manejaba en el ámbito científico y con los pacientes afectados. No ha sido así, y el tiempo dirá cómo afecta a las tasas de vacunación y a la confianza ciudadana en ella en Euskadi.

Lo que queda claro es que el lehendakari Imanol Pradales puede estar orgulloso de su consejero Alberto Martínez, porque ha actuado como un profesional y un político responsable con sus vecinos. Tampoco se ha escondido, rindiendo cuentas en primera persona una vez que la oposición 'filtró' lo sucedido. Además, Osakidetza está avanzando en los controles para que casos como estos no vuelvan a ocurrir. Son lecciones de las que se aprenden y hacen el sistema sanitario más seguro, con protocolos más amplios y detallados. Así avanzan la Sanidad y la Medicina, como bien sabe quien durante muchos años ha demostrado ser un gran médico de bata, aunque ahora lleve el traje político.